Tras una resolución inaudita el Gobierno de la Ciudad le quita 371 millones al plan tecnológico Sarmiento a través del cual se proveía a les estudiantes de la CABA de dispositivos digitales, dichos fondos han sido transferidos a los subsidios de la educación privada.

Mientras la escuela pública ha atravesado un ciclo lectivo bajo la pandemia y tanto les trabajadores de la educación como estudiantes y familias nos preparamos para afrontar un 2021 bajo las circunstancias que plantean los rebrotes del Covid-19 a nivel mundial, una de las carencias exponenciales reveladas en los distintos terrenos de la Educación de Gestión Estatal ha sido el problema los dispositivos digitales. Este fue un punto de reclamo permanente por parte de la docencia como de les estudiantes y las comunidades, acompañado por la incesante exigencia de obras de acondicionamiento e infraestructura escolar. En la Ciudad, la crisis de infraestructura escolar no permite abrir las puertas de más de un establecimiento educativo debido a situaciones que incluso han provocado serios siniestros evitables llegando en ocasiones a la muerte de trabajadores dentro de las escuelas.

El gastado número de los 600 tantos estudiantes sin dispositivo queda en la historia de una de las mayores Fake news promovidas directamente por la ministra Soledad Acuña. Sin embargo, ni siquiera distribuyeron esa cantidad entre los cientos de miles de estudiantes y docentes sin dispositivos, ni hablar de habilitar conectividad gratuita.

Es decir que tanto estudiantes como docentes mantuvimos con recursos propios la continuidad pedagógica durante el 2020. Es importante resaltar que el cuerpo de delegados del sindicato Ademys del Programa Intec desde el 2016 viene denunciando recortes gubernamentales en la distribución de computadoras en aquellos niveles y modalidades en los que se entregaban.

Sin embargo, esto contrasta de lleno con los tarifazos aplicados a los servicios públicos pero manifiesta cuáles son los intereses de un gobierno que responde directamente a los requerimientos de las patronales y a los intereses de los organismos internacionales de crédito.

Teniendo en cuenta que estamos ante el presupuesto educativo más bajo de la historia del macrismo porteño, ante lo cual haciendo un recorte desde la asunción de Larreta (2016) donde el presupuesto destinado a Educación era del 22%, para el 2021 se calcula una caída en términos reales del 7,6%. Es decir que el plan de Larreta y Acuña es llevar a la debacle absoluta una educación carente de recursos materiales en la que la docencia surfea en lo cotidiano por desarrollar la labor pedagógica transformándola en el arte del ” hacer sin recursos del Estado”.

Nada de esto escapa a los debates al respecto de la vuelta a la presencialidad en materia educativa, al ajustazo de más del 80% en infraestructura escolar y por supuesto a la lucha política que se avecina en términos del salario docente que sufre una pérdida de 15 puntos en relación al arduo proceso inflacionario.

El GCABA ha convocado a la mesa de condiciones laborales de manera separada a los dos sindicatos mayoritarios de la CABA, UTE y Ademys, siendo este último con su combativa conducción Multicolor quienes enfrentaron con medidas de fuerza votadas en las múltiples asambleas virtuales los intentos de aperturas prematuras sin protocolos reales, ni comités de bioeguridad con poder de veto que acreditasen las condiciones para un regreso a la presencialidad bajo condiciones que no coloquen en riego de vida a quienes transitan las escuelas públicas y sus comunidades.

Como telón de fondo este es el problema: la vuelta a la presencialidad sin condiciones reales, pero esto viene siendo fogoneado desde el propio ministerio nacional con Trotta a la cabeza, quién intenta fingir demencia deslindando responsabilidades en cada jurisdicción pero avalando el sometimiento ejercido por las presiones patronales de retornar a la presencialidad mientras los números de la pandemia crecen y la vacuna no alcanza ni para comenzar a hablar. La docencia aún no califica dentro de las pocas dosis que serán aplicadas en los próximos meses.

Pero nada de esto es ajeno a la situación generalizada que recorre el país: ajuste, desocupación, aumento exponencial de la pobreza, recorte en servicios y ayudas sociales como la IFE, son apenas una enumeración de profundos aspectos que impactan de lleno contra el pueblo trabajador en tanto los gobiernos lanzan señales al empresariado y a la burguesía que presiona por mantener actividades presenciales como la educativa poniendo la vida de la ciudadanía en riesgo.

La famosa “era de los protocolos” sólo ha arribado semánticamente. En eso no difiere el GCABA del gobierno de Fernández.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Docente le damos continuidad a nuestro rechazo explícito a la apertura apresurada, prematura e improvisada de escuelas presenciales bajo estas circunstancias epidemiológicas y sanitarias.

Exigimos plan de obra de infraestructura escolar y reacondicionamientos de escuelas, recursos tecnológicos, conectividad gratuita y protocolos reales a cargo de comités de bio seguridad con poder de veto. Seguimos de pie en defensa de la salud del conjunto del estudiantado, las comunidades, las familias, la docencia y el conjunto de trabajadores que transitan las escuelas.