A pesar de la puesta en marcha por parte del gobierno del Plan Gas, que estipula subsidios dolarizados para las petroleras, la producción de gas en los últimos 12 meses fue un 10,2% inferior que el año anterior. Esto genera enormes probabilidades de que el país se vea obligado a importar gas en los meses más fríos del invierno para abastecer la demanda.

En todas las cuencas de gas del país se experimenta una caída de la producción. Dentro de las operadoras, YPF se encuentra a la cabeza ya que su producción acumulada en los últimos 12 meses es un 23% inferior en relación al año anterior. Continúa Tecpetrol con una caída del 11,4% y Pan American, cuya producción se redujo un 6,6%. La producción de gas no convencional -el cual se extrae en Vaca Muerta- cayó por encima del promedio, en un 12% (IAE General Mosconi, 2021).

Este panorama está ligado a la huelga de inversiones que persiste en el sector. Solo en Vaca Muerta, según el Ministerio de Economía de Neuquén, las inversiones comprometidas para este año son de 3.790 millones de dólares, mientras que en en 2019 -pre pandemia- fueron de 6.982 millones de dólares.

Lo anterior pone en evidencia una política parasitaria por parte de las petroleras. Todas ellas, empezando por la propia YPF, han subido su rentabilidad por medio de un precio sostén por millón de BTU de 3,7 dólares (estipulado en el Plan Gas, lo que hizo que el precio aumentara 19,3% en un año), la flexibilización laboral de los trabajadores petroleros y la mayor fracturación de un mismo pozo sin perforar nuevos (se usa capital ya invertido), sin embargo, redujeron sus niveles de inversión.

Por otra parte, gozan de beneficios impositivos. Por ejemplo, en Neuquén, la extracción de hidrocarburos quedó exceptuada del aumento de las tasas provinciales. El propio Alberto Fernández, ni bien asumió, redujo las retenciones a las exportaciones de las petroleras del 12% al 8%. En mayo del 2020, se sancionó un el DNU 488/2020 que directamente eximía del pago de derechos a la exportación al sector en caso de que el precio internacional del petróleo estuviera por debajo de los 45 dólares el barril. Al compendio de “estímulos” gubernamentales al sector hay que agregarle los sucesivos aumentos del precio del combustible que tuvieron lugar desde agosto 2020 a esta parte, acumulando subas del 55%, lo que representa un duro golpe al bolsillo popular.

No obstante, estos pulpos multinacionales exigen más concesiones, como la concreción de un acuerdo con el FMI y una ley de hidrocarburos que contemple mayores facilidades para girar ganancias al exterior. El gobierno atendió parcialmente este reclamo y habilitó recientemente que los capitalistas que exportan puedan comprar dólares en el mercado oficial para girar dividendos si logran demostrar que sus ventas al exterior en 2021 superan las del año anterior, beneficio que incluye al sector petrolero puesto que incrementaron las exportaciones en ese período.

Se trata de un esquema inviable, donde el gobierno no solo le concede subsidios millonarios a las petroleras sin reparar en cuáles son los costos reales de producción de gas, sino que además está dispuesto a “redoblar los esfuerzos” para atraer mayores inversiones en las cuencas implementando medidas que conducen a que estos grupos capitalistas, lejos de reinvertir sus ganancias en el país, tengan el camino allanado para fugarlas al exterior.

El gasto por importación de gas será altísimo para el país. El precio por millón de BTU es de 7,25 dólares, 120% superior al precio del gas local  subsidiado. Este drenaje de divisas era el que el gobierno pretendía evitar con el incentivo del Plan Gas, en función de reservarlas para el pago de la deuda. De todos modos, los subsidios a la producción de gas, provenientes de fondos públicos, permanecerán intactos, alcanzando los $36 mil millones durante el 2021. La reducción de estos subsidios forma parte de las exigencias del FMI para llegar a un acuerdo y es algo que está en carpeta del oficialismo a partir del esquema de revisión semestral de las tarifas de los servicios públicos, lo que implicará mayores aumentos en la boleta.

Como se ve, el sinfín de “incentivos” a las petroleras por parte de gobierno ha sido una fuente de saqueo de los recursos del país, de desembolso de las arcas del Estado y retroceso de las conquistas de los trabajadores petroleros. Esta política no ha revertido la huelga de inversiones del sector ni logrará evitar que se utilicen dólares de las reservas para la importación de gas. Por lo tanto, es necesario dar lugar a la apertura de los libros de la producción de gas y de petróleo para evaluar los costos reales, para luego proceder a la nacionalización de la industria hidrocarburífera bajo control obrero y que la misma esté al servicio de un plan de desarrollo nacional y de las necesidades sociales. Esto, junto a la ruptura con el FMI y al repudio de la deuda usuraria, forma parte de un programa que levantamos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, el cual implica una salida de los trabajadores a la crisis.