Nuevamente el gobierno provincial de Chubut y el gobierno nacional pretenden avanzar con el saqueo del agua y el territorio de la provincia, largamente rechazado por la población chubutense. El proyecto 128 de zonificación minera permanece con estado parlamentario y presto a ser votado sin siquiera figurar en la orden del día, con el solo pedido de alguno de los jefes de los múltiples bloques en las sesiones del 14, 16 o 21 de diciembre.

Este nuevo intento se vuelve más escandaloso cuando el gobierno provincial viene de sufrir una derrota histórica en las elecciones, obteniendo un 10% de los votos y quedando en último lugar en algunas localidades. La salida de Massoni fue un subproducto de la crisis política que se abrió y un triunfo de la movilización popular. Sin legitimidad alguna, Arcioni se apresta a intentar darle un golpe a la población de la provincia.

En estas últimas semanas toda una serie de elementos demuestran las intenciones de intentar avanzar. El proyecto de zonificación fue modificado en varios ítems, por ejemplo, para otorgarle beneficios directos a la burocracia sindical a través del destino del 2% de las regalías para los sindicatos que participen de la actividad minera. Esto sería un contrapago a los servicios de las patotas que han sido utilizados y van a ser utilizados como terciarización de la represión y fuerza de choque en todos estos últimos años.

El llamado a indagatorias por las movilizaciones producidas en la Ruta 3, luego del vapuleo de la Iniciativa Popular, va en la línea de intentar amedrentar al movimiento de lucha. Lo mismo vale con la última modificación del Código Procesal y Civil de la provincia, que restringe la posibilidad de presentar amparos y medidas cautelares, y que además otorga la injerencia “per saltum” al Superior Tribunal de Justicia ante hechos de gravedad institucional: léase cortes de ruta, puebladas, recuperaciones de territorios, etc. A esto se le suma el pliego propuesto por Arcioni para el Superior Tribunal, fuertemente rechazado desde todos los ámbitos, que tiene como uno de los propuestos a Napolitani, que en su haber tiene avanzar en la criminalización de la protesta.

El PJ en su congreso, con escándalos de por medio, terminó expidiéndose por “respaldar la explotación de los recursos naturales” en línea con las exigencias del gobierno nacional. Se configura un principio de acuerdo en la Legislatura para garantizar los votos. La Legislatura, el gobierno provincial y el gobierno nacional, en consonancia con las condiciones que pone el FMI para un nuevo acuerdo de pago de la deuda externa, buscan someter a la población chubutense para entregar el agua, la salud y la riqueza de la provincia a las grandes multinacionales y los especuladores financieros. De ahí la importancia de la convocatoria de lucha en todo el país del 11 de diciembre, impulsada por el Frente de Izquierda – Unidad y múltiples organizaciones, así como la coordinadora Basta de Falsas Soluciones contra el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo.

Más que nunca es necesario redoblar los esfuerzos. Las grandes movilizaciones de la provincia marcan el camino, como la mayor herramienta para enfrentar a los dueños del poder. Nutramos las asambleas de masiva participación y movilicemos en cada punto de Chubut para derrotar este nuevo intento así como sucede hace más de 19 años. Es necesario que los sindicatos rompan con el gobierno y estén al servicio de garantizar la masividad en las movilizaciones. Impulsemos fuertemente esta lucha y que se vayan las mineras, Arcioni, Sastre y todo este régimen de saqueo y endeudamiento.

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