Educación
27/7/2026
A 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral: sin presupuesto, con pluriempleo docente y bajo ataque del gobierno
La ESI se defiende en las aulas y en las calles.
Se cumplen veinte años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), una conquista obtenida gracias a décadas de lucha del movimiento de mujeres, las diversidades, la docencia y los organismos de derechos humanos. La ESI no fue una concesión de ningún gobierno: fue el resultado de una pelea para que niñas, niños y adolescentes accedan a una educación científica, laica, con perspectiva de derechos y libre de toda forma de discriminación y violencia.
La ESI: una herramienta para garantizar derechos y prevenir las violencias
A lo largo de estos veinte años, la Educación Sexual Integral se convirtió en una herramienta fundamental para que niñas, niños y adolescentes pudieran identificar situaciones de abuso sexual, reconocer vulneraciones de derechos y encontrar en la escuela un espacio de confianza para pedir ayuda. Un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires mostró que, entre el 70 y el 80% de las y los adolescentes de entre 12 y 14 años que denunciaron haber sufrido abuso sexual, comprendieron que eran víctimas luego de recibir clases de ESI. La escuela, a través de la ESI, les brindó el lenguaje y la confianza necesarios para poner en palabras aquello que estaban atravesando.
Pero la ESI va mucho más allá de la prevención del abuso. También brinda herramientas para reflexionar sobre los vínculos afectivos, cuestionar las distintas formas de violencia, prevenir el bullying y la discriminación, promover el respeto por las diferencias, reconocer el consentimiento y fortalecer una convivencia basada en la igualdad y los derechos humanos. En un contexto donde proliferan los discursos de odio contra las mujeres y las diversidades, la ESI constituye una política educativa indispensable para formar estudiantes críticos, capaces de construir relaciones libres de violencia y de toda forma de opresión.
Sin embargo, hoy esa conquista enfrenta uno de los ataques más profundos desde su sanción. El gobierno de Javier Milei impulsa una ofensiva reaccionaria contra la Educación Sexual Integral bajo la falsa denuncia de la "ideología de género", desfinancia la educación pública, desmantela las políticas de género y diversidad y busca reinstalar una concepción privatista, confesional y conservadora de la educación. En este cuadro, la ESI vuelve a ser un blanco privilegiado de quienes pretenden devolver a las iglesias y a las familias la definición exclusiva sobre la educación sexual, negando el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a conocimientos científicos y a una formación integral.
Esta ofensiva encuentra el terreno preparado por las limitaciones que los distintos gobiernos mantuvieron durante estas dos décadas. La propia Ley 26.150 nació con una concesión a la Iglesia Católica y a los sectores confesionales: el artículo 5, que habilita a las instituciones educativas a adecuar los contenidos de acuerdo con su "ideario institucional". Esta cláusula permitió que numerosas escuelas restringieran, modificaran o directamente omitieran contenidos fundamentales vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad sexual y de género y otros aspectos centrales de la ESI. A esto se sumó que la ley no fue sancionada como una norma de orden público, por lo que su implementación dependió de la adhesión de cada provincia, generando importantes desigualdades territoriales y demorando su aplicación efectiva en todo el país. La última jurisdicción en adherir fue la provincia de Tucumán, en 2021, quince años después de la sanción de la ley nacional.
Sin presupuesto no hay implementación posible
La experiencia cotidiana demuestra que el principal obstáculo para la aplicación efectiva de la ESI no es la falta de compromiso de la docencia, sino las condiciones materiales que imponen los gobiernos.
En la provincia de Buenos Aires, luego de los Lineamientos Curriculares Nacionales de 2008 y de la aprobación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios específicos para la ESI en 2018, el gobierno avanzó en la creación de referentes institucionales y produjo diversos materiales pedagógicos, muchos de ellos elaborados por especialistas comprometidos con una perspectiva de derechos. Sin embargo, esas iniciativas nunca estuvieron acompañadas por el presupuesto necesario para garantizar su implementación.
El gobierno de Axel Kicillof amplía funciones y responsabilidades mediante resoluciones y documentos, pero no crea cargos específicos dentro de las escuelas, no garantiza horas institucionales para planificar colectivamente, ni desarrolla una política sistemática de formación docente en servicio. Así, la implementación de la ESI recae sobre un reducido grupo de docentes que, con su iniciativa y esfuerzo, sostienen las propuestas y empujan a las instituciones a llevarlas adelante.
La contradicción es evidente: mientras se multiplican las orientaciones pedagógicas, el ajuste educativo profundiza el deterioro de las condiciones laborales. Los salarios de pobreza obligan al pluriempleo, y miles de docentes trabajan en dos, tres o más escuelas para completar un ingreso. Todo esto se contrapone a la necesidad de generar espacios colectivos de planificación, desarrollar proyectos institucionales sostenidos o acceder a instancias permanentes de formación. En este sentido, donde se hace es porque la docencia lo sostiene.
La situación también alcanza a la formación docente. Si bien la incorporación de talleres de ESI en distintas carreras del nivel superior constituye un avance, el ajuste sobre los institutos de formación docente y el conjunto del sistema educativo pone en riesgo incluso esos espacios. Sin recursos, sin cobertura de horas y con condiciones laborales cada vez más precarias, también se debilita la formación inicial de quienes deberán garantizar la ESI en las aulas.
La defensa de una ESI científica también exige enfrentar la injerencia de las iglesias
La defensa de la educación pública exige defender también su carácter científico y laico. Ninguna doctrina religiosa puede definir los contenidos que deben recibir las y los estudiantes ni condicionar el ejercicio de sus derechos.
La reciente decisión del gobierno de Axel Kicillof de presentar y distribuir en las escuelas un libro sobre Jorge Bergoglio constituye una nueva expresión de esa orientación política. Mientras el ajuste golpea a la escuela pública, el gobierno fortalece vínculos con una institución que históricamente se opuso a aspectos fundamentales de la ESI y de los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y diversidades.
La ESI se defiende con organización y lucha
A veinte años de la sanción de la ley, queda demostrado que ningún derecho se sostiene únicamente por estar escrito en una norma. La implementación efectiva de la ESI exige presupuesto, formación docente en servicio, salarios que terminen con el pluriempleo, tiempo institucional para el trabajo colectivo y una educación pública libre de toda injerencia clerical.
Sin embargo, la ESI logró abrirse paso en las escuelas gracias a la organización y la lucha de la docencia, junto con el movimiento de mujeres y diversidades, que defendieron su aplicación frente a cada intento de vaciamiento, censura o retroceso. También fue posible por el enorme trabajo cotidiano de miles de docentes que, aun sin condiciones materiales adecuadas, dedican horas de planificación fuera de su jornada laboral, elaboran propuestas, construyen proyectos interdisciplinarios y articulan colectivamente con sus colegas para garantizar una implementación integral de la ESI. Esa experiencia demuestra que la educación pública se sostiene por el compromiso colectivo de sus trabajadores, pero también pone de manifiesto que ese esfuerzo no puede seguir reemplazando la responsabilidad del Estado. Garantizar la ESI requiere crear las condiciones materiales para que el trabajo colaborativo, la planificación institucional y la formación permanente formen parte de la jornada laboral y no dependan del sacrificio individual de la docencia.
Por eso, desde el Partido Obrero, Tribuna Docente y el Plenario de Trabajadoras sostenemos que la defensa de la Educación Sexual Integral exige una pelea política consecuente por una ESI científica y laica, libre de toda injerencia clerical, con formación docente inicial y continua garantizada por el Estado, en servicio, con presupuesto específico y de aplicación obligatoria en todas las escuelas del país. En esa perspectiva, nuestra diputada Romina Del Plá presentó un proyecto de modificación de la Ley 26.150 que elimina el artículo 5, incorpora la obligación estatal de garantizar la formación docente en ESI y establece su plena aplicación en todas las jurisdicciones, sin excepciones confesionales.
Esa pelea también la damos todos los días en cada lugar de trabajo y de estudio. Desde Tribuna Docente y el Plenario de Trabajadoras impulsamos espacios de debate, formación y elaboración colectiva para pensar qué Educación Sexual Integral necesitamos y cómo fortalecer su implementación en las escuelas. En ese marco, lanzamos una nueva campaña de talleres destinada a compartir experiencias, construir herramientas pedagógicas y debatir los desafíos que enfrenta hoy la ESI frente al ajuste y la ofensiva reaccionaria.
Con esa perspectiva participaremos del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, en Córdoba. Allí daremos, junto a miles de mujeres y diversidades de todo el país, una pelea de conjunto por la defensa de la Educación Sexual Integral, de la educación pública, del salario docente y de las condiciones de trabajo. Porque defender una ESI científica y laica es inseparable de enfrentar el gobierno reaccionario de Javier Milei, el ajuste de Axel Kicillof y toda política que subordine la educación pública a los intereses de las iglesias y del capital.
Defender la ESI es defender el derecho de las y los estudiantes a una educación basada en el conocimiento científico y los derechos humanos. Es enfrentar la ofensiva reaccionaria del gobierno de Milei, pero también combatir las concesiones que, durante veinte años, los distintos gobiernos realizaron a las iglesias, permitiendo que un derecho conquistado por la lucha siga sin garantizarse plenamente para todas las infancias y juventudes del país.
