Apurado en dibujar los resultados de una política de ajuste, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba salió a divulgar que los estudiantes que abandonaron la escuela durante la pandemia serían unos 15.500. Lo que representa, en todos los niveles educativos, un irrisorio 1,6 % del total de estudiantes. La “solución” que impulsa el gobierno, es un grupo de 180 voluntarios del gabinete social para recorrer los barrios, buscar a los alumnos y que retomen la escolaridad (Cadena 3, 5/11).

La medición se vale de informes parciales que algunas escuelas ya han enviado (mientras que otras todavía tienen plazo para hacerlo), mediante una aplicación para registrar el vínculo pedagógico de los estudiantes. Las opciones para determinar la situación son: vinculado, vínculo intermitente, desvinculado.

Por empezar, el vínculo intermitente es ambiguo. El alumno que dio “señales de vida” dejó en claro que tiene dificultades para su continuidad pedagógica, pero el Estado no las atiende. Ergo, esta opción solo le sirve al gobierno para reducir la verdadera cifra de deserción. Sin embargo, lo más pérfido no está ahí, sino en promediar los números como si todas las escuelas fuesen iguales: públicas y privadas, del centro y de la periferia, urbanas y rurales.
Al respecto, un reciente análisis comparado entre educación pública y educación privada en contexto del Covid-19 en el país destaca que hay diferencias notorias en el acceso a dispositivos utilizados para fines educativos entre los estudiantes de educación privada y educación estatal en el nivel primario. En las escuelas privadas, un 72,2% de los estudiantes dispone de una notebook y más de la mitad de ellos también cuenta con un celular. En las estatales solo el 33,7% de los alumnos cuenta con notebook (Observatorio Argentinos por la Educación, octubre 2020).

En el mismo sentido, las plataformas de video/streaming tienen un 80,5% de uso en las instituciones privadas, mientras que en las públicas este porcentaje solo llega a 29,4%. WhatsApp es el principal medio utilizado para comunicarse en el sector público, por su bajo costo en cuanto a datos móviles. “Se evidencia la brecha tecnológica entre ambos sectores (seguramente como efecto de las brechas socioeconómicas de los hogares) y las dificultades de los educadores del sector estatal para poder llevar adelante los procesos de educación remota en pandemia”, concluye el informe (ídem).

Viendo estos números, podemos entender cómo de los más de 80 mil desconectados que se calculaban a mitad de año en la provincia pasaron a ser menos de 16 mil sin que el gobierno ponga un centavo. Ahora bien, ¿de qué manera esos 180 voluntarios van a resolver los problemas de fondo que hay detrás de la “desvinculación” de los estudiantes? A menos que se trate de un grupo de magos, no hay forma que esos alumnos retomen la escolaridad sin presupuesto.

Pero por otra parte, el ministro de Educación, Walter Grahovac, al iniciar la cuarentena negaba que hubiera estudiantes sin docentes, y minimizaba la falta de cobertura de cargos en las escuelas a la irrisoria suma de 50. Luego admitió que eran más de 3.000 los y las docentes suplentes sin trabajo y hasta la propia Uepc (gremio docente) reconoció que había más de 5.000 horas sin cubrir en el secundario del sistema educativo cordobés. Sin embargo, no resolvieron el problema, no convocaron actos públicos en primaria como reclamaron una y otra vez las maestras suplentes y la cobertura de horas en secundaria se hizo de manera precaria.

Algunos más iguales que otros

Solo una foto de la realidad que se vive hacia el interior de los hogares en cuanto al alcance tecnológico y de conectividad, sirve para demostrar la mentira del gobierno acerca de la deserción escolar. El panorama se torna más complejo si tuviéramos que analizar lo que sucede en el marco de la dramática crisis habitacional de la provincia. ¿El Estado también enviará voluntarios a las ocupaciones de tierra que hoy son el único recurso que tienen las familias despojadas de un espacio para vivir?

Hasta el momento esas infancias solo han visto topadoras y manos dura para sus madres. Ahí no está ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de la Mujer, ni el Ministerio de Salud. La vara es distinta para los alumnos sin techo: en vez de equipos de voluntarios del gabinete social, hay un equipo represor al que el gobierno acaba de anunciarle un aumento salarial del 10%, que se suma a la actualización de adicionales que obtuvieron meses atrás, como premio a las decenas de gatillo fácil dirigidos principalmente a la juventud durante la cuarentena.

No obstante, para el gobernador Juan Schiaretti, la docencia deberá conformarse con un ridículo 9% en tres cuotas, sin ningún reconocimiento a las horas y horas extras que tiene que dedicar en la virtualidad. Para los maestros no hay instrumentos para el teletrabajo y tampoco está cubierta la conectividad. Para las escuelas privadas, en su mayoría dependientes del clero, están vigentes los subsidios y las exenciones, siendo Córdoba una de las provincias que mayor proporción de gasto educativo destina para este sector.

Sin educación pública, sin techo, sin salario, los trabajadores ocupados y desocupados, de la mano de una juventud cuyo futuro está nublado, necesitamos unidad de acción para defender nuestras condiciones de vida digna. Este régimen sostenido en la desigualdad social no se aguanta más y nos organizamos para enfrentarlo.

 

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