Ambiente
10/12/2024
Salta: un ordenamiento territorial del paladar de la Sociedad Rural
Tratamiento exprés para desmontar más de 700 mil hectáreas.
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Desmontes.
Luego de un largo proceso, el gobierno finalmente presentó el proyecto de ley y la actualización del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, cuya actualización está vencida desde 2014. La Legislatura salteña le dará un tratamiento exprés.
Es que la iniciativa cuenta con el apoyo y el apuro de la Sociedad Rural Salteña, lo cual habla por si solo. Su presidente, Joaquín Elizalde, quien se fotografió junto a la vicepresidenta Villarruel cuando estuvo en Salta, defendió el proyecto públicamente en distintos medios de comunicación. A los ruralistas los apura una resolución de la Unión Europea que establece que no permitirá el ingreso de materias primas o productos asociados a la deforestación. La SRA supone que la aprobación del ordenamiento territorial evitaría perjuicios de dicha resolución a la producción local, por eso vienen reclamando su inmediato tratamiento desde hace tiempo.
Según las palabras de Elizalde a La Nación (4/12), son 700 mil las hectáreas que estarán en verde para sumarse al millón cuatrocientas mil que ya están en producción, y que por lo tanto son pasible de ser afectadas por desmontes. A eso dice que hay que sumarle un millón y medio más, de las tres millones de hectáreas que están en amarillo, donde podría hacerse ganadería bajo un sistema silvopastoril o manejo de bosques con ganadería integrada, que no implica un desmonte total.
Hipocresía sin límites
El día antes de la presentación formal del proyecto, el gobernador Gustavo Sáenz defendió la iniciativa en oportunidad de la jura de nuevos ministros. En su discurso, el gobernador dijo que no puede ser que haya tierras sin producir en una provincia donde los salteños piden limosna, y se preguntó “¿de que nos sirve tener una gran reserva natural si hay gente muriéndose de hambre?” Hay que explicarle al gobernador que la gente se muere de hambre porque él, en complicidad con el presidente Milei, está aplicando el ajuste más grande de la historia. Pero, además, porque en Salta gobierna un régimen político, del que él es parte, que ha defendido los intereses de los grandes terratenientes que ampliaron significativamente la frontera agropecuaria, incluso con desmontes ilegales, obtuvieron enormes ganancias y pagan un miserable impuesto inmobiliario rural mientras los trabajadores salteños se empobrecieron cada vez más.
En Salta son cada vez más frecuentes las noticias de trabajadores rurales rescatados del trabajo casi esclavo. Los ingenios azucareros han dejado a ciento de trabajadores en la calle en los últimos años, al tiempo que han ampliado sus superficies de producción, entre otros ejemplos que muestran que detrás de las patronales del campo no hay ninguna salida a la pobreza; todo lo contrario.
Señaló, además, que van a cuidar el medio ambiente como siempre, y que la nueva ley hará un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales fomentando la producción sin comprometer la biodiversidad y los ecosistemas. A otro con ese cuentito. Salta tuvo en su momento una de las tasas de desmontes más altas del mundo. La Corte Suprema le ordenó a la provincia realizar un estudio de impacto ambiental integral y acumulativo por los desmontes. En Salta se desmontaba de manera ilegal en plena pandemia, sin que se le mueva un pelo al gobierno.
El gobernador no solo ha puesto a disposición de las patronales del campo este proyecto sino que, también está reclamando al gobierno nacional que si privatiza el ferrocarril Belgrano Cargas, se lo entregue a estos grupos para que puedan abaratar sus costos con un ferrocarril cuya infraestructura, locomotoras y vagones son producto de una multimillonaria inversión estatal.
El contenido del proyecto
La novedad más destacada de este nuevo ordenamiento es que se agrega un color amarillo oscuro que representa un área de producción y conservación (APC). Esta categoría ambigua no existe en la ley de bosques, su inclusión es una violación de la ley. En esta área de poco mas de 3 millones de hectáreas se incluye el área verde, la que se puede desmontar; son 720 mil hectáreas. Pero esa área verde no está determinada en el mapa. El texto del proyecto de ley le da un cheque en blanco al gobierno para decidir que parte de la misma pasa a la categoría III (verde). Es lo que estipula el artículo 2, que le da la navaja a un mono. A esto se le suma una disposición transitoria con la que el gobierno determinará la reglamentación para esa determinación, en un plazo de 120 días a partir de la sanción de la ley. Esto favorece a los terratenientes en el sentido de que sus tierras no corren riesgo de quedar en un área amarilla (y por lo tanto no puedan desmontar); el gobierno les va a ir acomodando lo verde de acuerdo a sus intereses. De esta manera el mapa, es un no mapa.
Para matizar, incorporaron un artículo que establece que para los proyectos a realizarse en el área verde se realizará una Consulta Previa Libre e Informada establecida en el Convenio 169 de la OIT. Este derecho de las comunidades originarias y campesinas nunca fue cumplido, y su realización no depende de esta ley, ya que es un derecho consagrado en nuestro país desde el año 1992 con la sanción de la ley N°24071. Aunque lo que abunda no daña, es claro que un régimen político que históricamente negó los derechos de los pueblos originarios no los va a empezar a respetar ahora. Es una ilusión pensar lo contrario. Además, deja afuera por ejemplo a los proyectos que se pueden hacer en las áreas en amarillo, como si los mismos no pudieran afectar a las comunidades.
Cuestionamientos y ¿avales?
La iniciativa del gobierno está siendo cuestionada por organizaciones ambientalistas tanto provinciales como nacionales e internacionales, y por organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos, entre otras. Particularmente por la posibilidad de que se desmonten 700 mil hectáreas y porque no se dio participación a todas las comunidades.
Como contrapartida, el gobierno y algunos medios tributarios de las patronales agrarias hacen mucho énfasis en que el mapa cuenta con el respaldo técnico-científico de profesionales de institutos de la Universidad Nacional de Salta como el Inenco, la propia UNSa, el Inta, el Conicet, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y la Administración de Parques Nacionales (APN). Todos ellos participaron del proceso de elaboración del nuevo mapa. El gobierno encontró allí una legitimación a su proyecto.
Al mismo tiempo, el gobierno provincial ha reivindicado que cuenta con el aval del gobierno nacional. Si, el del negacionista del cambio climático, el presidente Milei. Otra cosa que habla por si misma.
Desde el Partido Obrero y Tribuna Ambiental rechazamos este proyecto y llamamos a todas las organizaciones de lucha a a coordinar acciones para exigir que el parlamento no sancione el proyecto.
