El gobierno nacional, por medio del ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el aumento del 22% en la beca Progresar, la cual pasará a tener un monto base de $9.000 por mes. Se trata de un aumento interanual del 58,5%, contra una inflación que asoma al 100%, que expresa la política de ajuste del gobierno sobre la educación.

La beca Progresar alcanza a alrededor de 1.700.000 de estudiantes y a distintos niveles educativos, justamente, por la magnitud y el acrecentamiento de las necesidades económica y materiales de la población trabajadora: algo de lo que, llamativamente, el gobierno se ufana.

El gobierno quiere hacer pasar este aumento de ajuste como un alza del “150%”, medido desde septiembre del 2021 a diciembre del 2022: una selección arbitraria del segmento de recorte que busca generar una confusión estadística.

Lo cierto es que en todo 2022 y con este último aumento, la beca Progresar no supera el 60% de actualización, que, además, se ha hecho a destiempo, rigiendo la mayor parte del año montos irrisorios.

Además, en medio del 2022, el gobierno quiso forzar la baja de decenas de miles de programas sociales con el pretexto de la incompatibilidad entre la beca Progresar y el Potenciar Trabajo, algo que fue enfrentado y derrotado con la lucha del Frente de Lucha Piquetero y organizaciones como la Juventud del Polo Obrero.

Los $9.000 que abonará el gobierno como base resultan totalmente insuficientes ante las necesidades materiales de los estudiantes, en el marco de sucesivos aumentos de las tarifas y precios y la caída del empleo y los salarios.

Solo el transporte público en colectivo viene de aumentar un 40% en un mes y las telecomunicaciones, imprescindibles para el proceso educativo, vienen de un 19,8% en octubre del 2022, 9,8% en diciembre y, con el 2023 en marcha, se espera un 9,8% en febrero y el 7,8% desde abril.

La vida estudiantil requiere más que voluntad y esfuerzo. Se necesitan recursos para acceder a la bibliografía y materiales de estudio; conectividad a internet y dispositivos; transporte; alimentación; vivienda; insumos y, por sobre todo, una situación económica y laboral que permita dedicar el tiempo necesario a los estudios.

La política del gobierno no solo expresa el alto nivel de vulnerabilidad laboral y económica de los trabajadores y la juventud, con altos índices de precarización laboral, sino el recorte en las partidas económicas para paliar los efectos del ataque material a los trabajadores de conjunto.

La beca Progresar debería actualizarse conforme a la cobertura de las necesidades económicas planteadas, lo que implica al menos duplicar los montos actuales. Lo que no obsta a garantizar una transformación de fondo, con trabajo genuino y salarios que cubran el valor de una canasta familiar como piso.