Educación
28/9/2026
El GCBA lleva el nuevo régimen penal juvenil a las escuelas
No a la criminalización de la juventud.
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Con la entrada en vigencia de la ley que redujo de 16 a 14 años la edad de punibilidad, el GCBA estableció un nuevo procedimiento para las escuelas porteñas frente a hechos de “posible relevancia penal”.
La baja de la edad de punibilidad constituye un avance en la criminalización de la juventud y forma parte de una orientación represiva más general. Mientras la crisis social golpea especialmente a los jóvenes y a los barrios populares, el gobierno responde con represión y persecución.
Lo vemos en los operativos que militarizan las villas porteñas y en el pedido de juicio político de Jorge Macri contra la jueza que cuestionó la aplicación de la nueva ley a un adolescente de 14 años. Ahora, esta orientación ingresa también a las escuelas.
Desde la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentamos en la Legislatura un proyecto de declaración repudiando esta persecución y denunciando que la crisis social no se resuelve criminalizando a la juventud, sino garantizando educación, salud, vivienda y trabajo.
El protocolo establece un circuito mediante el cual situaciones propias de la convivencia escolar pueden ingresar en la vía penal.
El gobierno informa que hechos que hasta ahora podían ser abordados principalmente mediante las herramientas del sistema educativo pueden requerir, con el nuevo régimen, la intervención de “otras autoridades”.
De la intervención educativa a la denuncia penal
El procedimiento establece que cuando una autoridad escolar tome conocimiento de un hecho que pudiera constituir un delito deberá denunciarlo. Al mismo tiempo, dispone que la escuela no debe investigar ni determinar si efectivamente existió un delito. Incluso establece que la denuncia no debe demorarse para realizar esa determinación.
La contradicción es evidente: se coloca sobre las conducciones escolares la obligación de activar una denuncia por la posible existencia de un delito que ellas mismas no están facultadas para determinar.
La comunicación enviada por el Ministerio lo sintetiza: “La denuncia y la intervención educativa deberán desarrollarse de manera paralela”. Esto significa que la intervención educativa no desaparece: se agrega a su lado la vía penal.
Los lineamientos mencionan situaciones que pueden presentarse como “conflictos entre pares, bromas, desafíos o interacciones digitales”. Es decir, que el protocolo no se limita a establecer cómo actuar frente a hechos excepcionales, sino que introduce la vía penal en el terreno mismo de la convivencia escolar.
La policía entra a las escuelas
Uno de los aspectos más graves del protocolo es que habilita la intervención policial dentro de las escuelas. Contempla el ingreso de la policía, la revisión de pertenencias de estudiantes y la obtención y resguardo de celulares o computadoras que puedan resultar de interés para una investigación.
No se trata de una medida aislada. El gobierno de Jorge Macri ya viene avanzando en la militarización de las escuelas frente a situaciones de violencia y conflicto. Con este protocolo da un nuevo paso: articula esa política con la baja de la edad de punibilidad.
El gobierno descarga nuevas responsabilidades sobre las conducciones y trabajadores de la educación, colocándolos como parte de un circuito de denuncias e intervención penal que es ajeno a la función educativa.
Necesitamos equipos interdisciplinarios y de orientación suficientes, profesionales para intervenir ante situaciones complejas, políticas de salud y protección integral de las niñeces, recursos para trabajar con estudiantes y familias y condiciones salariales y laborales que permitan a la docencia realizar ese trabajo.
El mismo Estado que recorta o mantiene desbordados los dispositivos educativos, de salud y de protección de las infancias pretende responder a esa crisis ampliando la intervención penal sobre la juventud.
Demos este debate en cada escuela y con toda la comunidad educativa, y organicemos el rechazo a este protocolo, que constituye un nuevo paso en la criminalización de la juventud.
