El presidente de la Nación anunció el fin de las restricciones por la pandemia y el retorno de la educación a un contexto de normalidad. El derrumbe económico, social y sanitario de la Argentina y el avance de las nuevas cepas que preanuncian una tercera ola, lo desmienten. La educación, por supuesto, no es ajena este panorama.

En los casi dos años de gobierno de los Fernández la escuela y la comunidad educativa han sido gravemente atacadas. En el marco de hogares obreros sumidos en la pobreza y la indigencia, el Indec acaba de anunciar que el 53,6% de los niños y adolescentes de hasta 14 años son pobres, más de seis millones de alumnas/os de nuestras escuelas. Esta situación calamitosa existe aún con la recepción de asistencias como la Asignación Universal por Hijo y las tarjetas alimentarias. La eliminación del IFE, la escalada de precios, el aumento de los despidos, salarios a la baja, dos millones y medio de nuevos pobres constituyen el primer gran ajuste a la educación, pulverizando las condiciones de vida de una parte sustancial de la comunidad educativa. Entre los 15 y los 29  años, el índice de pobreza es apenas menor, casi un 48 %.

Un millón y medio de esos niños y adolescentes, se han desvinculado de la escuela, consecuencia del abandono estatal a sus necesidades. No hay ni comedores ni cobertura alimentaria universal en las escuelas, ni becas, ni equipos, ni conectividad que permitan al alumnado más vulnerable su acceso a la educación. Las promocionadas becas “Progresar” son a cuentagotas en la enseñanza obligatoria, solo asisten el acompañamiento para culminar el último año de la primaria o del secundario y aportan una suma mensual de pobreza de $3.600.

La negativa a dar respuesta a estos reclamos elementales de los chicos y chicas y de sus familias acaba de ser ratificada de parte del Ministerio de Educación, conducido por Nicolás Trotta, que por quinta vez se negó satisfacer la demanda de equipos y conectividad que reclamó una nueva movilización multitudinaria de la juventud piquetera, de las/os chicas/os de los barrios obreros, para poder seguir estudiando.

La otra parte de la comunidad educativa, la docencia, percibe salarios de pobreza, en todo el país y en toda la escala salarial, de cero a 24 años, la máxima antigüedad. Se han reducido abruptamente los cargos, dejando a los chicos/as sin docentes y a los maestros y profesores sin trabajo y sin salarios. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, se exige a los docentes dispensados por ser grupos de riesgo volver a las aulas si estás vacunados con las dos dosis, lo que carece de todo criterio epidemiológico, pero responde al ajuste sin fin sobre la educación porque de esta forma se liberan todos los cargos suplentes que los cubren en la presencialidad.

En medio de la peor pandemia de la historia (que el gobierno usa como justificación de su fracaso económico, sanitario y social) y de la peor catástrofe educativa del país, el gobierno se ha negado a utilizar los recursos del Estado para desenvolver una movilización educativa a la altura de las circunstancias, colocando a la educación en la mesa de las discusiones y acuerdos con el FMI.

Presencialidad “descuidada”

Este contexto de ajuste hace inviable la presencialidad cuidada que mienten los Larreta y compañía, pero también  los Fernández o los Kicillof. Bastó el azote de un par de olas polares para que las escuelas mostraran la inviabilidad de su apertura en todo el ámbito nacional. El derrumbe edilicio y de infraestructura es el principal motivo de suspensión de clases (falta de gas, falta de agua, de electricidad, condiciones de inseguridad), y se ha incrementado en medio de la pandemia.

Pero este cuadro de desinversión edilicia y de infraestructura también existe en los pulpos de la educación privada –a pesar de que el 80 % o más está subsidiado por el Estado. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) acaba de reconocer que apenas el 30% de los establecimientos privados pueden sostener la presencialidad, porque en la mayoría de los casos no se pudo resolver la limitación espacial  (falta de aulas y condiciones edilicias para afrontar la educación en medio de la pandemia) y de personal (por la negativa, también de los dueños  tomar más docentes).

Paralelamente, el gobierno peronista ha mantenido y profundizado las políticas mercantilistas de la educación, es decir, de subordinación de la educación pública a los intereses de las empresas capitalistas. El propio ministro Trotta, exrector de la universidad privada UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), es un representante directo de esta orientación. Pero no está solo.

Mercantilización

“A los acuerdos firmados con la fundación Open Society del magnate especulador George Soros y el proyecto ProgamOn llevado a cabo por la corporación Coca Cola junto a la ONG Chicos.net, hay que agregar “Generación Única”, un proyecto impulsado por Unicef, que imprime, claramente, la inclusión del empresariado en las cuestiones educativas” (Tramas, 29/7). Este proyecto de Unicef promueve lo que define  como “iniciativas y soluciones tecnológicas del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito educativo”, que es un verdadero festival de “iniciativas” en favor de los intereses de grandes pulpos capitalistas.

En el Consejo Asesor de “Generación Única” están además del ministro nacional Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Susana Mirassou, presidenta de Inta; Daniela Torrente, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco; Walter Gra­hovac, ministro de Educación de Córdoba y ex secretario general de UEPC;; Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones; Matías Cánepa, ministro de Educación de Salta; Marie­la Nassif, ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero; Adriana Cantero, mi­nistra de Educación de Santa Fe;; Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán; Celia Arena, secretaria de Estado de Igualdad y Género de la Provincia de Santa Fe, y en testimonio de que no hay  grietas a la hora de ajustar y mercantilizar la educación, Cristina Storioni, Ministra de Educación de Neuquén e Isolda Calsina, ministra de Educación de Jujuy.

En representación de las empresas en el Consejo Asesor, entre otros, figuran Agustina Catone, directora de Negocio Responsable y Fundación Telefónica Movistar en la Argentina; Patricia Pomies, directora de Operaciones de Globant; Fernando López Ierva­si, gerente general de Microsoft Argentina; Javier Suez, director comercial de Film Suez; y Pablo Beramendi, CEO de Google Argentina, los pulpos que dominan la conectividad en el país, y que en medio de la pandemia han hecho negocios monumentales, mientras en los barrios, las/os chicas/os carecen de condiciones para la educación virtual.

La burocracia sindical docente, partícipe imprescindible

Esta política de ajuste y de privatización educativa hubiera sido inviable sin la colaboración de la burocracia sindical de Ctera, que integra y apoya al gobierno de los Fernández con la justificación de que con Alberto, Cristina y Kicillof volvieron las “políticas públicas”. Los que se pusieron al hombro la campaña de “Hay 2019”  contra el ajuste macrista en educación juegan un papel de entrega estratégico de la educación pública y de las necesidades más elementales de la comunidad educativa.

La defensa de la educación pública está en manos de los docentes y jóvenes que enfrentan este ajuste, y de la izquierda. En las próximas elecciones,  en la lista “Unidad de la Izquierda” del FIT-U, y en las elecciones sindicales que se vienen, en la recuperación de Ctera a manos de la Lista Multicolor.