La renuncia pública de la bailarina y coreógrafa Paloma Herrera al cargo de  Directora del Ballet Estable con fecha 31 de enero del corriente año ha sido utilizada desde distintos sectores con variada finalidad. En su inmensa mayoría las opiniones vertidas guardan un rasgo común: cargan las tintas sobre bailarinas y bailarines, aluden a un cierto “mal argentino”: la sindicalización de les artistas, y omiten, cuando no se esfuerzan por encubrir, la responsabilidad estatal de los gobiernos de ambos lados de “la grieta”.

Paloma Herrera se “queja” de que muchos integrantes del cuerpo de danza deberían jubilarse y no lo hacen, hecho que impediría el acceso de nuevos integrantes a la compañía (el ballet, afirma, es un metié donde a los 40/45 años en general se queda por fuera del nivel de excelencia que para él se reclama. La propia Herrera se retiró a los 40 años, en 2015, del American Ballet Theatre de Nueva York). Cabe destacar que hasta 1994, en efecto, lxs bailarines mediante un régimen especial podían retirarse a los 45 años. Con el advenimiento de las AFJP de la mano del menemismo, “y con la conformación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la caja de jubilación municipal desaparece pasando a pertenecer a Anses, y nosotros a regirnos por el régimen general previsional. Desde hace 30 años, esperamos la revalidación de nuestra ley especial, que contempla las especificidades de una labor tan particular como singular. Es la única manera de dar solución a esta problemática de estancamiento del engranaje, del cual dependen las nuevas generaciones de bailarines” (comunicado de los Bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón, 17/2). De modo que la permanencia en los cargos de planta permanente se debe al retroceso por la eliminación del régimen previsional especial y naturalmente porque los salarios no permiten posibilidad alguna de ahorro y obligan a la continuidad laboral. Para ilustrar en el punto el inmenso hiato salarial: la compañía donde desarrolló su carrera Paloma Herrera en Nueva York, el American Ballet, sobre datos del 2020, pagaba sueldos promedio de entre US$ 92.237 – US$ 99.187 por año (Glassdoor, 28/11/2020); que a una conversión al dólar oficial ($ 112) resulta en una suma que oscila entre los $ 10.300.000 y $11.100.000 anuales…

El comunicado de prensa de lxs integrantes del Ballet es también elocuente a la hora de desbaratar la especie anti sindical –como hemos señalado desde estas páginas, la burocracia del Sutecba acompañó todos y cada uno de los pasos hacia la privatización del Teatro habilitados por la Ley de Autarquía, que le valiera el repudio de todos los cuerpos estables y trabajadorxs en general del coliseo-: “No respondemos a ningún gremio. No tenemos delegado, desde hace cinco años. El porcentaje de afiliados al Sutecba es menor al 10% de la planta. Nos autoconvocamos de manera espontánea a reuniones de cuerpo para tratar tesituras que surgen y nos competen y contamos con una comisión representativa que transmite nuestra voz” (ídem).

Una sucesión de autoridades porteñas desde Saúl Bouer a Rodríguez Larreta sin omitir a los exjefes de gobierno Domínguez, Ibarra, Telerman y Macri avanzaron hacia una Ley de Autarquía que implementó la desfinanciación y privatización del Teatro para atacar lo que quedaba de estabilidad y convenios.

La Autarquía, en consonancia con las reformas edilicias llevadas adelante por el Master Plan, se dirigen a destruirlo como teatro de producción propia, con elencos estables, escuelas, talleres que confeccionaban vestuarios, calzados, escenografías y todo lo inherente a cubrir las necesidades de sus espectáculos, para dar paso a un Teatro vaciado para alquilarlo al mejor postor.

En el 2017 con Darío Loperfido como Director General se producían protestas que coreaban “Viene Al Pacino, te podés casar, pero al Ballet no lo quieren programar”.

Cumpleaños, casamientos, eventos y shows privados se vinieron sucediendo en estos años, allí naturalmente no prima criterio artístico ni “excelencia” alguna, sino  caja y negociados. No es casual que su actual Director Ejecutivo sea Martin Boschet (especialista en marketing), quien llegó al Ente Autárquico Teatro Colón en el año 2007 ocupando el mismo cargo, cuando el jefe de gobierno porteño era Mauricio Macri. Un año después denunciaron que su contratación fue irregular y que cobraba el doble del salario máximo que había impuesto Macri para ese tipo de categorías. En el 2016 fue nuevamente nombrado como Director Ejecutivo del Teatro Colón.

Casi en simultáneo con la renuncia de Paloma Herrera y el debate sobre condiciones laborales de los bailarines se produce la no renovación contractual de dos compañeras de sastrería (el despido encubierto de una de ellas, Maia, adquirió gran repercusión ya que se encuentra embarazada de 6 meses). Ambos acontecimientos son expresión de una política consciente de vaciamiento y privatización que agrava continuamente las condiciones de precarización laboral y maltrato que ejerce la dirección del teatro sobre los trabajadores.

La reacción de los cuerpos artísticos y técnicos no se hizo esperar y podría significar, de profundizarse, un proceso de organización independiente de la burocracia de Sutecba en favor de las reivindicaciones de lxs trabajadorxs del Teatro.

Estos conflictos desnudan la inviabilidad de la excelencia artística bajo las condiciones materiales que impone el capitalismo, donde prima el lucro y los negocios privados con patrimonio y dineros públicos, en un contexto además de sujeción a las pautas de ajuste fiscal que impone el acuerdo con el FMI.