El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba pretende, a través de inspecciones “virtuales”, mostrar el cumplimiento de medidas de bioseguridad en los establecimiento educativos, seguramente para justificar la presencialidad a pesar de un agravamiento del cuadro epidemiológico. Para eso piden a las direcciones videos en los que se observe el acatamiento de niños/as a los protocolos.

Se difundió un audio de WhatsApp en que la inspectora de Nivel Inicial solicita a las directoras de los 52 jardines de infantes que tiene a cargo que envíen “un video que ustedes graban o cada señorita grabó de algún momento. Tiene que mostrar la utilización del barbijo (…) también se debe ver el distanciamiento”. Deja claro explícitamente que no importa la “actividad pedagógica” que se esté realizando, ya que se busca mostrar cómo se desarrolla el protocolo en las escuelas. Es una regimentación en una modalidad “a distancia” para que las supervisiones puedan tener la foto de las escuelas de su órbita sin correr el riesgo de visitar a una institución educativa en tiempos de Covid-19.

Se trata de una puesta en escena que invita al personal docente a violentar la ley 26.061 que en su artículo 22 protege a les niñes y adolescentes de la exposición de su imagen en redes y medios, prohibiendo la divulgación o difusión sin su consentimiento y el de sus adultos responsables.

Este insólito pedido, que seguramente intentan difundir como propaganda política del gobierno de Juan Schiaretti, se enmarca en un contexto en el que el gobierno y sus funcionarios apelan al negacionismo y a argumentos anticientíficos para sostener escuelas abiertas durante la llegada de la segunda ola y con índices epidemiológicos en rojo en la provincia de Córdoba.

Lo más grave es que esta puesta en escena pretende usarse contra los reclamos y la lucha de docentes y alumnxs, como la que en el Gran Buenos Aires logró imponer la suspensión de la presencialidad en las escuelas ante el aumento galopante de los casos de Covid-19 entre la comunidad educativa, incluso con casos fatales. La irracionalidad de los gobiernos provinciales cuenta para ello con la complicidad de las burocracias sindicales que intenta ceñir el descontento de los y las trabajadoras de la educación.

Este combo explosivo se completa con las dispensas sin resolución que no permiten la cobertura de suplentes en las horas y cargos, la falta de mantenimiento de los edificios, la falta de insumos, falta de personal para el control de temperatura al ingreso de las burbujas, la falta de personal de limpieza para garantizar la “sanitización” de las aulas, la cancelación del PaiCor (programa alimentario), y el bajísimo nivel de vacunación de la población.

Para hacer frente a estas políticas antieducativas y antisanitarias hemos presentado ante el Ministerio de Educación la exigencia de suspensión de clases presenciales. Exigimos a UEPC la convocatoria a asambleas para resolver un plan de acción hasta conseguirlo. El miércoles 21 de abril movilizaremos junto a la juventud del Polo Obrero para reclamar becas, dispositivos y conectividad, y el 22 realizaremos un taller docente para apuntalar la organización de las escuelas en la defensa de la salud de la comunidad educativa.