El anuncio del ministro de Educación, Jaime Perczyk, de aumentar una hora diaria la jornada educativa en las escuelas primarias de jornada simple es una farsa completa de quienes no pueden garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada actual de 4 horas, los nombramientos de los docentes suplentes en tiempo y forma y las aulas necesarias hoy estalladas con más de 50 alumnos y alumnas. En las escuelas, las y los docentes denuncian que no alcanzan a dar siquiera tres horas de clase porque la falta de espacios adecuados para que funcione el comedor hace que los chicos -cuando hay comida- empiecen su alimentación a las 11 de la mañana, sin los trabajadores auxiliares necesarios (lo que hace que el comedor se extienda aún más), sin el mobiliario necesario, sin las escuelas que faltan y que no se construyen.

Esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires, la más numerosa del país, pero también de Córdoba, donde ya se hizo esa modificación con la educación inicial, quitándole a las y los docentes la hora pedagógica sin chicos, pero las maestras denuncian que no hay cargos, no hay vicedirectoras, no hay auxiliares y ahora pretenden que también sirvan el comedor, reduciendo aún más la jornada. Ante el reclamo de las y los docentes, Juan Monserrat (un secretario general de la UEPC y miembro de la dirección de Ctera) respondió “¡Hagamos un jardín de dos horas!”.

¿Aumentar la jornada de estudio? Por supuesto. Pero esta improvisación, que esconde que las autoridades que la anuncian son incapaces de brindar las condiciones mínimas, sólo aportará una nueva frustración.

El segundo aspecto es en qué condiciones laborales se llevaría a cabo esta improvisación. ¿Con docentes precarizados, como los ATR de Buenos Aires? ¿Imponiendo el trabajo los días sábados? La resolución que aprobará el próximo viernes el Consejo Federal de Educación deja en libertad de resolución, para todos estos aspectos, a las provincias, es decir abre la compuerta a la flexibilización de las condiciones de trabajo docente avanzando aun más en una reforma laboral, amenazando con coartar los derechos de las y los docentes que tienen doble cargo e implica también un ajuste salarial.

En tercer lugar, es la profundización del ajuste resultado de décadas de desfinanciamiento educativo, ahora agravado por el pacto con el FMI, que exige destinar todos los recursos del estado para garantizar el pago del endeudamiento externo. La Ley de Educación Nacional del año 2006 establecía el compromiso de alcanzar para el 2021 la jornada extendida de seis horas para el 50% de los alumnos del país. Hoy el mismo Jaime Perczyk reconoce que no llega ni al 14%. La medida inaplicable anunciada por el ministro es el taparrabos del fracaso de los gobiernos y funcionarios educativos en resolver esta necesidad, desde hace dos décadas, y el reconocimiento de que no construirán ni una sola escuela ni generarán las decenas de miles de cargos docentes necesarios para abordar la actual degradación educativa, de la que son responsables todos los que nos gobernaron en las últimas décadas.

En cuarto lugar, como lo reflejan los medios, este anuncio ha provocado la reacción de una importante porción de la comunidad educativa, por las dificultades para llevar a las 7 de la mañana a niñas y niños entre 6 y 10 años.

Además de una improvisación total, la medida implica un ataque a las condiciones laborales de la docencia y, por lo tanto, forma parte de la reforma laboral en curso contra el magisterio. Sin embargo, ha sido denunciado sin el más mínimo planteamiento, consideración o crítica por parte de la burocracia sindical de Ctera.

La extensión de la jornada escolar exige el incremento del presupuesto educativo, del nombramiento de parejas pedagógicas en todos los cursos para abordar un incremento en flecha de la matrícula (entre otras cosas por la imposibilidad de las familias de costear una escuela privada), y de todos los cargos requeridos para recuperar a los alumnos y alumnas desvinculados de la escuela luego de la pandemia, bajo estatuto y con un salario con un básico en blanco que cubra la canasta básica, hoy de 90 mil pesos, y las categorías salariales del estatuto del docente. Becas y sostenimiento económico para las familias, agobiadas por la pobreza y la indigencia, que cubran las necesidades materiales básicas para que las niñas y niños puedan garantizar su educación.