La obra de saneamiento de Sierras Chicas consiste en la ejecución de un sistema de desagües cloacales a cargo del gobierno de la provincia de Córdoba con convenios para las localidades de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y Saldán y con impacto sobre 185.000 habitantes. Los trabajos incluyen la ejecución de un módulo en la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de La Calera, con perspectiva de ampliación de módulos en los próximos años. Se instalarían 20 kilómetros de cañería colectora troncal, desde Río Ceballos hasta la Planta de Tratamiento en La Calera, con ocho estaciones de bombeo a lo largo del trayecto. Desde la apertura de la licitación, en diciembre de 2017 hasta el presente, el presupuesto de la obra se quintuplicó, pasando de una inversión inicial estimada en $ 636.460.061,41 (17/12/2017) a la de $3.262.294.909 pesos (10/6/2021), ambas cifras publicadas en el portal de noticias del gobierno de la provincia de Córdoba.

Los vecinos de la Reserva Saldán Inchín denunciaron en el plenario abierto de Tribuna Ambiental  la modificación de la traza original de este proyecto, que incluiría una estación de bombeo en pleno Saldán, a contramano de la topografía del lugar y afectando parte de la Reserva. Las explicaciones de las autoridades a los vecinos no han sido satisfactorias lo que alimenta la sospecha de que parte del terreno de la Reserva podría ser destinado al loteo y la explotación privada, como cuando se planificaron la construcción de viviendas bajo el programa provincial “Lo Tengo”, incluso viviendas municipales o eventualmente destinados a ampliar los countries serranos.

La planta de bombeo que actualmente se está construyendo en Saldán utiliza el predio de la exfábrica de bebidas Pritty, a pocas cuadras del centro de la localidad y a la vera del arroyo del mismo nombre. De allí se trasladarían los líquidos en tránsito a la estación de La Calera, ubicada frente a la planta de la que fuera la fábrica Minetti, y desde allí, tratamiento mediante, al Río Suquía.

La preocupación de los vecinos está ligada a varios factores: en primer lugar, a la sustentabilidad de la planta; esto es a su correcto funcionamiento, ya que en los papeles el mantenimiento estaría a cargo de la provincia. Sin embargo, sobran razones para desconfiar ya que la Secretaría de Ambiente es escribanía de los negociados que burlan permanentemente las leyes ambientales. En Villa Carlos Paz, como en la propia ciudad de Córdoba, existen evidencias del volcado de líquidos crudos a las aguas del Dique San Roque y del Suquía sin que un ente provincial actúe para garantizar el saneamiento de la cuenca hídrica. Es lo que denuncian los vecinos de Chacras de la Merced, quienes también estuvieron presentes en el plenario, y que están luchando contra el deterioro ambiental del Suquía, aguas debajo de la planta depuradora de Bajo Grande, en la zona sur-este de la ciudad.  Esto mismo ocurre en la práctica con la planta de tratamiento de La Calera, que vuelca líquidos crudos con niveles de contaminación 16 veces por encima de lo permitido.

La falta efectiva de control por parte de los vecinos hace que el gobierno sea garante de un negocio privado al que no controla ni sanciona. En segundo lugar, preocupa la intervención de tuberías de grandes dimensiones sobre terreno de Reserva Natural. Los caños alteran una zona fundamental para el reservorio hídrico de las sierras. Finalmente,  preocupa el sobreprecio que acompaña toda obra pública de la provincia. El dato de la multiplicación por cinco del presupuesto inicial va en esta línea. Consultado respecto del motivo por el cual se modificó la traza, los vecinos señalaron que el ingeniero Vallejos, a cargo de la obra, argumentó “se evaluó hacer la planta en la convergencia del Arroyo Saldán y el Suquía, pero fue desestimada por el costo de la obra”.

Para los vecinos de la Reserva Saldán Inchín, la obra de saneamiento es necesaria. Sin embargo, exigen que se respete la traza original, considerando la topografía del lugar y la urbanización existente, evitando afectar la reserva. Por el contrario, las plantas de bombeo incrementan los costos y los riesgos de mantenimiento, abonando el entrelazamiento entre negocios privados y la obra pública, como queda evidenciado en el aumento sideral del presupuesto por la obra.

Desde Tribuna Ambiental señalamos que los organismos bajo control de los vecinos, verdaderos guardianes ambientales, son el único reaseguro para que una obra necesaria pueda garantizar el respeto por el ambiente y el freno a la especulación inmobiliaria de la cual, los intendentes han demostrado ser verdaderos garantes.

Llamamos a los activistas ambientales a oponerse a la depredación que efectivizan los gobiernos de todas las jurisdicciones, que se aprontan a una nueva instancia electoral donde obtener aval a su impunidad. Llamamos a apoyar la única alternativa en defensa del ambiente, desde las listas unitarias del Frente de Izquierda. En ese sentido, nos encaminamos  a la construcción de una gran marcha en defensa del ambiente que ponga límite al lucro empresarial y a la complicidad gubernamental.

 

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