La clausura de la central termoeléctrica de Araucaria Energy ubicada en el partido de Pilar reabrió el debate sobre los nocivos efectos de la actividad de estas plantas. En la ciudad de Salto, donde las denuncias de los vecinos del Barrio Industrial obligaron a la relocalización de la Central Térmica 1, de la empresa So Energy, el proceso de apertura de la Central Térmica 2 en las cercanías de la ruta 191 condensa toda una trama de ausencia de controles y contaminación.

En octubre de 2017 radican una denuncia los vecinos del Barrio Industrial, tras producirse un accidente en la Central Térmica 1 (de calles Charras y San Juan) que provocó la emanación de una nube tóxica provocada por un incendio producido al interior de la planta. El episodio, que fue declarado inocuo sin mayores estudios, se produjo luego de múltiples denuncias por parte de los vecinos por el carácter contaminante de la central, incluyendo daños ambientales por desbordes de gas oíl, contaminación sonora, emisión de residuos y transferencia térmica a la atmósfera.

Finalmente la Central Térmica 1 debió relocalizarse, pero la instalación de la nueva Central Térmica 2 en el viejo camino de tierra a Gahan, a escasos 300 metros de la ruta 191, se realizó sin que el Concejo Deliberante hiciese las audiencias públicas previstas por ley, necesarias para la habilitación de este tipo de proyectos. La premura por abrir esta planta era un reclamo de las grandes patronales del cordón industrial regional, en función de evitar una reedición de la crisis energética del 2012 que afectó -además de a toda la población– particularmente a empresas del corredor de la ruta 191 como Bagley, Pionner, La Anónima, Soychu, Satus Ager, Metrive o Acoplados Salto.

La Central Térmica 2 instalada por So Energy es de ciclo convencional, generando energía mediante la combustión de gasoil -lo que contribuye al efecto invernadero mediante la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. El agua que se utiliza para la refrigeración de las calderas se extrae desde una perforación de aproximadamente 100 metros de profundidad que llega hasta el acuífero Puelche, captando 968.000 litros por día, comprometiendo el mayor reservorio de agua dulce del partido de Salto y de la región.

Todo el recorrido de habilitación de la nueva central estuvo plagado de irregularidades.  No se han hecho estudios de prefactibilidad que permitan conocer y evaluar el impacto ambiental. Recién después de que fuera votado un pedido de informes en el Concejo la empresa presentó un estudio ambiental. La sumatoria de incumplimientos llevó a que fuera sancionada por el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible).

La patronal So Energy Internacional compró recientemente el 51% de Stoneway Energy, compañía que controla las subsidiarias Araucaria Energy S.A., y SPI Energy S.A, con lo que el grupo tendrá un total de seis nuevas plantas, en las localidades bonaerenses de Matheu, Luján, Salto y San Pedro, y cordobesas de Río Tercero y Las Palmas. Estas centrales, de características similares a la de Salto, se encuadran en la Resolución 021/2016 de la Secretaria de Energía Eléctrica, que convocó a interesados en ofertar nueva capacidad térmica para satisfacer la demanda. Los gobiernos responden al vaciamiento energético que ellos han propiciado con la proliferación de alternativas contaminantes. El argumento de de que tales emprendimientos “generan puestos de trabajo”, es más que endeble, como muestra el caso de Salto, donde la central cuenta en la actualidad para su operatividad solamente con una docena trabajadores.

La nube tóxica emanada de la Central 1 dio cuenta de que estas centrales son bombas de tiempo: a su carácter contaminante se suma la gran peligrosidad de su funcionamiento. Su precariedad es proporcional a la urgencia empresarial para satisfacer sus demandas de energía. Este modelo de producción de energía son sólo parches energéticos que traerán consecuencias gravísimas a la población.

Para responder al cuadro de vaciamiento energético es necesario con un plan integral, que parta de la apertura de los libros de las empresas de toda la cadena de la industria energética, una medida que permitirá dimensionar la huelgas de inversiones de los pulpos del sector. Esto pondrá en evidencia lo imperioso de nacionalizar toda la industria, empezando por la producción de petróleo y gas y de la generación de energía, para diseñar un proyecto elaborado por científicos, técnicos y los trabajadores. Ello posibilitaría iniciar una transición hacia un sistema de generación de energías limpias.

El control popular es vital, garantizando a las comunidades afectadas por los emprendimientos energéticos un poder de veto y capacidad de supervisión para mantener fijados los usos en relación con su grado de contaminación e impacto al medio ambiente, basado en información emitida por comisiones de seguridad e higiene formadas por trabajadores y científicos. Es lo que planteamos desde el Partido Obrero cuando hablamos de la necesidad de elaborar un Plan Estratégico Urbano Ambiental.

La energía es un recurso estratégico, que debe estar al servicio de un desarrollo social y nacional, no en manos de pulpos multinacionales contaminantes.

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