En las últimas semanas el gobernador Juan Schiaretti dio a conocer el inicio de los trabajos para darle operatividad a los 2.391 km de fibra óptica que se instalaron en la provincia de Córdoba hasta el año 2019.

Este proceso de instalación, que se conoce como “Iluminación”, es llevado adelante por una unión transitoria de empresas denominadas AVE -integrada por Acertis SA, Vectus SRL y Estructuras- a la cual se adjudicó la licitación de la obra de adquisición, instalación y configuración de red y tendido de fibra óptica por un monto de 586,9 millones de pesos. Como informamos en artículos anteriores, las obras tienen por finalidad última la distribución mayorista del servicio de internet para que cooperativas y municipios brinden la concesión a privados.

Para el gobernador es un gran avance hacia que las más de 600 dependencias en el interior de la provincia puedan conectarse a la red, y para garantizar que los conectados en la población de Córdoba pasen del 68% a la totalidad, explicando que de esta forma se garantizaría la equidad en materia educativa y laboral.

Desde los organismos oficiales alegan que la provincia enfrenta inconvenientes con las importaciones, marcando los problemas en la obtención de las computadoras prometidas (20.000 solamente), preparando el terreno para los posibles aumentos que deba solventar AVE para obtener elementos para los trabajos con la fibra óptica.

La enorme inversión que se está realizando no apunta a beneficiar a los sectores vulnerados, como señala Schiaretti, porque los trabajos de prueba del haz de luz se realizan, según expertos en el tema, casi al unísono con la instalación del cableado, así es que cabría cuestionar si la empresa prestataria anterior no realizó las pruebas pertinentes en su momento. Se está efectuando así un gasto público que podría haberse evitado si la empresa anterior hubiera cumplido con su trabajo.

En segundo lugar la grave crisis que sufre la masa de trabajadores ocupados y desocupados, sumada a la virtualidad exclusiva de la educación “no obligatoria” y parcial de la educación “obligatoria”, debería generar mínimo una inversión del Estado para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo. El planteo del gobierno de Schiaretti lejos está de dar respuesta a los reclamos por conectividad y equipos digitales de los sectores vulnerables, escudándose en que equidad es poner a disposición de las empresas privadas los recursos del Estado para que obtengan ganancias lucrando con internet.

El enorme gasto público para solventar al sector empresarial contrasta con precarización laboral y salarios a la baja de docentes y trabajadores de la salud, a quienes el gobierno viene atropellando. Ello sin mencionar los planes de precarización laboral como el PIL (Programa de Inserción Laboral), con montos de 12.000 pesos, cuando para no ser pobre lxs trabajadores deberían cobra más de 61.584 pesos.

En resumen, las obras públicas son necesarias, como también es necesaria la asignaciónnde los recursos para que todxs podamos tener acceso a educación, salud y a un trabajo digno. Estos fines no son los del Ejecutivo provincial, toda vez que se filtran millones y millones en beneficiar a grupos empresariales aliados al gobierno.

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