Este viernes se vence el plazo que la justicia española dio a Pablo Hasél para entregarse y cumplir la condena de nueve meses de prisión por injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. El rapero anticipó que no se entregará y deberá ser llevado a la fuerza.

La condena contra Hasél fue pronunciada por la Audiencia Nacional en marzo de 2018, a raíz de una serie de tuits y de una canción en que el artista denuncia duramente a las fuerzas represivas y al rey Juan Carlos. También se le imputa el delito de “enaltecimiento del terrorismo”, por mensajes en que señala la persecución y tortura contra miembros de ETA y el grupo Grapo. Los dos años de cárcel fueron rebajados a nueve meses por una sala de apelación. El Tribunal Supremo confirmó la condena en mayo de 2020. El 2 de febrero, a Hasél le llegó la orden de ingreso a prisión. También pesan sobre él otras causas anteriores.

¿Qué es lo que irritó tanto al Estado español? El cuestionamiento de su aparato represivo y la defensa de los reprimidos. “La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos ‘violentos terroristas, chusma, etc’”, dice uno de los mensajes de 2014 por los que es condenado. Los tuits de Hasél denuncian también la venta de armas y los vínculos de Juan Carlos con la monarquía saudita, cuyos bombardeos en Yemen han dejado miles de muertos.

La escandalosa sentencia contra el artista ha desatado movilizaciones y acciones de repudio. El Estado español está siendo desenmascarado. “La persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante. Así, el Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones. Ahora, con el encarcelamiento de Pablo Hasél, el Estado español se está equiparando a países como Turquía o Marruecos”, señala un pronunciamiento de más de 200 artistas, entre los que figuran Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Ismael Serrano y la banda Ska-p. Desde 1995, unos 150 artistas han sido condenados por delitos de opinión (Público, 10/2).

El Código Penal español no sólo penaliza las injurias contra las instituciones, sino que también incluye un delito de “ofensa a los sentimientos religiosos”.

Además, en 2015, el gobierno del PP impuso una Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza”, que restringió el derecho de manifestación. Fue, en buena medida, una respuesta al movimiento de los indignados que se había desenvuelto a partir de 2011. De hecho, la ley mordaza contiene artículos dirigidos específicamente contra ciertos sectores en lucha. Por ejemplo, el que penaliza la toma de entidades bancarias, que era un método de protesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Además, refuerza las atribuciones de las fuerzas represivas y favorece su impunidad, porque prohíbe el uso no autorizado de imágenes de policías, lo que dificulta la filmación por parte de los manifestantes de los operativos represivos (algo semejante está intentado imponer ahora Emmanuel Macron en Francia). La ley favorece también la deportación de los migrantes.

El impacto causado por el caso de Hasél obligó al Ministerio de Justicia a prometer una revisión del Código Penal. Los cambios contemplan que los “excesos” (sic) en la libertad de expresión sean castigados con multas, pero no con la privación de libertad. Un proyecto de Podemos, en tanto, pide la derogación de los artículos de injurias.

También se analiza una revisión del delito de sedición, que podría llevar a una reducción de las penas de los presos catalanes. La intervención de Cataluña por parte de Madrid, en 2017, y la cárcel para algunos de sus dirigentes políticos, es una muestra de la verdadera naturaleza del Estado español. En paralelo, se discute una posible reforma de la “ley mordaza”.

El gobierno del PSOE-Podemos, que durante un año ignoró todos estos temas, busca ahora hacer concesiones ante el impacto internacional de la condena del rapero. Pero se trata de planteos completamente limitados, que dejan en pie el andamiaje represivo del Estado capitalista.

Como parte de las actividades internacionales de repudio a la condena de Hasél, este sábado 20 se realizará en Buenos Aires un festival. Será en Parque Centenario, con la participación de numerosos artistas.

Abajo la condena contra Hasél. Abajo la represión y la persecución estatal.