Una ley aprobada en diciembre de 2017 establece la caducidad de la asignación directa de fondos que provienen de la recaudación a los institutos de fomento del cine, el teatro, la música y las bibliotecas populares. Un proyecto para derogarla ya perdió estado parlamentario una vez y ahora rebota en la comisión de presupuesto. Es la hora de las calles.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares dejarán de recibir, a partir del 31 de diciembre de este año, las asignaciones directas que, en determinadas proporciones, se repartían de una serie de impuestos. Esa recaudación es constitutiva de los fondos de fomento de sus actividades. Esos fondos pasarían a ser asignados discrecionalmente por el ejecutivo, a través de la jefatura de gabinete.

La Ley 27432 se enmarcaba en el Pacto Fiscal con el que el gobierno de Cambiemos cerraba filas de los gobernadores para que le apoyen las reformas previsionales y laborales. Su aprobación en el senado contó con el aval del Frente De Todos, unos días después de la rebelión que jaqueó el ataque a los jubilados y mandó a cuarteles de invierno la reforma laboral.

Desde 2018 existe un proyecto del diputado Carro (FDT) para derogar los artículos de esa ley que afectan las asignaciones que nutren los fondos del fomento cultural. Sin embargo, no fue tratado ni antes, ni después del cambio de gobierno hasta llegar a perder estado parlamentario. Vuelto a presentar nuevamente en 2020, no reúne aún consenso para ser tratado en la comisión de presupuesto y de no mediar una gran movilización no tiene perspectiva.

Colonización

La parte del león de estas asignaciones corresponde al INCAA y es, sobre la actividad audiovisual, donde se concentra el interés del imperialismo por establecer nuevos términos de su dominación en la región. Ya en Colombia, el paquete tributario del gobierno de Duque, que motivó la rebelión popular, incluía la eliminación de las asignaciones impositivas a su fondo de fomento cinematográfico. Buscan desplazar toda mediación estatal entre la producción y sus cadenas de distribución.

Si el pacto fiscal, de Macri y los gobernadores pejotistas, avanzó con la caducidad de las asignaciones, el gobierno de los Fernández fue más allá. Mientras en todo el mundo se discute cómo hacer tributar a las plataformas de streeming, con el lanzamiento del Plan de Contenidos Argentinos entregó un paquete de exenciones impositivas para incentivar una producción bajo el control de seis empresas norteamericanas. Viendo toda la película, se entiende la negativa del Frente de Todos a dar curso a la derogación de la caducidad macrista.

A movilizar

Las “asignaciones especiales” a estos institutos de fomento de la cultura provienen de impuestos que, en última instancia, pagamos los trabajadores. A su vez, los institutos tienen una dirección designada a dedo por el ejecutivo, que da lugar a conformación de camarillas y dádivas especiales a empresarios amigos. A través de diversas asociaciones empresariales, el imperialismo ya domina gran parte de la gestión del fomento y la política cinematográfica local.

Sin embargo, la existencia de varios institutos ha sido el producto de la lucha de los artistas. Así, como en el propio INCAA, la existencia de vías de fomento como la digital para documental fue producto de una lucha que fusionó a realizadores, estudiantes y el movimiento piquetero.

La posibilidad de desarrollar actividades artísticas independientes con fondos públicos tiene fecha de vencimiento impuesta por un régimen político que está entregado a un cogobierno con el FMI. Poner en pie una gran movilización de toda la cultura contra este ataque y lograr la derogación de esta ley es la tarea que nos toca a los artistas para contribuir con nuestro pueblo a decir basta al ajuste.

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