El gobierno nacional y la cúpula de la CGT llegaron a un principio de acuerdo para que los aumentos salariales de 2023 sean del 60%. Se trata de una política que tiene como objetivo establecer topes paritarios y que se encuentra en línea con el programa de ajuste fondomonetarista del Frente de Todos.

Según ha trascendido, el esquema consistirá en dos subas semestrales de un 30% cada una. Massa está negociando los pormenores del acuerdo con gremios como Sanidad, UTA, Bancarios, Upcn y Smata. El acuerdo incluiría una cláusula de revisión, programada para junio. Esta herramienta es utilizada por la burocracia sindical para maniobrar en el marco de la crisis política y económica, que a menudo la envuelve a ella misma.

Hay que rechazar el pacto de la CGT con Massa para colocarle un techo del 60% a las paritarias. La obligación de la CGT es defender a los trabajadores y no allanarle la campaña presidencial a Massa.

— Gabriel Solano (@Solanopo) January 11, 2023

Nada asegura, como lo prueba la experiencia, que las revisiones llevadas adelante por la burocracia terminen dando lugar a una recomposición del salario. El Sutna, un sindicato clasista cuya política está en las antípodas de la orientación de la CGT, ha conseguido una cláusula gatillo que indexa el salario automáticamente a la inflación.

El porcentaje de los incrementos salariales del pacto Massa-CGT está en sintonía con la previsión inflacionaria del Presupuesto 2023. Pero los pronósticos inflacionarios de la denominada “ley de leyes” están subestimados adrede. Esta es una práctica habitual de los gobiernos capitalistas, cuyo objetivo es colocarle un techo al gasto público. Algunos analistas privados sostienen que la inflación en Argentina cerrará este año en un 98,8%. A su vez, el Relevamiento de Expectativas de Mercado, publicado por el Banco Central, prevé una inflación cercana al 100%.

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Para maquillar la entrega, los burócratas de la CGT le pidieron al gobierno que haga cumplir los acuerdos de precios con las empresas. Se les ha pasado por alto que los controles de precios oficiales han fracasado y que el gobierno le viene dando rienda suelta a aumentos en los combustibles y a tarifazos en distintos servicios.

La CGT prosigue con su política funcional a la destrucción del salario. El Frente de Todos, por su parte, hace lo propio con su política de ataque contra los trabajadores. El gobierno ha llenado su gabinete de lobistas directos de las patronales y de impulsores de reformas laborales negreras. El nuevo jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre (exCEO de Syngenta), se ha manifestado recientemente a favor de avanzar en una flexibilización precarizadora de los convenios colectivos de trabajo. La ministra de Trabajo, Raquel Olmos, se pronunció hace unas semanas en el mismo sentido.

Entretanto, el salario en Argentina viene cayendo en picada. La consultora Statista indicó que Argentina ocupa el puesto dos en el ranking de los países de América Latina con sueldos más bajos en dólares. Si bien estos cálculos se basan en valores nominales y no en montos salariales comparados con los precios de las mercancías de cada país no obstante demuestran que en Argentina se está desarrollando un proceso de destrucción del salario.

Rechazamos esta nueva tentativa antiobrera y llamamos a los trabajadores a intervenir en la escena nacional para defender el salario y el derecho al trabajo.

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