Luego de más de un mes de debate y exposiciones, la Comisión de Presupuesto de Diputados emitió dictamen para el tratamiento del Presupuesto 2023. Como suele ocurrir, el proyecto va sufriendo distintas modificaciones entre que es enviado a mediados de septiembre por el Poder Ejecutivo hasta que se trata en el recinto un tiempo después. En el medio está sujeto al debate de los diputados o, mejor dicho, al lobby permanente de distintos sectores –encarnados en determinados legisladores- que intentan conseguir mayores beneficios para sus intereses particulares.

Este año no fue la excepción. Al contrario, el debate sobre la llamada “ley de leyes” se dio en un marco de cordialidad y cooperación entre el gobierno y la oposición que fue destacado en diversas oportunidades por diputados de ambas coaliciones. La razón de fondo de semejante tratamiento no tiene que ver con las formas, como aducen en Juntos por el cambio –tener tiempo para la comisión, la convocatoria de funcionarios– sino con que este presupuesto refleja una orientación compartida entre los bloques mayoritarios: la del ajuste y el ataque a los sectores populares.

Luciano Laspina, economista y alfil del PRO en los temas económicos del Congreso, no tuvo el menor empacho en reconocer que se estaba asumiendo un camino convergente entre los “nacionales y populares” y los macristas: “Hay un reconocimiento de que este nivel de gasto es insostenible, hay un final de ciclo en la retórica. Es la primera vez que el kirchnerismo manda un presupuesto que busca equilibrar las cuentas, recortando el gasto público. Desde el último presupuesto de Macri no se veía algo así”. Contundente.

Es que no hace falta un análisis muy riguroso para percibir que estamos frente a un presupuesto draconiano, fiel a la trayectoria del FMI. Se contemplan aumentos nominales por debajo de la inflación estimada (o sea un ajuste real) para todas las áreas más sensibles a las condiciones de vida de los trabajadores. Se blanquea un brutal achicamiento de la partida de los comedores populares, de la educación, de los jardines maternales, de la vivienda y de las becas progresar. Se congelan la cantidad de desocupados que perciben programas sociales y se explicita una caída en las jubilaciones, algo lógico con una inflación de la magnitud que vivimos.

Las transferencias a las provincias es el segundo ítem de mayor ajuste, pero fue previendo esta situación que se aprobó el pacto fiscal que permite a los gobernadores aumentar tasas e impuestos provinciales y municipales complementando por la vía de los tarifazos las menores transferencias de la administración central.

Los cambios de último momento

Entre los cambios que se gestaron en las horas previas al cierre del dictamen de la Comisión de Presupuesto, uno de los más destacados fue el aumento de los subsidios al transporte en el interior del país, un reclamo que cuenta con mucho poder de lobby en el Congreso. El conflicto desatado en las últimas horas fue una de las claves para que el Ejecutivo acceda a esta modificación y se incrementen los subsidios a las ganancias de las grandes empresas de transporte sin ningún tipo de auditoria y mucho menos la apertura de los libros para conocer su realidad económica.

Una novedad en el presupuesto del año electoral es la “cláusula gatillo”, que obliga al poder ejecutivo a mandar los primeros días de septiembre un presupuesto para el resto del año en caso de que la inflación o la recaudación sea 10% mayor a lo contemplado en el presupuesto. Este medida fue pedida inicialmente por la oposición para limitar la discrecionalidad del gobierno dando por descontado que la inflación del 60% no tiene asidero cuando las consultoras proyectan 90% para 2023.

Por otro lado, se incluyó un planteo defendido por Yacobitti que, para sorpresa de nadie, implica un ataque a la educación pública. Consiguió que se puedan deducir los gastos en educación (obviamente privada) del Impuesto a las Ganancias. Esto implica un incentivo a que más familias trabajadoras se vuelquen a pagar por la educación primaria, secundaria y universitaria, ya que el límite de edad para que los padres puedan deducir la educación de sus hijos será a los 24 años. Nada nuevo de parte del vicerrector de la UBA que negoció con Massa un recorte en la partida para las universidades nacionales.

Como gesto inocuo se sumó la inclusión del Poder Judicial en Ganancias, sin distinguir a los magistrados de los empleados judiciales, que no deberían pagar como ningún trabajador un impuesto al salario. Es una medida que corre riesgo de declararse inconstitucional por los mismos jueces afectados, y que representa solo una recaudación del 0,17% del PBI.

Lo que viene

A pesar de todas las concesiones a los reclamos opositores, el dictamen se aprobó con los votos del oficialismo y de dos diputados de bloques “intermedios”, es decir que JxC no lo firmó. La razón que adujeron desde el macrismo fue que necesitaban tiempo para procesar los cambios que ellos mismos habían solicitado, pero la realidad es que no querían demostrar su acompañamiento total a la política oficialista.

Romina Del Plá desnudó a lo largo de todo el proceso de debate el verdadero carácter de este presupuesto, interpelando a los distintos funcionarios, interviniendo en todas las instancias, pero además planteándole unos días antes al jefe de Gabinete Juan Manzur que el gobierno lleva adelante una política económica macrista.

Quedó claro que la izquierda votará en contra del presupuesto orquestado por el FMI, que ajusta en las partidas fundamentales para la clase trabajadora y no toca más que un ápice los enormes beneficios que recibe el capital.

Es necesario que la clase obrera intervenga en esta situación rechazando la orientación antiobrera y antipopular que lleva adelante el gobierno y vanagloria la oposición patronal. Un paro nacional y un plan de lucha para recomponer el salario, las jubilaciones y los ingresos populares es urgente en medio del descontrol inflacionario y la carestía creciente.

El acto del Partido Obrero en Plaza de Mayo, el próximo 29 de octubre, será también una instancia para organizar el descontento popular, la lucha contra el ajuste y la pelea por poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas.