Ambiente
14/2/2025
Una nueva Ley de Agrotóxicos en Entre Ríos que retrasa décadas
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Agrotóxicos.
El proyecto del diputado entrerriano Juan Rossi, de Juntos por Entre Ríos, una nueva ley de “buenas prácticas en materia de fitosanitarios” (Ley 26.117), fue aprobado el miércoles 18 de diciembre del 2024. Esta ley fue votada casi por mayoría en la Legislatura de Entre Ríos, con votos de los bloques macristas, peronistas y de la libertad avanza. Con el argumento de regular la actividad de los agrotóxicos, maquillados bajo el término de fitosanitarios, esta legislación sostiene “garantizar la inocuidad (...) proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible” (Artículo 2, Ley 26117). Si bien la legislación anterior a esta norma tenía alrededor de cuarenta años el nuevo contenido, en vez de innovar, retrasa décadas en materia de cuidado en la salud y ambiente.
Durante las luchas que las organizaciones y comunidades llevaron a cabo hubo avances y retrocesos, pero estuvieron enmarcadas en una incansable y permanente denuncia sobre los efectos nocivos de los agrotóxicos y de todo el modelo agroindustrial.
En primer lugar, las buenas prácticas agrícolas (BPA), que rigen desde 2018, de buenas tienen muy poco, ya que omiten que los cocktails de químicos que aumentan en litros por hectárea, año tras año, contienen en su composición agrotóxicos que están prohibidos al menos en un país del mundo (Sociedad Argentina de Pediatría, 2021). Estas BPA son las mismas que cubren de pies a cabeza a las personas para aplicar o manipular estos químicos que indican como inocuos para la salud. En consecuencia, resultan en un total maquillaje de una forma de producir que no es compatible con la sostenibilidad, ni la salud humana, se realice el seguimiento de la trazabilidad o no.
Por otra parte, la propuesta de la ley resulta en una aplicación que se acerca peligrosamente a cursos de agua y áreas naturales protegidas, reduciéndose a 5 metros de distancia para la aplicación con dron o mochila, 50m con mosquito y 100m con avión. Las escuelas rurales tendrían respectivamente un límite de aplicación de 15m, 150m y 500m. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen en las comisiones donde se discutió esta ley? ¿En qué estudios científicos y bajo qué intereses se fundamentan estas distancias?
Desde que se comenzaron a implementar en los años noventas estos paquetes tecnológicos en la agroindustria, de semillas genéticamente modificadas y el o los agrotóxicos que las acompañan, nos hemos convertido en un gran experimento a cielo abierto. Las comunidades fumigadas vienen denunciando desde los años 2000 sus efectos.
Podemos mencionar como pioneras en el tema a las Madres de Ituzaingó (Córdoba) y lxs profesionales de la salud y ciencia que supieron responder a estas demandas sociales. Uno de ellos es Andrés Carrasco, cuya carrera en el Conicet se vio destrozada cuando denunció los efectos del glifosato que suele ser el herbicida más mencionado. Militante incansable, en 2024 se cumplieron ya diez años de su muerte.
Los efectos de este herbicida funesto, son reiterados por varios estudios y publicaciones e informes, nacionales e internacionales. Es notable el trabajo que han realizado en conjunto con la población, por mencionar algunos ejemplos, Médicos de Pueblos Fumigados y los campamentos médicos de la Universidad de Rosario.
Todo arde
La agroindustria de empresarios dueños de compañías de biotecnología, los dueños de la tierra y las exportadoras que se benefician son parte de un sistema capitalista que desplaza poblaciones campesinas y de pueblos originarios, desmonta, desertifica, contamina. Esta forma de producción de commodities, primariza nuestra economía y nos mantiene subyugados a una periferia de los considerados países centrales.
La depredación de los capitales extractivistas sostiene un círculo de dependencia de las divisas solicitadas por los grandes intereses económicos apoyados gobierno tras gobierno, no considera externalidades en su ecuación.
En este encuadre, avanzan las legislaciones que son necesarias para sectores del agronegocio que se jacta de ser el representante de la voz del campo.
Mientras tanto, todo arde. Arden los montes en las provincias del norte, del centro y del sur. Sectores de la sociedad que arden, derechos que arden, los estómagos vacíos arden. De eso se alimenta, refuerza y encrudece la depredación que perpetúa un silenciado genocidio y ataque a la naturaleza. Todo es parte del mismo fenómeno que sistematiza la persecución, criminalización de activistas y que cuenta con todo el aparato estatal, las fuerzas de represión y los medios hegemónicos de comunicación.
