Educación
26/8/2024
El juicio por el triple crimen laboral en la escuela de Aguada San Roque
La trama siniestra que desnuda un régimen totalitario (de ayer y hoy) contra la docencia.
Seguir
Aguada San Roque.
Se están desarrollando en estos días las audiencias testimoniales por la explosión en la escuela de Aguada San Roque, que mató en su lugar de trabajo a una docente y a dos operarios de una empresa contratista. Y que por cuestión de minutos no involucró a más personal o a los estudiantes que se habían retirado apenas momentos antes.
Este lunes 26 de agosto se inician los alegatos y luego se determinará la culpabilidad de los imputados… o seguirá el festival de absoluciones.
Se llega al juicio luego de que el aparato judicial otorgara impunidad en primer lugar a la ministra de Educación de aquel entonces, Cristina Storioni, que falleció libre de culpa y cargos. Y también se liberó de toda responsabilidad a los funcionarios del Consejo de Educación responsables directos de forzar que hubiera clases ese día en esa escuela.
Llegan a estas audiencias como imputados solamente directivos de la empresa y funcionarios de Obras Públicas, que obviamente tienen responsabilidades directas.
Las audiencias están sacando a la luz lo que es “vox populi”: una trama de corrupción, autoritarismo y desprecio por la vida de las y los laburantes de un Estado que hace de la obra pública una fuente de negociados como único objetivo.
No se construye para satisfacer necesidades populares del tipo que sean (educativas, vivienda, etc.), sino que esa es la excusa para poder montar un rentable negocio capitalista basado a menudo en la corrupción. Es que las pruebas son elocuentes.
El gran negocio de la obra pública
La obra en la escuela estaba certificada al 100%, los trabajos del contrato de obra aparecían como finalizados. Pero se estaba lejos de que eso fuera así.
Desde el inicio del año 2021 que al ministerio de Educación le urgía volver a la presencialidad. El 21 de enero, la ministra Storioni mantuvo una reunión virtual con un grupito de madres/padres autotitulados “Padres Organizados de Neuquén” donde les dijo que era “un objetivo prioritario del gobierno provincial garantizar la presencialidad”.
Surgió en las audiencias que un mes más tarde el maestro mayor de obras, que oficiaba de subcontratista de la empresa adjudicataria de la obra, envió un WhatsApp a los operarios diciendo “vamos a tener que meterle rosca para terminar los primeros días de marzo, están rompiendo las bolas de Educación”. Educación, es decir, el Consejo de Educación y el Ministerio, apuraba la obra para cumplir el objetivo prioritario del gobierno, que no era otro que garantizar la presencialidad.
¿Acaso había cedido la pandemia como para apurar el regreso físico a las escuelas? De ninguna manera-Los partes diarios emitidos por el Ministerio de Salud de la provincia muestran que para ese momento las camas de terapia intensiva estaban ocupadas al 100%, que se morían personas y que la cantidad de contagiados no cedía. Estos partes son de público conocimiento.
Otros registros extraídos de los celulares demuestran que a principios de marzo, el representante técnico de la empresa adjudicataria, el arquitecto Diego Bulgheroni, le pide al subcontratista que “apure la obra” y que le mande fotos para “hacer el certificado de obra”, es decir, para iniciar el trámite de cobro por parte de la empresa. Así, unos días después, la obra estaba terminada desde lo “administrativo” (para el cobro de los trabajos) pero de ninguna manera en la realidad.
Así es que el 15 de marzo, la dirección de Obras Públicas elaboró el certificado de finalización de obra con fecha 12 de ese mes, y con la firma del supervisor de la misma.
Y llega el fatal mes de junio del 2021
El 11 de junio, el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación emite la Resolución 0440/2021, solo con la firma de los vocales gubernamentales, entre ellos Danilo Casanova. A través de esta Resolución se aprueba “un Plan de Presencialidad Administrada para el restablecimiento de las clases presenciales en el sistema educativo provincial”. En el Anexo Único de esta Resolución se detallan unas 80 escuelas rurales que deben regresar a la presencialidad a partir del 14 de junio; en ese listado figura la escuela de Aguada San Roque.
El 22 de junio, el CPE, también solo con las firmas de los vocales gubernamentales, emite la Resolución 0461/2021 por la cual incorpora la presencialidad obligatoria en nueve localidades de la provincia (escuelas urbanas).
Satisfecha por esta coacción para regresar físicamente a las escuelas, aún con condiciones muy graves de pandemia y con alto nivel de contagios, la ministra de Educación declara en el diario La Mañana de Neuquén que esas resoluciones “deben ser acatadas, aunque a no todos estén de acuerdo” (25/6/2021).
Es que ni la docencia, ni los auxiliares de servicios ni tampoco las vocalías gremiales en el CPE estaban de acuerdo con el regreso prematuro y de prepo a la presencialidad.
Incluso la ministra en su reportaje miente alevosamente cuando afirma que su decisión estaba basada en “el estado epidemiológico brindado por las autoridades de Salud”, cuando los partes del Ministerio de Salud se difundían masivamente y decían lo contrario.
La ministra de Educación, el mismo día del reportaje en LMN, había impulsado otra resolución, la 0470/2021, por la cual disponía “el regreso a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”.
Cuatro días después, el 29 de junio, explota la escuela de Aguada San Roque. La ministra murió impune, y los vocales gubernamentales, como Danilo Casanova, firmantes de esas resoluciones, ni siquiera están imputados.
Empresa, fiscales y funcionarios, un combo letal
Además de la corrupción para certificar y cobrar por obras no realizadas, surgió de las declaraciones testimoniales un verdadero “modus operandi” para saquear los fondos públicos y el aparato de fraternidad entre empresarios y fiscalías.
Por ejemplo, el arquitecto Gabriel Potas fue sobreseído durante las audiencias testimoniales de la semana pasada. El profesional tenía el cargo de Coordinador Interinstitucional de Planificación e Infraestructura del Ministerio de Educación y era el nexo entre este ministerio y el de Obras Públicas.
Y surge de los testimonios y audios recuperados que tal “coordinación” solo funcionaba para agilizar los cobros de la empresa. A tal punto que se aportó la opinión de una empleada con tareas de contralor que escribió al director Provincial de Obras Públicas: “El inspector trabaja para la administración y no para la empresa. Y si quiere favorecer a la empresa, entonces que se juegue y que ponga que al finalizar el mes estaban al cien por cien (las obras), no ‘trabajos ejecutados cien por ciento. Hay que ser bien claros en las actas. Porque después tenemos estos problemas también con la redeterminación (de precios) y todo. Y queda evidente. Quedan desprolijas las cosas. Ya lo hemos hablado. Por favor, chicos, por favor. Si no, yo voy a empezar a devolver actas con informe”.
Pero el entramado de corrupción no se detuvo ante el alerta temprano que dio una empleada pública con rasgos de honestidad. Se podría haber evitado el triple crimen laboral con solo cumplir el pedido de esta empleada.
El peritaje a los teléfonos de varios imputados con rangos de funcionarios de Obras Públicas y el representante técnico de la empresa contratista arroja que solo este último estuvo en la zona de la obra en Aguada San Roque el 12 de mayo de 2021, pero no se puede inferir que el responsable de inspeccionar la obra haya visitado el sitio, según correspondía a su tarea. Y también que la certificación (y cobro por parte de la empresa) se hacía por fotos, no por inspección del adelanto de obra en el propio terreno.
Pero también es muy grave que uno de los acusados haya declarado en las audiencias, que “recibió un llamado telefónico de la fiscal Gabriela Macaya, quien le advirtió que se iba a producir un allanamiento en las oficinas de la empresa, a causa de la explosión”, y le dijo “que era a pedido de otra fiscal, pero que a ella no le parecía (el allanamiento), que podría llevarle directamente la documentación” (LMN, 21/8).
Gabriela Macaya es fiscal de la causa. Este testimonio aparece expresado en estos días en que ese Ministerio Público Fiscal directamente allanó y llevó esposadas a 10 mujeres de movimientos sociales en un cinematográfico procedimiento. Lo que conocemos como doble vara.
Aunque aquel 29 de junio de 2021 el gas causó la explosión y el triple crimen laboral, debe considerarse que si eso ocurrió, la culpa no es del gas, ni de la directiva o la docente y operarios fallecidos, sino de empresarios y funcionarios corruptos amparados por un aparato judicial no menos enrolado en tanta porquería.
Castigo para todos los responsables políticos del triple crimen laboral de Aguada San Roque, faltan patas del combo letal en el banquillo de los acusados. Reclamamos justicia.
