En el año 2006 se sanciona la Ley N° 2.264, Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como fuera denominada en la publicación del Boletín Oficial con fecha 26 de diciembre de ese año. Así la Ciudad Autónoma se constituiría en el primer distrito del país en contar con una legislación en ese sentido. Como oportunamente señalamos, es el Estado en verdad quien financia –ya que deja de percibir el monto financiado- y las empresas obtienen además todos los beneficios del “sponsoreo”. El mecenas –con poder de veto- dispone apoyar o no tal o cual proyecto cultural, condicionando la libertad para la creación.

Hasta ahí, historia conocida. Sin embargo, hace dos años casi, con fecha 25 de Octubre de 2018 se aprobó la nueva Ley de mecenazgo porteña, N° 6026, denominada de Participación Cultural, que según sus mentores “da mayor previsibilidad al sistema de Mecenazgo, actualiza los criterios de selección, aumenta la articulación con el sector privado y asegura una mayor diversidad de proyectos” (publicación oficial de Buenos Aires Ciudad).

La novedad es que impone un piso (0,5 % del ingreso por ingresos brutos) para el presupuesto destinado al mecenazgo, que redundó en un incremento meteórico del volumen de dinero dispuesto para su financiamiento. A partir del año 2019, tal  ampliación significó un salto cuali cuantitativo: “Creció un 78 por ciento en contraste con 2018. Mecenazgo tendrá 692,9 millones de pesos frente a los 389 millones del año anterior” (Clarín, 18/10/19).

Como cualquier mecenazgo, cumple con la función de permitir la injerencia del capital privado para financiar producciones artísticas con dinero estatal -ya que, lo reiteramos, permite que un porcentaje de lo pagado por las empresas por sus impuestos sea destinado a esta actividad, es decir que el capital privado de todos modos tendría que ingresar ese dinero al erario público. La figura de patrocinador permite la posibilidad de asociar la marca de la empresa al proyecto. En términos comerciales es sponsoreo directo, práctica habitual por la cual empresas pagan para publicitar marcas en eventos artísticos.

Pero una cosa es cuando este dinero es aleatorio o marginal, y otra cuando su presupuesto sumado para un año es de prácticamente $700 millones, acercándose al 10% del presupuesto total de cultura ($8.694 millones para el presente ejercicio), anunciando que según la ley ese porcentaje puede triplicarse (negritas nuestras), es decir llegar a más de $ 2.000 millones, lo que equivale al 25% del actual presupuesto  de cultura: “la nueva norma establece un piso del 0,5% (2019) de los fondos que recibe la Ciudad por el cobro de Ingresos Brutos que deben destinarse al mecenazgo, y un techo del 1,5%, porcentajes que determinará el Ejecutivo”.

La presentación de producciones artísticas para ser patrocinadas deben ser aceptadas por un jurado nombrado por el gobierno, pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, para luego poner a disposición de los “mecenas” y que estos elijan a quién “donar” su dinero.

Las primeras aprobaciones y elecciones mostraron un sesgo brutal de financiación de organismos privados y estatales a través de las siempre dudosas “fundaciones” como el Museo Nacional de Bellas Artes, cuyos fondos irán a su asociación de amigos -cuya Presidenta Honoraria es la Sra. Nelly Arrieta de Blaquier-; el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, también a través de su asociación de amigos; el Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA, cuya cabeza es el Teatro San Martín); la Fundación arteBA y hasta ocho iglesias cristianas tendrán apoyo en el rubro patrimonio; en teatro, recibirán aportes The British Council y la Asociación Amigos de la Avenida Corrientes .

Un dato de color es la aprobación de un proyecto presentado por el Sindicato Argentino de Músicos (Sadem), que sería auspiciado por empresas privadas que podrían precarizar a músicos y trabajadores de la cultura. Queda claro que ese dinero será a cambio de su inacción y complicidad con la patronal.

Aunque ocioso, debemos insistir: la principal acción del mecenazgo no es el apadrinamiento de noveles artistas sin posibilidad de financiamiento (igualmente cuestionable en manos privadas), sino directamente la utilización por empresas y fundaciones privadas de lo que debiera recibir el Estado por impuestos.

El ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, ha avanzado en la gestión privatizadora del presupuesto cultural, iniciada en el gobierno de los “progres” Jorge Telerman y Anibal Ibarra.

No se trata entonces de una acción aleatoria o de excepción. El presupuesto del mecenazgo no solo llegó para ir transfiriendo los fondos del presupuesto cultural, que debería ejecutarse sin injerencia privada, sino para reemplazar gradualmente los fondos estatales hacia el capital privado.

El presupuesto para fomento de actividad artística a través de los tradicionales organismos como Proteatro, Bamusica, Bamilonga o Prodanza resulta exiguo en comparación con el asignado para mecenazgo, y aunque este resulta un mecanismo muy limitado para el acceso de artistas -la mayor parte se destina para salas-, lo más probable es que el gobierno intente vaciarlos gradualmente y que ese rol recaiga en la oferta de mecenazgo.

Si a esos avances sumamos la ley de autarquía del Teatro Colón, junto a la ley que permite alquilar los espacios estatales al mejor postor, estamos ante un plan perfectamente elaborado para que la cultura de la CABA sea dirigida por el capital privado.

Con los festivales de la Ciudad se avanzará también en ese camino, como quedó demostrado con el reciente Festival de Tango. La primera intención del gobierno fue suspenderlo, ya que su rédito comercial a través del turismo en pandemia quedaba anulado. Por la presión de los artistas y trabajadores del tango tuvo que realizarse, reduciéndose de dos semanas a cuatro días, con pagos miserables y con realización de video a cargo de los artistas.

La libertad de creación, el desarrollo artístico y cultural de la Ciudad y sus hacedores, son incompatibles con el lucro capitalista. Hacia eso se avanza, con la anuencia política de la oposición y con la complicidad de las burocracias sindicales del sector, quienes guardan un obsceno silencio.

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