Mientras el presidente Alberto Fernández anunciaba, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la extensión del plan de alerta temprana para la prevención del fuego, los incendios forestales seguían su curso. La ola de calor que está teniendo lugar empeoró la enorme crisis ambiental del país, agravada por la política capitalista y contaminante del gobierno del Frente de Todos.

Algunas provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires están siendo sacudidas por incendios. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registró recientemente la presencia de humo, proveniente de focos ígneos activos en la zona sur del Delta del Paraná. En lo que va del año, el fuego arrasó 100.566 hectáreas en Corrientes (un 1,13% del territorio, mientras que el año pasado se perdió el 12%). Asimismo, en enero hubo 14 provincias bajo fuego.

El apagón masivo que hubo el miércoles 1, el cual dio cuenta de la desinversión imperante en el sistema energético nacional, fue propiciado por un fuego que se produjo en General Rodríguez (Buenos Aires), lo que afectó el tendido eléctrico de alta tensión que une a esa ciudad con Campana. Una porción significativa de la población argentina se quedó sin los servicios más elementales para vivir: la luz y el suministro de agua.

Los incendios no son simplemente un producto de las altas temperaturas. El avance del agronegocio y del capital inmobiliario, en vastas regiones del territorio argentino, es un factor clave en la proliferación de las quemas. La expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja implica la eliminación de la vegetación natural, incluyendo bosques y humedales. Esto se realiza a través de la deforestación. En 2021, de acuerdo a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, el 54% de las superficies deforestadas perteneció a zonas “rojas” o “amarillas” (en ellas está prohibido realizar actividades productivas). Con esto se contribuye a que los ciclos de sequías sean más frecuentes y graves, lo que abona al calentamiento global.

Entre 2021 y 2022, según el portal Mongabay, “el fuego afectó más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país”. Los desarrolladores inmobiliarios y empresarios del sector turístico también fomentan incendios intencionales, con el objetivo de cambiar el uso del suelo y presionar por “rezonificaciones” para realizar grandes emprendimientos.

El gobierno del Frente de Todos, que cajoneó la Ley de Humedales, es un lobbista de los agronegocios. No por nada designó como jefe de asesores presidencial al exCEO de Syngenta, un gigante de los agrotóxicos. Además, otorgó al capital agrario un tipo de cambio preferencial, el “dólar soja”, lo que ha tenido efectos inflacionarios. Los gobernadores, por su parte, son cómplices de la deforestación a gran escala, porque ofician como socios de los empresarios que explotan las nuevas tierras.

A la par, el Ejecutivo nacional aplica un fuerte ajuste en las partidas destinadas al manejo del fuego, la preservación de los parques nacionales y la protección de los bosques nativos. La peor cara de esta política se evidenció en la situación de los brigadistas de todas las provincias afectadas por los incendios forestales, quienes arriesgan sus vidas sin contar con los elementos de seguridad y las herramientas necesarias, y lo hacen en condiciones de precariedad laboral.

El régimen que defienden los políticos capitalistas es incompatible con la reproducción de la vida misma. Tenemos que echarlos para que gobiernen los trabajadores y la izquierda.