El gobierno nacional volvió a reflotar la iniciativa de arancelar el acceso a la educación superior pública y a la salud pública para los extranjeros no residentes, algo que requeriría la reforma de más de una ley en el Congreso y que tiene toda la apariencia de una medida propagandista con vistas a justificar el ajuste que se viene desenvolviendo contra la salud y la educación pública.

Esta intención fue puesta de manifiesto por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el gobierno intentará progresar con cambios en el régimen migratorio con “el objetivo de (…) avanzar hacia un país ordenado (…) que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”.

Se trata a las luces de una medida propagandística cuyo contenido se encuentra dislocado con lo que sucede en la realidad (no hay estudiantes extranjeros sin residencia en las universidades públicas, salvo provisoriamente) o implica un porcentaje de atención sanitaria extremadamente reducida.

Además, estamos ante un discurso que busca justificar los recortes presupuestarios del gobierno nacional, con la supuesta complementación del presupuesto recortado con “recursos propios” derivados del supuesto cobro de aranceles a extranjeros no residentes.

Según los datos de un informe elaborado por la Provincia de Buenos Aires los servicios de salud pública utilizados por extranjeros no residentes representan porcentajes inferiores al 1% del total de prestaciones, con 0,2% de consultas ambulatorias, 0,3% de consultas por guardia y 0,7% de personas internadas, entre otros rubros.

En materia de acceso a la educación pública estamos ante cifras similares, con la salvedad de que en la casi totalidad de los casos se trata de extranjeros residentes, ya que dicha condición es requisito para la permanencia en los establecimientos educativos.

Actualmente hay alrededor de un 4% de estudiantes extranjeros en el sistema universitario nacional, con casi 80.000 alumnos en esa condición. Se trata de extranjeros con residencia, por lo que no estarían alcanzados por la medida anunciada, con lo cual no se entiende de dónde provendría el financiamiento que el vocero Adorni asegura que sobrevendría con el arancelamiento propuesto.

Desde el gobierno apuntan a que el número de estudiantes extranjeros aumenta en la Universidad de Buenos Aires (11%) y en la Universidad Nacional de La Plata (10%), con fuerte incidencia en algunas carreras como Medicina u Odontología. Sin embargo, seguimos en la misma órbita de extranjeros residentes, con plenos derechos, por lo cual debemos entender la iniciativa del gobierno como una un mero discurso para “respaldar” el ajuste presupuestario.

De querer avanzar en esta dirección poco clara el gobierno debería proceder a reformar, vía Congreso, la Ley Migratoria, que establece que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria” y la Ley de Educación Superior.

El gobierno ya había reorrido este camino en el pasado reciente como argumento para responsabilizar a un “enemigo” inexistente y/o crear un chivo expiatorio para justificar su política de ajuste contra las masas. Ahora vuelve a insistir en la misma línea, en medio de un brutal ajuste y el desfinanciamiento de la salud pública y la educación superior.

La única forma de que la propuesta gubernamental tenga alguna incidencia real sería la modificación de las condiciones para acceder a la residencia permanente en el país, lo que implicaría un retroceso en los derechos de migrantes y trabajadores que aportan al sostén y financiamiento de los derechos públicos que el gobierno quiere restringir: un planteo xenófobo que busca alentar la división y la enemistad entre la clase obrera mientras es el gobierno quien desenvuelve su programa reaccionario y antiobrero.

Esto también podría venir con otras reformas antimigrantes, del tipo del decreto macrista que suprimía derechos de los trabajadores migrantes y que subsistió durante gran parte del gobierno de Alberto Fernández.

Derrotemos esta nueva ofensiva xenófoba y antiobrera, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades democráticas del conjunto de los trabajadores.

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