El gobierno de Salta ha convocado, para los meses de enero y febrero, una serie de audiencias públicas para habilitar el desmonte de casi 30.000 hectáreas en distintos puntos de la provincia. Como todas las audiencias de este tipo, no son vinculantes.

La situación tuvo mucha repercusión a nivel nacional, tanto por la cantidad de hectáreas -en una provincia donde se registra una altísima tasa de deforestación- como por el hecho de que algunos de estos desmontes se piden para zonas que fueron declaradas por el mismo gobierno como áreas de gestión territorial, es decir para gozar de ciertas protecciones -como la que incluye al corredor Yaguareté.

Ante esta repercusión, el secretario de Ambiente de la provincia, Alejandro Aldazabal, dijo en una entrevista en Perfil que no se están habilitando, sino que se están evaluando. Nos quiere tomar por tontos. En el proyecto que se discutió en la audiencia del pasado 28 de enero, perteneciente a la empresa Cresud, el estudio de impacto ambiental y social y el pedido de cambio de uso del suelo la tenía la firma del mismísimo secretario.

Nadie puede pensar que va a rechazar ese pedido. Este nunca debió siquiera tratarse, porque existe una clara incompatibilidad -más allá de que lo haya firmado antes de ser funcionario.

Está claro que Aldazabal fue puesto en ese lugar para llevar adelante los reclamos de la sociedad rural y otros grupos terratenientes, que pretenden explotar todo lo que en el ordenamiento territorial de bosques nativos está calificado en amarillo. Esto fue explicitado por el secretario en una entrevista con el diario El Tribuno, donde pone como argumento para ese cometido que hay mucha pobreza y necesidad.

El ministro de Producción, el macrista Martín De Los Ríos, dice que no se van a autorizar desmontes hasta que no se actualice el ordenamiento territorial, que está vencido desde 2014. Pero esa actualización estará en línea con lo de Aldazabal, pintar de verde lo amarillo.

Cresud con apoyo oficial y de Olmedo

Cresud, propiedad de los hermanos Elsztain (también dueños de Irsa, famosa por los negocios inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires), tiene en Salta casi 400.000 hectáreas, de las cuales casi 80.000 están en producción. Esta megaempresa agropecuaria no solo contó con la firma de los estudios por parte del hoy secretario de Ambiente, sino también con el apoyo de Alfredo Olmedo.

Este apoyo del exdiputado nacional bolsonarista llegó a la audiencia del pasado 28 a través de la presencia del diputado provincial Carlos Zapata, quien reprodujo la falsa premisa de que hay que impulsar estos emprendimientos para que haya trabajo y desarrollo. La empresa del padre de Olmedo compartió con Cresud la explotación de las tierras fiscales de Salta Forestal, otorgadas por el hoy senador Romero en una escandalosa concesión.

Según parece, a la audiencia llegó en helicóptero una representación de la Sociedad Rural de Salta, de acuerdo a los testimonios de vecinos de la zona. Es claro que los grupos exportadores y los terratenientes, están empeñados en llevar adelante a como dé lugar sus negocios agroganaderos.

Nuestra intervención

Gabriela Cerrano junto a compañeras del Polo Obrero de Joaquín V. González.

La compañera Gabriela Cerrano, senadora provincial del Partido Obrero con mandato cumplido, viajó a Joaquín V. González y participó de la audiencia junto a una delegación del Polo Obrero de la localidad.

Gabriela se encargó de refutar el absurdo argumento de que estos emprendimientos traen desarrollo. Los departamentos donde más avanzó la frontera agropecuaria, como Rivadavia y Anta, son los que tienen los peores índices sociales en la provincia. La compañera denunció que mientras se desarrollan esos enormes negocios que fugan sus ganancias al exterior, los niños de las comunidades originarias mueren por desnutrición.

Además denunció el rol del secretario de Ambiente, que está en los dos lados del mostrador, lo que expone claramente para qué intereses se gobierna. También denunció a la empresa Cresud, que ha hecho presentaciones rechazando el canon que se le exige por la explotación de Salta Forestal y que en 2019 fue denunciada por Greenpeace por haber realizado desmontes ilegales, cuestión que el Estado nunca investigó.

Gabriela Cerrano también explicó que tanto en el Congreso como en la Legislatura salteña hemos presentado proyectos de ley estableciendo la suspensión de los desmontes y otorgando poder de veto a las comunidades originarias, criollas y asambleas ambientalistas, y fijando la prohibición de las recategorizaciones. También hemos presentado proyectos de impuesto a las grandes rentas y fortunas, que incluye a los terratenientes y grupos exportadores que pagarían el gravamen destinado a un fondo para resolver los problemas más urgentes de las y los trabajadores.

La intervención de la compañera dejó planteada la enorme tarea de organizarse de manera independiente de los partidos del régimen oligárquico que gobierna Salta, para terminar con la depredación ambiental y social y para luchar por una reorganización social, que ponga en manos del interés general de la población trabajadora los enormes recursos con que cuenta la provincia.