Según el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, que prepara la Universidad Católica Argentina (UCA), el 62,5% de los menores de hasta 17 años tiene alguno de sus derechos vulnerados. “El número, basado en el enfoque multidimensional de la pobreza, supera las cifras oficiales, que contemplan solo el aspecto económico, y señalan que el 39,7% de los menores de hasta 14 años son pobres en ingresos y que el 4,8% son indigentes“(La Nación 30/7).

El gobierno y  la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, sostienen que tienen puesta la prioridad en la primera infancia, “porque –dijo la funcionaria- de ellos depende el futuro de nuestro país”. 

Esto cuando el gobierno intenta eliminar las asignaciones familiares para más de 400.000 niños (una medida en la que ha tenido que retroceder al menos por 30 días), tanto a hijos de trabajadores formales como “beneficiarios” de la AUH, lo que se da en el marco de un aumento exponencial de la situación de pobreza en los niños.  

Lo que Stanley omite mencionar es que el FMI exige una reducción drástica del gasto social, lo cual llevará a situaciones de barbarie para la mayoría de la clase trabajadora y sus familias.

En este cuadro, Macri y Stanley tercerizan  la asistencia social en organizaciones de la iglesia y/o fundaciones oscurantistas, tal como el emblemático caso de  la fundación CONIN (del reaccionario Albino) para la cual el gobierno lleva destinados en el 2018 $14.861.885 para “salvar a los niños de las desnutrición infantil”.

El gobierno muy lejos de su slogan “pobreza cero”, reposa su responsabilidad en quienes han sido históricamente los responsables de disciplinar y oprimir a los sectores populares, funcionando como una malla de contención de los reclamos sociales por medio de la entrega de limosna. 

La clase obrera tiene el desafío de dar pelea en cada barriada  por sacarse de encima el yugo de la iglesia y sus fundaciones, y por la inmediata separación de la iglesia del estado.  Pongamos en marcha un verdadero plan de lucha por la anulación del decreto que eliminó las asignaciones para los 400 mil chicos.

Por un aumento de emergencia de 30% de los planes sociales, trabajo genuino bajo convenio.