Educación
5/12/2024
CABA: cierre de cursos y reforma educativa, dos caras de la misma moneda
El Ministerio de Educación de la Ciudad anunció en el Colegio Nicolás Avellaneda el cierre de seis cursos para el próximo ciclo lectivo.
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Jorge Macri.
El Ministerio de Educación de la Ciudad anunció en el Colegio Nicolás Avellaneda el cierre de seis cursos para el próximo ciclo lectivo. La medida, que afecta tanto a estudiantes como a docentes, fue recibida con indignación por la comunidad educativa, que ya comenzó a organizarse para resistir.
Este caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un plan más amplio del Ministerio de Educación de la Ciudad que prevé el cierre de 154 cursos en toda la jurisdicción para 2025. A mediados de año, el legislador Gabriel Solano, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentó un pedido de informe sobre el vaciamiento de los Cens y los cierres de cursos, que nunca fue respondido. Este silencio evidencia la intención del gobierno de Macri de avanzar con estas medidas sin detallar siquiera las normativas en que se basan.
Un plan general de cierres que afecta a toda la Ciudad
Los cierres informados abarcan numerosas escuelas, afectando diversas comunidades educativas, tales como: Comercial 1 (1 curso en turno mañana y 2 en turno tarde), Comercial 4 (2 cursos, inactivos desde principio de este año), Comercial 10 (8 cursos), Comercial 25(8 cursos), Colegio Rawson (9 cursos), Colegio Paso (7 cursos), Colegio 15 (9 cursos), Nacional 11 (2 cursos).
El impacto de este ajuste es claro: miles de estudiantes son afectados con una disminución de la calidad educativa y cientos de docentes ven peligrar sus puestos de trabajo. Los cierres de cursos responden a una lógica que no solo busca reducir costos, sino también concentrar horas en menos cargos, precarizando las condiciones laborales y recortando la masa salarial, es decir, la cantidad de dinero destinado a salarios.
La falta de justificación y el rechazo a la resolución 1990/97
En la mayoría de los casos, el gobierno se niega a proporcionar detalles sobre la normativa en que enmarcan estos cierres. En otros casos hace referencia a la resolución 1990/97, que establece que los cursos deben contar con al menos 20 estudiantes para ser habilitados. Sin embargo, esta resolución es ampliamente rechazada por priorizar un criterio numérico por sobre la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación pública.
Dar clases con menos estudiantes, especialmente en contextos de vulnerabilidad, es no solo recomendable, sino necesario. En estos escenarios, los grupos reducidos permiten una mejor atención personalizada y mayores oportunidades de aprendizaje, especialmente para quienes enfrentan dificultades económicas o sociales que impactan en su rendimiento educativo.
Similitudes con la reforma en Media y el desguace de los Cens
Los cierres de cursos no son una política aislada. Guardan una estrecha relación con la reforma en Media, implementada a través del programa “Buenos Aires Aprende” y con el desguace de los Centros Educativos de Nivel Secundario (Cens). Tanto la reforma como los cierres persiguen un objetivo común: reducir la cantidad de docentes necesarios para el sistema mediante la concentración de horas en menos cargos y la eliminación de cursos.
Esta reforma laboral encubierta impacta directamente en la calidad de la educación que reciben las y los estudiantes, al tiempo que precariza las condiciones de trabajo de las y los docentes que permanecen en el sistema. En los Cens, esta política de ajuste ya mostró sus efectos. Bajo el argumento de reorganizar horarios y cursos, se eliminaron cargos y se fusionaron secciones, dejando a cientos de estudiantes sin opciones para completar su educación secundaria.
Organicemos las escuelas contra el ajuste
Desde Tribuna Docente y Ademys venimos llevando una resistencia activa contra los cierres de cursos y la reforma, mientras que la dirección de UTE y otros sindicatos han optado por el silencio o incluso han avalado estas políticas, permitiendo su avance. Sin embargo, la reacción en el Nicolás Avellaneda, el Paso y otras escuelas demuestra que la comunidad educativa no está dispuesta a aceptar este ajuste sin dar pelea.
El cierre de cursos no solo despoja a los docentes de sus puestos de trabajo, sino que también condena a los estudiantes a la exclusión educativa. Esto es especialmente grave en un contexto de crisis económica, donde se busca convertir a la escuela pública en otro espacio de ajuste.
La única respuesta posible es la organización desde las escuelas, con la firme convicción de que solo la lucha puede garantizar la educación pública. La historia reciente, como la lucha de 2018 contra el cierre de las nocturnas, demuestra que es posible frenar estas políticas si estudiantes, familias y docentes se movilizan unidos. Vamos por eso.
