Ambiente

10/5/2022|1644

Una Mesa de Minería para dar “licencia social” a la depredación ambiental

Y respaldar la ofensiva de los gobernadores para habilitar proyectos contaminantes, como en Andalgalá

Yacimiento minero

Con el objetivo de “deconstruir los mitos sobre la minería”, el gobierno lanzó una Mesa Nacional de Minería Abierta a la Comunidad, con ejecutivos de grandes multinacionales, la burocracia sindical de Aoma y referentes de agrupaciones ambientalistas integradas al Ministerio de Ambiente. Es una puesta en escena para dar “licencia social” a emprendimientos fuertemente cuestionados, al punto que, a la tarde siguiente, la policía catamarqueña reprimía a los pobladores de Choya para habilitar el ingreso de camiones a la mina Agua Rica, cercana a Andalgalá.

Con la promesa de que la minería permitirá dejar atrás la falta de empleo y la crisis económica del país, el gobierno apunta sus cañones contra la movilización popular que le marcó la cancha ni bien asumió el Frente de Todos, con la rebelión mendocina y el posterior Chubutazo, que obligaron a dar marcha atrás con leyes de aval a la megaminería. Estas son el máximo exponente de numerosas luchas, contra las cuales el gobierno nacional respalda a los gobernadores que, sin grieta, dan luz verde a proyectos repudiados por la población. Mientras en Andalgalá reprimió el gobernador peronista Raúl Jalil y el sanjuanino Sergio Uñac aprueba el megaemprendimiento Josemaría, las comunidades indígenas de Jujuy resisten las operaciones ilegales de la minería del litio promovidas por el derechista Gerardo Morales.

Es ilustrativo que el Sistema de Información Abierta que anunciaron en la “Mesa” tenga registros de datos económicos sobre la actividad, pero excluya olímpicamente toda información sobre los pasivos ambientales, o las demandas judiciales, en un rubro que descarga millones de litros de agua cianurada, metales pesados y otros químicos en ríos y acuíferos, en un país que atraviesa una profunda crisis hídrica.

Buscan generalizar la megaminería de los desastres, como los derrames de Barrick Gold en la mina Veladero en San Juan, que contaminaron los cursos de agua afectando a los pueblos y las producciones agropecuarias. Por estos hechos, la multinacional pagó una multa irrisoria y los responsables gozan de total impunidad, en un contraste brutal con los muchos luchadores ambientales que son detenidos y sufren persecución judicial.

La aspiración es ofrecer garantías al FMI de que se cumplirá con el repago de la deuda, cuando la minería es la única rama en Argentina que registra inversiones de capital del exterior. Pero afirmar que es la solución a la falta de dólares es un fraude, cuando nada nos queda hoy del récord histórico de ingreso de divisas de la soja. Beneficiarias de este régimen de saqueo, las mineras ahora ponen como condición que les aflojen el cepo cambiario para poder girar al exterior sus ganancias en dólares.

También se baraja ofrendar retenciones móviles (como rige para las exportaciones de petróleo) dejando como techo el 8% que pagan actualmente y reduciéndolas progresivamente -hasta 0- si desciende la cotización internacional de los minerales, hoy por las nubes. Incluso deslizaron que el dudoso gravamen a la “renta inesperada” eximiría a estas multinacionales para no torpedear posibles inversiones.

Es lapidario que de esta “Mesa” participen agrupaciones ambientalistas como Jóvenes por el Clima y Ecohouse. Su aval “crítico” a la iniciativa del gobierno confirma que quienes son cooptados por el Estado terminan cumpliendo un papel de cobertura de la depredación capitalista y de espaldas a todo el movimiento ambiental. No se puede estar de los dos lados del mostrador.

Esto reafirma el valor de las acciones en frente único de las organizaciones independientes que pelean contra este saqueo para pagar la deuda al FMI. Es lo que encarna la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, junto a decenas de agrupaciones y asambleas combativas de numerosas provincias, que incluso se suman a la Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera. Para derrotar el lobby de la megaminería contaminante, el camino es la movilización popular, como en Andalgalá, Chubut y Mendoza.