En las últimas horas, con 180 votos a favor, 22 en contra -entre ellos los del FITU- y 49 abstenciones, se votó en Diputados el Presupuesto 2023. Entre otros puntos, el proyecto estableció una deducción por gastos de educación en el Impuesto a las Ganancias, con vigencia a partir de este año 2022, inclusive. En la práctica, esta medida plantea que una vez que el Senado dé la otra media sanción, los contribuyentes podrán deducir determinados gastos vinculados a la educación de sus hijos e hijas, hijastros o hijastras menores de dieciocho 18 años, o incapacitados para el trabajo, y por los mayores de 18 años y hasta los 24 inclusive (en este último caso en la medida en que cursen estudios regulares o profesionales de un arte u oficio que les impida proveerse de medios necesarios para sostenerse), y siempre que se encuentren a su cargo.

Varios medios han salido a explicar que en los hechos esta medida no resultaría económicamente significativa ya que el monto que finalmente se “ahorrarían” las familias sería bajo, señalando incluso que esta deducción resulta desaventajada en relación con otras (La Nación, 26/10/22).

Sin embargo, la iniciativa impulsada por el diputado de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, muestra serios problemas. En primer lugar, se trata de una medida que, a priori, se presenta como una alternativa indirecta de financiamiento a la educación privada. Es que los índices señalan el crecimiento histórico del mercado educativo privado, especialmente confesional, demostrando que este rubro se ha convertido en un “excelente negocio” ya que parte de la posibilidad de ofrecer servicios educativos y ser subvencionado por el Estado utilizando fondos públicos.

Así, con la posibilidad de deducir de Ganancias de los gastos educativos privados, el Estado desfinancia la educación pública al renunciar a recaudar una porción del impuesto, en un contexto en el que la escuela pública viene perdiendo terreno frente a la privada.

No sorprende que la medida provenga de parte del vicerrector de la UBA, que negoció con Massa un recorte en la partida para las universidades nacionales; ni que haya sido levantada por el kirchnerismo, que ha favorecido históricamente a los centros educativos de gestión privada con la suspensión del pago de aportes patronales y otras exenciones impositivas más.

Es importante destacar que el presupuesto educativo de 2023 es el segundo más bajo de los últimos 11 años, tomando en consideración la inflación proyectada en agosto para el año que viene, que se calcula en 85,2%. Solo el gasto en educación fue más bajo en 2020 (Prensa Obrera, 24/10/22).

Como señalamos oportunamente, esto implica un incentivo a que más familias trabajadoras se vuelquen a pagar por la educación primaria, secundaria y universitaria, en un contexto de desfinanciamiento progresivo de la educación pública de los fondos destinados a la escuela privada se refuerzan. Para citar un ejemplo basta señalar que en la Ciudad de Buenos Aires, siete de cada diez escuelas privadas están subsidiadas, y van en aumento. En 2015 eran 789, mientras que en 2020, 1.002, contando sólo los niveles obligatorios (al respecto, se pueden consultar los informes de la Auditoría de la Ciudad sobre aportes a las privadas).

La ruina de los salarios docentes y de las escuelas públicas desde el punto de vista edilicio -elementos que forman parte del presupuesto- se vinculan directamente con las políticas de ajuste recomendadas por el FMI. Podemos decir que con la mayor reducción del gasto público contemplada en el presupuesto votado -no solo en educación, sino también en salud, por ejemplo- el gobierno está haciendo bien su tarea.

Al respecto, tal como lo señaló Romina Del Plá en la comisión de Presupuesto, “el Presupuesto 2023 plantea un incremento del 54% en transferencias a las universidades nacionales con respecto al presupuesto ejecutado vigente, y con respecto a una inflación proyectada del 60%, con lo cual allí hay una disminución, a nuestro entender, del presupuesto universitario”.

Esta situación refleja una orientación compartida entre los bloques mayoritarios: la del ajuste y el ataque a los sectores populares. Es que la destrucción de la educación pública es una política de Estado, que tiene lugar a través del desfinanciamiento y la promoción de los negocios de la educación privada, fundamentalmente confesional.

Desde Tribuna Docente y el Partido Obrero defendemos un sistema educativo público, único, científico, gratuito y laico, íntegramente bajo gestión y al servicio de los intereses de la clase obrera. Esta lucha estará presente en el acto del Partido Obrero el próximo 29 de octubre desde las 16 horas en Plaza de Mayo. Te invitamos a participar, junto a quienes peleamos contra el ajuste.

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