En un fallo dividido, un tribunal de la ciudad hondureña de Trujillo condenó el miércoles a seis militantes ambientales que encabezaron la lucha en sus comunidades contra un proyecto minero. Las penas se conocerán el 21, pero las figuras de privación injusta de la libertad e incendio agravado que se les imputan se castigan con hasta catorce años de cárcel.

En 2012, el Congreso aprobó la reducción de una zona que había sido declarada un año antes como Parque Nacional, para favorecer el desarrollo de un emprendimiento de la firma Inversiones Pinares (en ese momento Emco), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, una pareja “con vínculos económicos y políticos de gran alcance”, según un documento del sitio “Guapinol resiste”.

El proyecto, autorizado sin consulta de las comunidades afectadas, pone en peligro el acceso de las mismas a los ríos Guapinol y San Pedro.

En 2015, se formó el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, con el objetivo de articular la lucha de los sectores afectados. Como parte de las acciones, se instaló un campamento de protesta en agosto de 2018. La compañía empezó poco después a abrir denuncias judiciales contra los pobladores. Y el 27 de octubre de ese año, alrededor de 1.500 policías y militares desalojaron el campamento.

Los ahora condenados por defender el río Guapinol tuvieron que atravesar el proceso judicial (29 meses) en prisión preventiva. “Han convertido el derecho penal en espada filuda para herir al pueblo y proteger a los ricos”, denuncia un texto al tribunal del Comité Municipal, previo al fallo. También señala que el juicio estuvo amañado, con testimonios falsos.

La condena es ilustrativa de un verdadero mundo del revés, puesto que las que deberían estar en el banquillo de los acusados son las grandes corporaciones que depredan el ambiente.

Pero no es una sorpresa. El país centroamericano tiene un prontuario en materia de crímenes y persecución. El caso más emblemático es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por oponerse a una represa hidroeléctrica que afectaba el río Gualcarque.

En 2020, según el reporte anual de la ONG Global Witness, 17 activistas ambientales fueron ejecutados en el país.

Los crímenes contra los luchadores populares fueron en ascenso desde el golpe de 2009 contra Manuel Zelaya, que contó con apoyo norteamericano. En 2017, el expresidente Juan Orlando Hernández impuso su reelección por medio de un fraude escandaloso, y la represión de las manifestaciones de repudio dejaron treinta muertos.

Toda causa es perseguida. A comienzos de este año, el 10 de enero, fue ultimada Thalía Rodríguez, una importante activista de la comunidad LGTBI. Un día antes, Pablo Hernández, comunicador social y defensor de los derechos humanos. En septiembre de 2020 ya había sido asesinado el periodista Luis Almendares.

En su primer discurso como presidenta, Xiomara Castro se comprometió a lograr la libertad de los presos de Guapinol, pero lejos de ello, la justicia los ha condenado. El gobierno hondureño debe cumplir con su palabra.

Basta de persecución y crímenes contra los luchadores populares.