El senador bonaerense Francisco “Paco” Durañona, del Frente de Todos, realizó el pasado lunes 4 de julio la presentación de su proyecto de ley sobre agroecología en el auditorio de la Universidad Nacional de Luján.

El legislador, que preside el movimiento político Arraigo, estuvo acompañado en la mesa por el intendente del municipio vecino de Mercedes, Juan Ustarroz, y el rector de la UNLu, Walter Panessi. El intendente local Leonardo Boto se reunió unas horas antes con el senador en las oficinas del municipio de Luján, seguramente para evitar algún escrache en un evento público mientras sus concejales votaban virtualmente a la misma hora el escándalo de la termoeléctrica con los vecinos en las calles repudiándola.

En la presentación fueron de la partida un variopinto espectro que incluyó a Eduardo Cerdá, director nacional de Agroecología; Cecilia Contreras, jefa del Inta Arrecifes; Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz; Jorge Selva, de la Sociedad Rural de la provincia de Buenos Aires; Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central y referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); y Hernán Houggasian, director provincial de Transición Ecológica. También hubo productores agroecológicos y otros funcionarios bonaerenses.

¿Convivencia entre la agroecología y el gran capital agrario?

En su intervención, “Paco” Durañona señaló que la transición hacia modelos de producción agroecológicos es el camino para asegurar una alimentación sana, sostenible y equitativa, preservando la biodiversidad, apuntalando la producción local y afianzando el arraigo de la población que habita en zonas rurales, velando por una ocupación e integración del territorio bonaerense. En este sentido, aclaró que han participado todos los actores en la iniciativa que busca promover la agroecología como modelo alternativo al tradicional.

A su vez Durañona remarcó la obligación de exigir que el Estado adquiera un porcentaje de productos de base agroecológica para garantizar el acceso de alimentos de todos. Además, hizo alusión a su proyecto de Arraigo Bonaerense, impulsado también por la UTT, donde dice que en Argentina hay cientos de miles de hectáreas que pertenecen al Estado y propone un programa de créditos hipotecarios para poder acceder a esos espacios, que permita producir alimentos sanos y a precios justos.

El problema es que la dirigencia de la UTT está integrada al actual gobierno nacional y usa a la organización como una plataforma de negocios y de precarización laboral, con la cobertura discursiva de la economía popular y ecológica. En tanto, lo de los alimentos es un chiste de mal gusto en una provincia y país cuyos gobiernos no brindan la suficiente asistencia a los comedores populares a raíz del crecimiento del hambre y la pobreza como consecuencia de las políticas de ajuste al servicio del Fondo Monetario Internacional, en medio del tremendo encarecimiento de los precios de la comida, y mientras alimenticias y agroganaderos hacen negocios extraordinarios.

La ley en cuestión presenta aspecto formalmente progresivos, como la creación de registros (artículo 7), de una base de datos (artículo 9), sellos de garantía (artículo 11), señalización (artículo 12) y difusión (artículo 13). Otros puntos dejan más oscuros que claros, como los artículos 6, 10 y 14 que hablan de los roles de la autoridad de aplicación, exenciones impositivas o subsidios que si no son controlados por el conjunto de los productores agroecológicos pueden ser instrumentos de cooptación o corruptelas. Las distancias que establece de zonas de fumigación con agrotóxicos es de apenas unos 500 metros. De hecho, en muchas producciones agroecológicas esta la preocupación de que están rodeadas de campos que aplican agrotóxicos.

Por otro lado está ausente toda mención de los trabajadores rurales. Si bien en general las producciones agroecológicas la llevan adelante pequeños emprendimientos familiares, esa omisión puede llegar a encubrir una mediana o gran explotación sin ninguna reglamentación para quien pueda ser contratado como peón. La presencia de un dirigente de la Sociedad Rural en el evento es todo un dato.

Nada avanza sin embargo en transformar una provincia cuya producción agraria envenena los suelos y cursos de agua con agrotóxicos, y cuyos gobiernos municipales y provincial de todos los colores políticos hacen caso omiso a los reclamos de los pueblos afectados por las fumigaciones. Hablar de “un modelo alternativo al tradicional” es una falacia, cuando en verdad son incompatibles. En estos términos, el proyecto de “Paco” Durañona sería una especie de hijo del debate reciente entre Juan Grabois y Gustavo Grobocopatel en la Universidad Nacional de Córdoba.

La hipocresía de Durañona y los intendentes

El autor del proyecto y los intendentes que lo acompañaron en su presentación son un monumento al cinismo. Durañona fue mandatario comunal de San Antonio de Areco en el período 2011-2019, un distrito agrario. El ahora senador carga con el prontuario de las gravísimas inundaciones de esos años y cuyas causas están ligadas a los grandes establecimientos o pooles de siembra que realizan monocultivos, impermeabilizan los suelos y crean canales clandestinos que obstaculizan el escurrimiento del agua y cargan los afluentes del Río Areco.

Sumado a eso, carga con la muerte de la docente Ana Zabaloy en 2019, maestra rural fallecida producto de un cáncer detectado en 2014, en todo ese tiempo sufrió trastornos como parestesia facial y un severo problema de insuficiencia respiratoria. Ana fue una ferviente impulsora y organizadora de los movimientos de lucha contra las fumigaciones y que, desde luego, la administración de Durañona jamás atendió y resolvió.

Lo mismo puede decirse de Diego Nanni, el mandamás de Exaltación que desoye constantemente los reclamos de su pueblo por las permanentes fumigaciones. Juan Ustarroz de Mercedes mantiene impune la explosión de Sigma Agro, depósito de agrotóxicos, que ha generado gravísimas consecuencias ambientales y de salud para los barrios aledaños y no ha sido castigado ningún responsable.

En definitiva, por más que posen como supuestos defensores de la agroecología, los intendentes tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio son lobbistas del gran capital agrario.

Una salida

El senador Durañona pertenece al mismo frente político que el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que ha avanzado a pasos agigantados en la promoción del agronegocio. Su ministro y  funcionarios del área de Agricultura son verdaderos agentes de las grandes patronales agrarias y los monopolios de las semilleras. Han cajoneado la Ley de Humedales, se incrementaron los desmontes e incendios para expandir la frontera agropecuaria, aprobaron el trigo y la soja transgénica, y están impulsando furiosamente una Ley de Semillas para que los Monsanto, Syngenta, Bioceres o Don Mario terminen de colonizar al agro.

Incluso se cuenta con un Ministerio de Ambiente de la Nación, y su homónimo en la provincia de Buenos Aires, que sin embargo han hecho el caldo gordo a la depredación de la naturaleza, permitiendo emprendimientos contaminantes con el solo objetivo de recaudar las divisas para el pago de la deuda externa e incrementar las ganancias de las grandes empresas. Solo las movilizaciones de los pueblos han marcado un contrapunto. Es por eso que el proyecto de “Paco” Durañona es una aguja en un pajar.

La discusión e implementación de un modelo de producción agraria y alimentario en beneficio de las mayorías trabajadoras solo puede venir de la mano de una reorganización social liderado por ellas mismas, que termine con este régimen capitalista de barbarie. Eso partiendo de la planificación productiva y la distribución de la tierra en función de las necesidades de la población, erradicando la concentración y establecer las tecnologías para la siembra y cosecha en gran escala en equilibro con el ambiente; sumado al control obrero del comercio exterior y los puertos (cortando además con la fuga los dólares del país), la industrialización para el valor agregado y la nacionalización de los bancos y los grandes fábricas alimenticias.

Mientras tanto, llamamos a reforzar mediante el frente único a los movimientos de lucha y productores agroecológicos organizados, de manera independiente del Estado y los partidos patronales, y con un plan de acción por sus reivindicaciones inmediatas: ordenanzas que establezcan distancias considerables para las fumigaciones; incentivos a las producciones agroecológicas; prohibición de desmontes, protección de reservas y humedales.

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