Educación
24/9/2024
El Presupuesto 2025 del desfinanciamiento educativo
Las partidas quedan a discreción de la motosierra de Milei.
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Foto: Anred.
El proyecto de Presupuesto 2025 presentado por Javier Milei significa más desfinanciamiento a la educación pública. Elimina las normativas legales que establecen pisos mínimos de partidas destinadas al área, quedando las mismas sujetas a la motosierra del presidente. Sin embargo, el gobierno insiste en responsabilizar a la docencia del fracaso escolar con el objetivo de prohibir el derecho a huelga de quienes luchan por mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.
El artículo 27° del presupuesto plantea la suspensión del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (N°26.206) y del artículo 52° de la Ley de Educación Técnico Profesional (N°26.058). El primero establece que el presupuesto destinado a educación no debe ser inferior al 6% del PBI, el segundo dispone que el 0,2% de los ingresos del Sector Público Nacional debe ir al financiamiento de las escuelas técnicas.
Si bien esas normativas han sido incumplidas sistemáticamente por los sucesivos gobiernos, su derogación constituye una señal política por parte de Milei de que su compromiso de superávit fiscal será a costa de ahogar presupuestariamente a la educación. Como se ocupó de aclarar, no serán variables de ajuste ni el pago de la deuda usuraria ni las ventajas impositivas a los empresarios.
En concreto, menos presupuesto en educación significa cierre de cursos y comisiones, problemas de infraestructura, peores viandas, menos becas, peor oferta horaria en las universidades, más miseria salarial para los docentes, falta de equipamiento y material de estudio. En consecuencia: peores condiciones para construir conocimientos, menos días de clases por la crisis edilicia y deserción estudiantil. Finalmente, el objetivo de fondo del gobierno es lanzar al mercado laboral jóvenes con menor calificación pasibles de ser superexplotados por las patronales. De este modo, continúa el trabajo que inició con la sanción de la reforma laboral antiobrera incluida en la Ley de Bases.
La hipocresía de Milei es tal, que, mientras hace explícita su voluntad de desfinanciar la educación, continúa adjudicando la responsabilidad de la crisis educativa a los docentes que hacen paro. Justamente, quiere ilegalizar las huelgas por medio de la “esencialidad” para que los docentes y estudiantes no se rebelen contra esta nueva ofensiva hacia la educación pública.
Cabe destacar que los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y Juan Grabois desprestigiando a la docencia son completamente funcionales a los objetivos del gobierno. Ni qué decir de la dirección peronista de CTERA, que no organiza plan de lucha alguno para enfrentar la esencialidad antihuelga ni para exigir la devolución de los fondos educativos nacionales.
El desafío más próximo es poner en pie asambleas en todos los lugares de estudio para preparar una movilización masiva el próximo 2 de octubre. Ganemos las calles para derrotar el feroz ajuste en educación que impulsa el gobierno nacional en sintonía con los gobernadores. Es ahora.
