La intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, convocó a una audiencia pública el pasado 31 de agosto para tratar el tema de la instalación de una planta fundidora de metales ferrosos de la empresa Metalnor sobre la Ruta 26. Luego de escuchar durante casi dos horas a los representantes de la empresa y a quienes ésta contrató para realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Social, los Vecinos Autoconvocados, que vienen luchando contra la instalación de planta hace dos años, hicieron una contundente y magistral exposición de porqué el lugar elegido no es adecuado para la instalación de la misma.

Los vecinos explicaron que la empresa pretende instalar una industria, que como reconoce el propio estudio de impacto, provocará la emisión de partículas metálicas proveniente de la chatarra a procesar, emisión de gases perjudiciales para la salud y que son también gases de efecto invernadero, ruidos molestos, y un aumento muy importante de la circulación de vehículos pesados, en un predio lindero a los barrios, Los Pinares, Santa Rita 1, 2 y 3, Los Paraísos, Los Crespones, San Fernando, La Isla y Las Tunas, que se encuentran también a la vera de la ruta 26. En el caso del barrio Los Crespones la situación se agrava ya que se trata de 200 viviendas destinadas exclusivamente a familias con un integrante con algún tipo de discapacidad.

También explicaron que la empresa usará 49 metros cúbicos de agua por hora en una zona donde el agua es escasa y proviene de las napas subterráneas de donde la empresa deberá obtenerla también.

Los vecinos señalaron que ya están sufriendo los impactos de la empresa con la construcción de un enorme muro de tres metros de altura y que está a escasos 6 metros del frente de las casas. El muro además cuanta con bocas de desagües direccionados hacia las casas y ha provocado el total anegamiento de la calle colindante en época de lluvias. Durante su construcción estuvieron sometidos a situaciones de riesgo por los pozos abiertos y sin señalizar y por el derrumbe de un tramo del muro que solo por el azar no produjo ninguna víctima. Además señalaron que el muro los afecta porque les tapó el paisaje, un impacto despreciado en el estudio presentado.

También denunciaron una serie de irregularidades en todo el proceso ya que nunca tuvieron acceso a documentación durante dos años, la que estuvo recién a disposición a partir de la convocatoria a la audiencia. Se denunció también un faltante de más de 200 fojas del expediente.

Señalaron también que en el año 2016, bajo la gestión de la actual intendenta, se modificó la categorización de la zona, pasando de ser urbana a ser mixta, lo que habilitaría a la instalación de emprendimientos de bajo impacto, que no sería el caso de la planta fundidora. El reclamo es de que se modifique la ordenanza para que vuelva a ser urbana.

Finalmente y tras mostrar las cientos de firmas recolectadas en la zona en los días previos a la audiencia, manifestando el rechazo a la instalación de Metalnor, los Vecinos Autoconvocados reclamaron que se declare nula a la audiencia.

Como consecuencia de la movilización el concejo deliberante de Cerrillos se pronunció en contra de la instalación, como así también debió hacerlo el defensor del pueblo de la localidad. Uno de los concejales que intervino en la audiencia denunció que el dueño de la empresa se presentó el día anterior ante el concejo sin previo aviso en un acto que podemos caracterizar sin dudas como una apretada.

La empresa se presentó en la audiencia acompañada de algunos trabajadores, que difícilmente hayan ido por voluntad propia, y de un pequeño grupo de vecinos presionados por un puntero. Quiso poner el eje del debate en si se va a generar empleo o no, cosa que desde un principio los vecinos dijeron que no se trata de una oposición a la apertura de industrias y los puestos de trabajo que generen sino a que el lugar elegido no es apto.

Existe además un antecedente con los vecinos de los barrios El Parque y el Círculo, ambos de la ciudad de Salta, que años atrás reclamaron por los impactos que sufrían por una recicladora de chatarra de propiedad de esta misma empresa.

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Desde el Partido Obrero acompañamos a los vecinos, quien suscribe, la compañera Jorgelina Franco, ex concejal de la capital, y compañeras de la zona sudeste de la ciudad de Salta. En nuestra intervención denunciamos la intimidación que intentó hacer sobre nosotros la policía apenas llegamos a la audiencia y que es lo que los vecinos han sufrido desde que iniciaron la lucha, no solo cuando se reunían sino a través de “visitas” a sus domicilios.

Explicamos además que el hecho de que Metalnor se quiera instalar en la zona, cuando originalmente lo iban a hacer en el parque industrial de General Güemes, a más de 50 km, se debe al convenio de la empresa con el municipio de la ciudad de Salta, que gobierna la intendenta Bettina Romero y que está a escasos kilómetros de distancia, por el cual éste le entrega a Metalnor toda la chatarra metálica que se recoge en las campañas de descacharrado por el dengue más los autos abandonados en las calles y al cual se le agregó la entrega de todos los vehículos secuestrados por la dirección de tránsito, los que son adquiridos por la empresa a un costo muy inferior a la chatarra que le compran a privados.

Llamativamente la hermana de la intendente de Cerrillos es la pro secretaria de acción y gestión de la intendencia de la ciudad de Salta y que se encarga de una parte de las campañas de descacharrado y retiro de autos abandonados. Por supuesto no es casual.

Los organismos del gobierno provincial que deberían decidir sobre la factibilidad del proyecto han emitido opiniones ambiguas y le han pasado esa responsabilidad a la intendencia de Cerrillos, que a decir de su propio asesor legal no cuenta con personal idóneo para tomar una decisión de estas características. La audiencia fue una clara manifestación de que no hay licencia social para que la empresa se instale en la zona. Los Vecinos Autoconvocados continuaran la lucha para exigir que la intendencia de Cerrillos no le otorgue la habilitación.

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