Desde el sábado pasado se vienen registrando movimientos sísmicos en la zona de Vaca Muerta, los cuales han sido informados por la Red Geocientífica de Chile y por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), con magnitudes que van desde 1.0 a 3.1 grados en la escala de Richter. La principal localidad afectada ha sido Sauzal Bonito, donde los movimientos también han sido percibidos por los vecinos, aunque por el momento no se han reportado daños materiales.

A estas alturas, es innegable que estos eventos sismos están directamente relacionados con la actividad petrolera desarrollada en la zona y su dinámica de producción capitalista, la cual tiene su peor expresión con el fracking. Esta relación ha sido negada tanto por los gobiernos, como las empresas que operan en la región, desde el comienzo de estas prácticas. Mientras que existen trabajos científicos que demuestran que el incremento de la actividad sísmica en el sector coincide con el inicio y la intensificación del fracturamiento hidráulico.

Es cierto también que el gobierno nacional y el provincial son defensores de los intereses de estas empresas (llámense Chevron, Exxon, Tecpetrol, Total o la misma YPF) y llevan esta defensa al punto tal de no solamente permitir el daño ambiental que producen estos grandes pulpos capitalistas, sino también de continuar subsidiando millonariamente la actividad hidrocarburífera cuando existe una huelga de inversiones, de continuar con los tarifazos y naftazos, o de permitir la superexplotación de los obreros del petróleo, la cual ha sido clave para la “normalización” de la actividad. Es que estas empresas han continuado la producción a base de los pozos ya perforados y han despedido y suspendido a miles de trabajadores. Manteniendo así una tasa de ganancia de forma totalmente parasitaria (concesiones y subsidios estatales, intensificación laboral y saqueo ambiental). Todo esto en una provincia donde cientos de familias tienen que salir a luchar por una garrafa de gas para poder calefaccionarse en invierno.

Esto pone en evidencia que la solución a los problemas ocasionados por la industria hidrocarburífera precisa una planteo obrero y socialista, como parte de un programa transicional de salida a la crisis capitalista en curso y de reorganización de la economía sobre nuevas bases sociales. Este programa debe partir de la nacionalización sin pago de la industria hidrocarburífera y de toda la industria energética bajo control de les trabajadores y organizaciones ambientales para comenzar progresivamente con una transición hacia energías no contaminantes, evitando un colapso energético y que les trabajadores paguen el costo de una transición abrupta; la prohibición de los despidos y la ocupación en tareas de remediación ambiental a cargo del estado de quienes su puesto de trabajo se vea afectado, con reparto de horas y salario igual a la canasta familiar; la apertura de los libros de todas estas empresas; y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

Este es el programa que se defiende desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero, el cual apunta a romper con el poder de la clase capitalista, quitándole los resorte de la producción, y a abrir paso a un gobierno de trabajadores que replantee la misma en base a las necesidades sociales y armónicamente con el ambiente.