El mismo día en que los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Nación firmaron un acuerdo para prohibir por 180 días los incendios de pastizales en las islas del Paraná, que limitan entre las ciudades de Rosario y Victoria, se detectaron allí 40 nuevos focos ígneos.

El hecho es un resumen de lo que viene sucediendo: gobiernos postrados ante la explotación sojero-ganadera, perdiendo tiempo en reuniones y presentaciones legales anodinas, mientras que millones de pobladores -ya afectados por una pandemia que ataca especialmente a las vías respiratorias- tienen que respirar desde hace un mes debajo de una nube tóxica que complica aún más su salud.

En los últimos 30 días se incendió un territorio equivalente a una Rosario y media: 250 kilómetros cuadrados (25 mil hectáreas), que comprenden desde la zona de San Lorenzo hasta Villa Constitución. Y en lo que va del año, se contabilizaron más de 3.000 focos de incendio.

Los negociados del “modelo” agroexportador: destrucción de la naturaleza y de la vida humana

La quema de pastizales de manera indiscriminada no es un tema nuevo en las islas entrerrianas., pero no es común en esta época del año. Generalmente se hacen en primavera, cuando los pastizales están secos para que nazca el nuevo alimento para el ganado. Este año se adelantaron para “aprovechar” la bajante histórica del río Paraná, que despejó más terrenos para la explotación sojero-ganadera.

¿Cómo es el circuito? Para favorecer la explotación sojera del suelo y debido al mayor rendimiento que tienen los pastos de las islas para el engorde del ganado, los explotadores sojeros, ganaderos y frigoríficos, desplazan el ganado del continente a los terrenos isleños, por lo que la explotación ganadera ha aumentado de manera sustancial en las islas durante los últimos años. En consecuencia, la cantidad de ganado que pasta se extiende sobre nuevas tierras.

Frente a la necesidad de despejar espacio para estos fines es que se están quemando pastizales de un terreno ecológicamente vital, como son los humedales del Delta del Río Paraná.  El destino final del ganado es el mercado de exportación.

Impacto ambiental

Estos focos de incendio tienen un gran impacto negativo en el  ambiente. El humo es muy perjudicial para la salud, ya que colabora con todas las enfermedades respiratorias. Los expertos indican no salir y no hacer actividad física al aire libre, ya que las mediciones acerca de la calidad del aire han dado cifras alarmantes, pasando en los últimos días de “dañino para la salud” al borde de  “muy dañino”. Los beneficios de la fase de distanciamiento social no se estarían sintiendo tanto como el mal olor y el aire irrespirable.

Las quemas afectan fuertemente a la fertilidad del suelo y contaminan la ribera del río y todo el curso de agua del Paraná, en tanto que la elevación de estos gases tóxicos provoca cambios climáticos. Como señalamos más arriba, no solo se están quemando pastizales secos; también estas zonas que comprenden bosques de timbós, sauces, alisos, ceibos, laureles y espinillos, lo que representa la depredación total de uno de los ecosistemas más importantes que se encuentran a la vera del Paraná.

Naturalmente esto afecta también a la vida animal, ya que las diversas especies deben escapar de su hábitat en medio de los problemas ya existentes por la bajante histórica del Paraná, que hizo que el pastizal ya estuviera seco en esta época del año.

De la defensa de los negociados son todos responsables

El gobierno de Rosario, encabezado por el Franja Morada Pablo Javkin, así como el gobierno provincial de Omar Perotti (PJ), han adoptado una estrategia común en estos tiempos de “entendimiento”: pasarle la pelota al gobierno de Entre Ríos, encabezado por el contaminador peronista Gustavo Bordet. El Ministerio de Ambiente de Juan Cabandié estuvo prescindente todo el tiempo que pudo, hasta que el humo empezó a llegar a Buenos Aires y se vio obligado a decir algo. La mesa de diálogo entre todos ellos no ha representado ningún avance concreto, mientras los brigadistas empiezan a sufrir accidentes apagando focos ígneos incontrolados.

La estrategia común a todos ellos es elevar demandas al poder judicial, apostando a los lentos tiempos de la Justicia, para que cuando intervenga ya no queden humedales para proteger. Son defensores acérrimos de los intereses ganaderiles -una herencia bicentenaria. La elección de un largo camino judicial no solo es una vía muerta sino más bien una impostura, porque buena parte de estos terrenos son propiedad fiscal de Entre Ríos, es decir, propiedad del Estado, que podría y debería rescindir de forma unilateral e inmediata concesiones así de gravosas para el conjunto de la población.

El gobierno de Rosario dio a conocer los nombres de algunos de los dueños de estas tierras que están siendo incendiadas, que son sojeros y empresarios ganaderos importantes, algunos dueños de mataderos de la provincia de Santa Fe. El escándalo se produjo en torno al intendente del municipio de Victoria, Domingo Maiocco, propietario él mismo de terrenos en zonas incendiadas. Pero no se quedan cortos otros funcionarios, como la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que se sabe tiene terrenos en las islas  y está acuarentenada políticamente desde que asumió. Otros terrenos pertenecen a la Universidad Nacional de la Plata y a la Universidad Nacional de  Rosario, que han denunciado que los productores se han apropiado de parte de esos terrenos cedidos. La estrecha relación política entre Javkin y el rector de esta última, Franco Bartolacci, no ha derivado, como vemos, en una acción mancomunada para defender la parte de los terrenos de las islas que están bajo jurisdicción propia.

La maniobra de echar culpas a localidades vecinos no es “campanilismo” estrecho. Busca esconder responsabilidades compartidas, ya que ambas provincias usufructúan los terrenos isleños para diferentes tipos de actividades turísticas, náuticas y económicas. Más allá de eso, es un patrimonio natural de la humanidad, que debe ser preservado de conjunto. En el caso del intendente de San Lorenzo, la impostura de la denuncia judicial es mayúscula, ya que allí y a todo lo largo del cordón industrial se concentran los casos de contaminación ambiental derivados de la depredación natural permitida a las aceiteras, que descargan aceite sobre el Paraná; a las papeleras como Celulosa, que contaminan el aire en Capitán Bermúdez al punto de ser una de las ciudades con más casos de cáncer del país; y un largo y penoso etcétera.

La realidad es que todos estos gobiernos defienden este modelo de explotación de la tierra y los recursos naturales; no sucede solo en el litoral con la ganadería, sino también con la explotación de la soja y otros granos. La defensa del ambiente es incompatible con la explotación ganadera en las islas. El tema se suma a la necesidad de reconvertir todo el modelo agroexportador en beneficio de las mayorías que viven y trabajan en Santa Fe.

Necesitamos poner en pie comisiones obreras de seguridad e higiene, con poder de veto sobre la producción cuando la misma represente un riesgo para la vida y la salud de las personas que trabajan y viven alrededor del complejo agroexportador. Esta fiscalización obrera y de las organizaciones militantes ocupadas en la defensa ambiental es la única medida efectiva que garantiza la preservación de los recursos naturales.

Nos pronunciamos por la creación de un Parque Nacional en las islas del Delta del Paraná, que funcionen como una reserva ecológica con fines de cuidado del ambiente y del ocio para la población sin restricciones, en oposición al usufructo privatizado que rige hoy en día y que ha loteado ese espacio en beneficio de ganaderos y matarifes, clubes náuticos y casa de fin de semana de la burguesía.

Luchemos de manera independiente por terminar con este régimen de destrucción de la naturaleza.