La concejala por el Partido Obrero en el FIT, Cintia Frencia, presentó un proyecto de derogación de la ordenanza N° 13.131 denominada “Plan para el ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba”. Se trata de una norma que establece el ordenamiento urbano de la ciudad a medida de los negociados capitalistas que terminan produciendo un daño al ambiente.

El proyecto presentado hace eco de resoluciones tomadas a partir de la audiencia pública de la cual participaron reconocidos activistas y colectivos ambientales que defienden verdaderamente el ambiente de la ciudad de Córdoba. De manera que la iniciativa sale al cruce de una ordenanza antiambiental, a la vez que impulsa la participación para un ordenamiento sustentable.

Cabe recordar que la ordenanza N° 13131 fue votada de conjunto por el PJ provincial. También lo votó la concejala Olga Riutort, candidata a diputada por el kirchnerismo, Juan Pablo Quinteros del Encuentro Vecinal Córdoba, y el radical Juan Negri; el FIT voto en contra. El “Plan para el ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba” es un plan de desarrollo urbano que dista absolutamente de las exigencias legales con las que deberían cumplirse para el diseño de una ciudad como Córdoba.

Los defensores de la ordenanza vigente (13.131) aseguran que ésta permitiría el control de los emprendimientos inmobiliarios, regulando el uso del suelo, pero la misma ordenanza permite en su art. 2 la modificación del uso del suelo a pedido de las partes, quienes deberían hacerse cargo de los costos de dicho cambio, es decir, abre una vía de negociación y prebenda con los especuladores. Además, con el expreso objetivo de favorecer áreas productivas dentro del ejido urbano, se restringiría el desarrollo residencial. En ningún renglón hace mención alguna a la resolución de la crisis habitacional. Y, sin embargo, en Córdoba son más de 120.000 familias las que carecen de vivienda.

La ordenanza tampoco avanzará en la regulación de los emprendimientos industriales o rurales contaminantes ubicados en zonas urbanizadas, situación que ha dado origen a largas luchas como la de las madres de Barrio Ituzaingó o el caso de Porta en San Antonio. El mismo día que presentábamos el proyecto, los vecinos de Vudas recibían los resultados de análisis realizados en sus cuerpos, dando claras muestras de altos niveles de contaminación en el barrio.

La ordenanza 13.131 no fue consensuada por los diversos actores de la sociedad cordobesa ni es producto de una construcción colectiva dentro de un proceso flexible, dinámico, multisectorial, multidisciplinario y multinivel, que ofrezca las condiciones adecuadas para el desarrollo sustentable y equilibrado de nuestra ciudad. En tanto que el proyecto de ordenanza presentado por Cintia establece la creación de una comisión integrada por organizaciones sociales, ambientales, vecinales, de pueblos originarios y políticas que intervengan en defensa del ambiente de la ciudad, como así también técnicos y profesionales de la salud y el ambiente que tendrá la tarea de elaborar una propuesta de Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica de la Ciudad de Córdoba.

Planteamos que los representantes sean elegidos de manera directa por sus organizaciones, y las designaciones podrán ser revocadas por el mismo mecanismo. Formulamos también que la propuesta elaborada deberá ser sometida a una audiencia pública, con voto vinculante y poder de veto de las organizaciones ambientales, sociales y de vecinos intervinientes.

El espacio urbano constituye un producto de las relaciones sociales existentes, por ende, de las desigualdades sociales extremas en el marco del régimen capitalista y a la vez una dimensión de la vida social con efectos específicos sobre las mismas. Por esta razón ordenar el uso del suelo puede propender a mantener estas desigualdades, atenuarlas o profundizarlas. Esto depende de los intereses de la clase que propone un nuevo ordenamiento del uso del suelo.

La ordenanza N°13.131 es el fiel reflejo de los intereses de la burguesía provincial (desarrollistas, industriales, especuladores inmobiliarios, etc), de allí que sea necesario derogarla, y diagramar la ciudad sobre la base de los intereses populares. La normativa deja al descubierto la política ambiental del intendente Martin Llaryora, que lejos de cuidarlo lo ataca. Con la propaganda de la “economía circular” busca montar un discurso de ocasión para mejor disimular la responsabilidad que le cabe en el impacto ambiental de los negociados capitalistas que todos quienes gobernaron defienden.

Desde Tribuna Ambiental en el Partido Obrero convocamos a sumar adhesiones al proyecto de derogación de una ordenanza que garantiza el suelo para unos pocos y crea deliberadamente zonas de sacrificio. Vamos por un ordenamiento equitativo, inclusivo que armonice la convivencia entre las actividades humanas y el entorno.