La clausura de la termoeléctrica Araucaria Energy, lograda por la lucha de lxs vecinxs de Escobar y Pilar, y el reclamo para que no se ponga en funcionamiento y se cierre la central de Luján, hizo que se reabriera el debate sobre los nocivos efectos de la actividad de estas plantas. Prensa Obrera se contactó con Gustavo Madeira, abogado especializado en materia ambiental y vicepresidente de la ONG Ambientalistas Autoconvocadxs, para que nos expresara su posición en este debate.

“Centrales de este tipo tienen que estar alejadas de la población por su alta contaminación, y los incendios y explosiones que pueden producirse por los combustibles que utilizan″, sostiene Gustavo.

Consultado sobre el hecho de que finalmente el municipio y la provincia -a través del Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS)- realizaron las inspecciones reclamadas y clausuraron la termoeléctrica de Araucaria Energy, el abogado nos dice: “es una clausura preventiva, una medida cautelar de OPDS basada en que no brinda seguridad y por ruidos molestos, y desde el municipio por no tener la habilitación correspondiente. Sin embargo, toda medida cautelar puede ser rebatida, y seguramente las empresas acudan a la Justicia para ello. Además hay otra central térmica funcionando que es APDR Energy”.

“Por eso hay que seguir con el juicio -agrega-, tanto con la causa civil que está en la Corte Suprema como con la causa penal en la que se investiga a funcionarios de la Municipalidad y de la provincia por incumplimiento de los deberes del funcionario público y el delito de abuso de autoridad en la habilitación. Para que así logremos un verdadero control, más allá de estas clausuras que pueden ser revertidas”. Fue el 26 de diciembre de 2016, cuando el Concejo Deliberante intentó modificar el uso de suelo para autorizar las termoeléctricas. La gestión macrista dictó una emergencia energética durante dos años, simplemente como excusa para poner más centrales térmicas.

Los graves daños ambientales generados por estas empresas afectan a toda la población a través del consumo de enormes cantidades de aguas para refrigeración, los desbordes de gasoil, la contaminación sonora, la emisión de residuos y la transferencia térmica a la atmósfera. Gustavo explica que fue por la complicidad de los gobiernos provinciales y municipales que “tuvimos que recurrir a la Corte Suprema de Justicia, cuyo fallo estamos esperando. El juicio ya lo han revisado y votaron cuatro de los cinco jueces, solo falta el presidente Rosenkrantz que está dilatando la resolución desde mayo”.

“Estamos reclamando en nombre de la sociedad por el derecho a un ambiente sano que brinda la constitución nacional. Hay que seguir la lucha, la organización, las causas judiciales. Luchamos por el desmantelamiento de estas plantas porque como ecologistas estamos en contra de este tipo de industria energética contaminante. Hay que ir rápidamente hacia una transición de energías más limpias, energías renovables”, concluyó el abogado.

Desde Tribuna Ambiental planteamos la necesidad de elaborar un plan estratégico urbano ambiental, la inmediata apertura de los libros de las empresas de toda la cadena de la industria energética, comités de seguridad e higiene formados por trabajadorxs y cientificxs, poder de veto y calidad de supervisión por las comunidades afectadas por estos emprendimientos. Con este programa llamamos a participar del plenario nacional de organizaciones ambientales convocado para el 10 de septiembre, para debatir un plan de lucha común frente a esta depredación ambiental.