El pasado 9 de agosto las comisiones 1 (Legislación General) y N°3 (a cargo de temas de Agricultura y Recursos Naturales) sesionaron en la ciudad de Río Grande para tratar la modificación de la Ley 1.355 promulgada en 2021 que prohíbe la salmonicultura en el mar, ríos, lagos y lagunas de la provincia, y regula la producción de esta especie en tierra. 

En la sala se hicieron presentes representantes de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, de comunidades indígenas y público en general. Pero, bajo una maniobra los legisladores, declararon un cuarto intermedio y, ante la ausencia del público, levantaron el cuarto intermedio y emitieron dictamen favorable a la nueva ley de acuicultura propuesta por el gobernador Melella.

Los cuatro legisladores firmantes del dictamen son Gisela Dos Santos, del Bloque Sumemos Tolhuin, Juan Carlos Pino, del Partido Justicialista, Agustín Coto, de La Libertad Avanza, y Miriam Martínez de Forja. Previamente todos los partidos patronales hicieron lobby por la habilitación de la cría de salmones bajo el argumento de la capacidad de generación de más puestos de trabajo. Al igual que lo hicieron la Cámara de Comercio, medios de comunicación locales y nacionales, y empresas interesadas como Newsan y Mirgor. En los hechos todos los bloques políticos patronales comparten la lógica extractivista, de depredación del ambiente y solamente pensada para la exportación. 

Entre los defensores de la modificación de la Ley 1.355 ponen de ejemplo las salmoneras chilenas y su nivel de exportación, pero lo que está detrás de eso es lo que hay que tener en cuenta. En Chile es sabido los daños irreversibles generados en el ecosistema marino, la contaminación y destrucción del entorno natural que conllevó la instalación de las salmoneras. Pero también conlleva sobreexplotación laboral, precarización y elevados niveles de accidentes y muertes laborales. Según un informe del Centro Ecoceanos, el 40% de los trabajadores trabajan mediante subcontratistas y entre el 2013 y 2024 se registraron 80 muertes en la industria salmonera. De esta forma el “modelo” chileno, comparado con otros países salmoneros, tiene las mayores jornadas laborales (las cuales pueden llegar a las 12 horas diarias), los salarios más bajos a nivel global y asociados al volumen de producción, y la mayor tasa de mortalidad mundial. 

La legislatura fueguina pretende avanzar con la habilitación de la salmonicultura antes de fin de mes. Los defensores de la nueva ley de acuicultura argumentan que se mantiene la prohibición de cultivar salmones en el Canal Beagle. Pero esto abre la puerta a zonas igualmente frágiles, como la Costa Atlántica o la Isla de los Estados, con los daños que conlleva en cuanto a impacto ambiental, contaminación del ecosistema marino, uso intensivo de antibióticos y químicos, entre otros. El reemplazo de la Ley 1355, una norma que en cuatro años no fue reglamentada, obedece particularmente a presiones empresariales. 

Defendamos la Ley 1355 en las calles. Nacionalización bajo control obrero de los recursos naturales. 

Buenos Aires: en septiembre y octubre, el voto útil es al Frente de Izquierda Unidad

Para organizar la lucha contra Milei, el FMI y sus cómplices. -

prensaobrera.com