Desde que Martín Miguel Llaryora se consagró como intendente electo de la Ciudad de Córdoba, la Lista Fucsia del Suoem (integrante de la Coordinadora Sindical Clasista) alertó sobre la posibilidad de la “provincialización” del convenio, caracterizando que esta consistiría en la progresiva equiparación con el régimen laboral de la provincia, cuyos docentes cobran un salario inicial de $36.000 contra los $54.000 del municipal.

La primera medida de Llaryora fue requerir la ordenanza de emergencia con superpoderes, para reordenar las partidas presupuestarias y establecer reestructuraciones de áreas y funciones. A partir de allí, comenzó una saga de ajuste que no ha concluido.

Los municipales recibieron, con la sanción de la ordenanza 13.033, un recorte en una hora de la duración de la  jornada laboral, que significó  la reducción del 15% del salario. En aquellos agentes cuya duración es menor a 7 horas, la medida se implementó con el pase de ítems a sumas no remunerativas –como es el caso de la bonificación por título y el refrigerio (5% del salario en blanco). Antes habían sufrido el recorte de horas extras y prolongaciones de jornada, dejando en claro que el objetivo es atacar el salario de conjunto.

Qué pasa en el sistema educativo municipal

En educación, el ajuste adquirió una fisonomía particular, ya que para achicar las erogaciones de la repartición eliminaron las guardias (adicionales de policía) de escuelas y jardines maternales, no efectivizaron los actos públicos de docentes de ramos especiales (procediendo con esta medida al despido de hecho de más de 40 agentes de planta transitoria) y recortaron los pagos a las empresas de limpieza, quienes trasladaron la medida automáticamente sobre los empleados.

En los últimos días se conoció la resolución 290-2020, que amplía la oferta de pasividad anticipada a docentes que se encuentren en tareas pasivas permanentes y les faltan 10 años para la edad jubilatoria. La resolución señala que “las vacantes que se produzcan por el egreso de los docentes con tareas pasivas permanentes (…) serán suspendidas del presupuesto general” -es decir, que no serán cubiertas. Están en condiciones de adherir unos 180 docentes que integran un listado, que pasarían a percibir de bolsillo entre un 50 y un 60% de sus salarios netos.

La pasividad anticipada implicará la disminución de personal que en las escuelas realiza tareas administrativas, organizacionales, comunitarias y pedagógicas de importancia para el funcionamiento institucional, aunque no estén frente al aula. Son las secretarias, bibliotecarias, coordinadoras de cooperadoras escolares, integrantes de redes comunitarias que otorgan una impronta valiosa a las escuelas municipales en su nexo barrial.

Apoyamos a quienes opten por esta posibilidad porque la medida es voluntaria. Al mismo tiempo, señalamos que detrás de una medida que pretende vestirse de “reconocimiento moral” (sic) se encubre una acción más destinada al vaciamiento de la repartición, ya que la carta para adhesión ha llegado también a docentes que están en actividad.

Por si fuera poco, de boca de funcionarios de la cartera educativa municipal se ha “deslizado” el planteo de avanzar en la categorización de las escuelas, lo que abriría el panorama a una fragmentación mayor del sistema en lugar de proceder a la unificación de jardines maternales y escuelas. La docencia es una profesión que entraña un enorme desgaste físico y psíquico, máxime cuando se desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad social, cual es el caso de las escuelas municipales de Córdoba. La acumulación de experiencia en el ejercicio profesional permite que los docentes “maduros” sean transmisores de un saber experto a generaciones nóveles. Plantear medidas de retiro y de fragmentación en el contexto del ajuste que se está desarrollando tiene el tufo de una maniobra, que prepara las condiciones para profundizar el desguace del sistema educativo municipal. Daremos la lucha para desbaratarla.