Todas las ciudades del país tienen graves problemas asociados a la pérdida de suelo: inundaciones, escasez de espacios verdes recreativos y carencia de terrenos para desarrollo de viviendas y otros usos sociales. La situación recrudece con cada gestión gubernamental. Esta nota es una apretada síntesis de este tema crucial, que hace a la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

La privatización de las tierras públicas nacionales

En agosto de 2012 Cristina Kirchner emitió el DNU N°1382 de creación de la AABE (Agencia Administración de Bienes del Estado), que tiene la capacidad de vender o concesionar todas las tierras públicas nacionales del país. Esto cuando la Constitución Nacional sólo otorga facultades al Congreso para “disponer del uso y la enajenación de las tierras de propiedad nacional” (art. 75, inc. 5). Por lo tanto, dicho decreto es violatorio de la Carta Magna.

Pero no ha sido la primera vez que se viola la Constitución: en 1978 el intendente Osvaldo Cacciatore entregó tierras a los clubes deportivos afincados en el Parque 3 de Febrero (los bosques de Palermo); en 1989 Menem creó la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y transfierió las tierras públicas portuarias que dieron lugar al mayor negociado inmobiliario en la ciudad; en 1991 el mismo presidente efectuó una operación de compraventa del Predio Ferial de Palermo en favor de la Sociedad Rural Argentina a precio vil (anteriormente siempre había sido el Congreso Nacional quien concesionaba el predio a la SRA).

Los predios públicos nacionales restantes de la Ciudad de Buenos Aires: explayas de maniobras ferroviarias, áreas portuarias, predios militares desactivados, el Mercado de Hacienda y otros, que suman un total de 350 hectáreas ociosas, fueron puestas a disposición del mercado inmobiliario especulativo por el DNU de Cristina Kirchner.

Isla Demarchi, playas ferroviarias y predios costeros

A fines de septiembre de 2012 otro decreto de Cristina Kirchner comunicó la creación de un Polo Audiovisual y Hotelero en 12 hectáreas de tierras públicas nacionales situadas en la Isla Demarchi (Comuna 15, La Boca), donde actualmente existen instalaciones de dragado, un astillero y la usina Central Costanera que provee energía a la ciudad. Afortunadamente este proyecto no se concretó, frenado por una gran movilización de los gremios afectados.

En ese mismo año se desafectaron del uso ferroviario los predios pertenecientes a las explayas de Palermo, Caballito y Liniers, y se dispuso su utilización para el “desarrollo” de proyectos integrales inmobiliarios, “a cuyos fines instrúyese a la Anses” y al Ministerio de Economía “para que constituyan una Sociedad Anónima” (decreto PEN N° 1723). Así, también se permitiría dedicar tierras públicas nacionales a nuevas urbanizaciones administradas por el Banco Hipotecario S.A. con dinero del organismo previsional. Caber recordar que este banco, privatizado por Menem, continúa presidido por Eduardo Elsztain, también presidente de IRSA, dueño de casi todos los centros comerciales de CABA, de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors y con acciones en proyectos mineros auríferos. Los proyectos de ley ingresados en la Legislatura de la Ciudad para habilitar esa rezonificación fueron presentados por representantes del interbloque kirchnerista (Ibarra, Cerruti, Cabandié) y apoyados calurosamente por el oficialismo del PRO.

Años después, la presidencia de Macri -haciendo uso de las facultades conferidas a la AABE- por los decretos PEN N° 952/2016 y 1064/2016 ordenó la venta de numerosos inmuebles nacionales en todas las provincias del país y en el exterior. En particular, en la Ciudad de Buenos Aires se vendieron casi 10 hectáreas de valiosos terrenos ferroportuarios de la zona de Retiro (Catalinas Norte II) Dársena Norte, siete hectáreas de la Playa Ferroviaria de Colegiales y tres hectáreas de tierras nacionales en La Boca (Catalinas Sur II), para construir torres, en desmedro de las necesidades y de los habitantes de estos barrios que reclaman espacios verdes y de uso social, y encareciendo el acceso a la vivienda.

Aeroparque, Costa Salguero y demás

En la ciudad de Buenos Aires, durante los ocho años de administración de Macri, se privatizaron (entre ventas y concesiones) más de 170 hectáreas, muchas de ellas en connivencia directa con la “oposición” (por ejemplo, un tercio de la superficie del Autódromo). Su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, en un sólo año privatizó alrededor de 120 hectáreas (como la entrega gratuita de 12 hectáreas y un relleno costero a AA2000, en Aeroparque), también en connivencia directa con la “oposición”.

Actualmente, la construcción de un barrio de lujo en las 34 hectáreas de Costa Salguero y Punta Carrasco está por el momento frenada por un amparo, dado que el Ejecutivo porteño quiso “simplificar” la operación denominándolos como dominio “privado” del Estado y no como dominio público. También influyó que 5.000 vecinos participaran en la audiencia pública más numerosa que se conoce y las marchas, bicicleteadas y otras formas de protesta.

Un antecedente específico a este proyecto fue la ley de creación del Distrito Joven (sobre siete kilómetros de la Costanera Norte) con una aprobación de 42 votos, es decir con los del oficialismo y gran parte de la oposición kirchnerista, en abril de 2018. Esto también dio lugar al traslado del Tiro Federal y el relleno en la desembocadura del Arroyo Medrano, obstáculo a la hora de evacuar las aguas de este curso de agua en momentos de inundaciones.

La ex Ciudad Deportiva Boca Juniors

En la Costanera Sur, entre la Reserva Ecológica y la Isla Demarchi hay un predio adquirido por IRSA en 1997, zonificado por el código urbanístico como de uso exclusivo para deportes y actividades recreativas. Pero este humedal artificial, que ha ido creciendo a expensas de los depósitos de limos paranaenses que sedimentan en la costa rioplatense, corre serios riesgos de convertirse en una urbanización de lujo tipo Puerto Madero. Ya se realizó en la Legislatura la primera votación para cambiar la zonificación, pasaría de uso deportivo a uso residencial y comercial. De esta forma su propietario Elsztain y otros “desarrolladores” podrán construir otro barrio de lujo.

El 15 de octubre se va a realizar la audiencia pública no vinculante donde se van a expresar seguramente miles de vecinos en contra de este cambio de uso, que traería aparejado un extraordinario impacto ambiental negativo sobre el humedal costero de la Reserva Ecológica Costanera Sur (Sitio Ramsar) y sus adyacencias. Se espera que a fuerza de movilización la segunda votación, prevista en la Constitución de la ciudad, no se lleve a cabo. Hay varios proyectos de ley tanto de iniciativas vecinales como del FIT que proponen la expropiación para la conservación del humedal como parque y otros usos públicos y sociales.

¿Cómo seguimos la lucha?

Las movilizaciones, las bicicleteadas y una gran participación en las audiencias marcan el camino de la organización para lograr recuperar estos espacios para los habitantes de la ciudad.

Pero las soluciones de fondo se lograrán cuando la ciudad esté gobernada por los trabajadores y no por representantes de los “desarrollistas inmobiliarios” que aportan a las campañas electorales de los partidos políticos que nos gobiernan haciendo alternativamente de “oficialismo” y “oposición”, pero socios al fin en estos negocios. La salida requiere una planificación urbana en función de las necesidades sociales.

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