El nuevo plan para “reabrir” establecimientos educativos en la Ciudad de Buenos Aires ha reactivado las alarmas entre familias, docentes y, especialmente, entre los trabajadores más precarizados de los programas socioeducativos de la ciudad. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, lo presentó al gobierno nacional cuando aún no han descendido los altos índices de contagios diarios de Covid-19.

El plan abarcaría instancias de encuentro entre las 9 de la mañana y las 12, en 48 plazas de la ciudad, destinadas a estudiantes de nivel primario y secundario, a cargo de los y las trabajadoras de los programas socioeducativos y de otros programas. Allí rige una precarización laboral muy denunciada, como en jornada extendida o los centros de actividades infantiles.

La fecha de inicio prevista sería el 28 de septiembre y estaría en estudio por el Ministerio Nacional de Educación, que deberá expedirse en los próximos cinco días.

Según las propias declaraciones de Acuña, a diferencia del anterior plan del gobierno porteño (que fue derrotado por la lucha de la comunidad educativa), este plan no apuntaría a los “desconectados” (aquellos que no tienen garantizada la conectividad para las clases online). La estrategia ahora estaría dirigida a la lectura para niños y niñas de primer grado de primaria; y a actividades de recreación para estudiantes de los últimos años de secundario que no estén comunicados con la escuela.

Como en los bares

En una entrevista en Telefé, la ministra dijo: “vamos a sacar las mesas y sillas a la puerta de las escuelas, como en los bares” (15/9).

Acuña y Larreta se montan sobre las sistemáticas flexibilizaciones promovidas o aprobadas por el gobierno nacional, que llevaron a habilitar en la ciudad (con un piso de 1000/1200 contagios diarios) reuniones sociales al aire libre de hasta diez personas y el consumo en bares y restaurantes.

Merece preguntarse: ¿qué es lo que apresuradamente se proponen hacer?

La pandemia ha causado un sufrimiento en todo el mundo e impacta de forma desigual según la clase social. En vistas a la actividad escolar, los recursos educativos –dispositivos digitales, conectividad, becas, alimentación- son fundamentales para el acompañamiento pedagógico, tal como reclamamos desde la docencia y desde la juventud del Polo Obrero, entre otros sectores. El drama de la deserción escolar, según investigaciones recientes, asciende hasta el 50% de “desconectados”; y está cuestionado su regreso en lo inmediato a la educación formal. Estas cifras colocan al Estado como responsable del agravamiento de la crisis educativa.

En estas condiciones, cualquiera de las formas que se analicen para regresar a la presencialidad está determinada por la pandemia, pero también por el presupuesto de emergencia que se destine para readecuar espacios, montar mobiliario nuevo, arreglar la infraestructura escolar, recursos de higiene y seguridad. También coloca la necesidad de tener más docentes a cargo, y no menos -como está haciendo el gobierno, cesando a docentes suplentes que han quedado sin ingreso en medio de la pandemia.

Pero la orientación planteada es la contraria. La perspectiva de ajuste en el presupuesto 2021, a tono con las demandas del FMI, tendrá también tendrá su expresión en los presupuestos de CABA, como ya se demostró en el miserable bono a la docencia (desconociendo la paritaria firmada por el propio gobierno) y en la falta de entrega de computadoras. Así, sin señales de que el Estado vaya a destinar ni un peso para educación, esta propuesta es un “como si” pedagógico, una fuerte improvisación que puede derivar en una aventura riesgosa.

Para defender la educación

Desde el punto de vista académico y pedagógico, el plan no se propone una reorganización de los contenidos educativos, planificando un trabajo de la jurisdicción de cómo pensar la eventualidad de no regreso a la presencialidad y las estrategias para ello.

La comunidad educativa se ha tenido que adaptar a nuevas situaciones, abandonada por los gobiernos. Ahora, están puestas en el centro de la escena la negación del gobierno porteño de la exposición al virus en las escuelas, así como las presiones sobre familias y estudiantes, cuando la preocupación central deberían ser qué aprendizajes, qué contenidos, qué estrategias, con qué recursos.

Estamos hablando de una situación traumática. Con fuertes presiones laborales, sufrimiento infantil y adolescente, familias contagiadas y una creciente miseria social.

El Consejo Federal de Educación, por donde pasan todas las reformas educativas y acuerdos entre ministerios de educación, debería instar a las jurisdicciones a trabajar con la hipótesis de la imposibilidad del trabajo presencial, para rediseñar y readecuar el calendario escolar, ejes prioritarios, recursos, materiales especiales, programas de acompañamiento a las trayectorias escolares. Dando así cierta previsibilidad, dado el contexto de “federalización” de pandemia en todo el país.

Cualquiera de las formas que se proponen para pensar una futura presencialidad no puede ser sin el acuerdo de la comunidad educativa, de estudiantes y sindicatos docentes. Nuevamente la lucha de la docencia, en unidad con estudiantes y familias, será un punto fundamental para enfrentar esta ofensiva. Tanto frente a la exposición al virus en los lugares de trabajo, donde las patronales tienen una responsabilidad directa, como por la educación pública y el acceso de la infancia y la juventud a ella. Se ha demostrado que esta defensa está en manos de los que luchan contra los ataques de los gobiernos capitalistas.

https://prensaobrera.com/educacion/caba-postergan-los-reclamos-urgentes-de-les-estudiantes-docentes-y-familiares/