El pasado 2 de julio en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), integrado por el ministro nacional, Nicolás Trotta y los ministros del área de todas las provincias y CABA, más la representación sindical, entre ellos de Ctera, se votó un pomposamente denominado “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores”.

Construyendo sobre lo construido

En enero de 2016, recién asumido el gobierno de Cambiemos, el CFE se reunió en Purmamarca y entre las premisas que fijó fue “construir sobre lo construido”. Es decir, darle continuidad y profundizar la flexibilización laboral, la pérdida salarial y la precarización de la docencia. Vueltos al gobierno con el Frente de Todos, los “nac&pop” que “construyeron” durante una década, retoman ahora a partir de los ladrillos colocados por los “neoliberales” del macrismo durante cuatro años.

Una expresión de esto es el protocolo del CFE. Si bien la pandemia obligó a improvisar en las primeras semanas, muy pronto fue vista por la orientación capitalista de la educación, como una oportunidad de introducir cambios laborales contrarios a las y los trabajadores de la educación, que se fue plasmando en distintas acciones a lo largo y ancho del país, por ejemplo la no cobertura de vacantes primero, y luego a cuentagotas, con especial énfasis en cargos y asignaturas que se buscaban flexibilizar o hacer desaparecer en los proyectos de reformas curriculares en danza.

En la medida que se liberaron las actividades económicas, los gobiernos nacional y de provincias, así como de CABA, pusieron manos a la obra para diseñar protocolos para la “vuelta al aula”. Esos protocolos encierran una profunda flexibilización del trabajo docente, así como la potenciación (con la excusa de la situación excepcional de pandemia) de la precarización laboral y el traspaso de una parte de la tarea educativa por fuera de la docencia formal, titulada.
En síntesis, los protocolos son un ataque a los derechos laborales docentes, a sus conquistas históricas, que en su momento fueron catalogadas como “privilegios” por parte del progresismo en el gobierno. Muchas de estas medidas ya figuraban, a veces un poco más disimuladas tras un lenguaje evasivo en la normativa y leyes educativas. Pero les resultaba muy difícil su instrumentación, que ahora aparecen bajo la forma de este protocolo y el gran argumento de la solidaridad durante la pandemia.

Liquidación de la jornada laboral

Se introduce una nueva forma laboral de jornada laboral nominada bimodalidad o experiencia pedagógica bimodal (la presencial en el aula y también la virtualidad): “para el sector de estudiantes que porque la familia lo decide, o porque se adopta un sistema de rotación en la presencialidad, o porque por razones de riesgo, en el tiempo que no concurran a la escuela, el docente debe garantizar la integración del trabajo presencial y el no presencial” (8.8). Esta forma se complementa con varias obligaciones duales más en otros puntos.

Esto implica que la jornada laboral del docente deberá prolongarse, luego del aula desde su propio domicilio. Porque está claro que no se puede dictar clase presencial con 15 estudiantes y al mismo tiempo hacer el seguimiento o acompañamiento pedagógico de los que no están en el aula.

El argumento será que la jornada laboral en la escuela se verá reducida en tiempo, y por lo tanto hasta completar la carga horaria debería seguir trabajando con una TICs desde su casa.

Esto tiene absoluta compatibilidad con el acuerdo paritario firmado por Ctera con el ministerio de Nación el 4 de junio de este año, cuando en su “punto 4) Jornada de trabajo”, establece que la obligación docente es trabajar su carga horaria, pero no dice en el tiempo que figura en su Declaración Jurada. Por lo tanto, si la jornada presencial es reducida en el aula, pero tiene una serie de nuevas tareas a cargo del docente, como desinfectar la escuela, la jornada laboral será de más cantidad de tiempo que la carga horaria declarada.

Pero esto no es todo. También se establecen las “cursadas complementarias” durante los fines de semana o en época vacacional (8.28), ya que plantea las escuelas de verano o la atención a agrupamientos fuera del horario escolar establecido, por ejemplo los fines de semana (8.29).

Precarización de contenidos e infraestructura

Se habilita el uso educativo de espacios edilicios complementarios (8.4) para lo cual plantea “abrir un registro de organizaciones y centros locales/comunitarios o barriales que pueden colaborar en esta actividad” (8.33). Esto no es otra cosa que incorporar al sistema educativo formal, todas las tareas de alfabetización, en el mejor de los casos, o de mero apoyo escolar que se brinda en merenderos, centros vecinales, etc.. Esto es contradictorio con el planteo de un “Protocolo….” para volver a la escuela, que establece que no necesariamente sea volver a la escuela.

En función de esa precarización plantea “refuncionalizar los perfiles de referentes, asistentes técnicos territoriales, facilitadores y maestro/as comunitarios de diferentes programas educativos y sociales, con el fin de asistir a la población con mayores necesidades pedagógicas y sociales, así como aquellos que han interrumpido o nunca han iniciado la educación obligatoria” (8.21).

Polifuncionalidad docente

Además de la bimodalidad el “Protocolo….” también recomienda que “las/los docentes y las/los estudiantes, a partir del nivel primario, tomen medidas para la desinfección de su lugar de estudio al inicio y terminación de la jornada escolar; no reemplazando la limpieza institucional, sino para incorporar hábitos de higiene en sus lugares de uso habitual”.

Como si fuera poco, además de tareas que serían propias de personal de salud, especializado, los docentes también deben “desarrollar las unidades pedagógicas a partir de núcleos problemáticos/significativos que integren diversos contenidos y faciliten el trabajo multidimensional y que contemple criterios de pluridisciplinariedad”. (8.14). Esto va directamente contra la especificidad de cada asignatura y título del docente, y obliga prácticamente a fundir contenidos de dos o más asignaturas en una, para lo cual transforma en prescindibles a algunas asignaturas y sus respectivos docentes.

En estos tres subtítulos resumimos otros ajustes que introduce el llamado “Protocolo…” del CFE.

¿Y Ctera?

En las reuniones del CFE participa la Ctera a través de sus dirigentes como Sonia Alesso, Roberto Baradel y otros. Respecto a este “Protocolo….” del “compañero” ministro Trotta, la Ctera no ha pronunciado palabra. Y respecto a la tarea de las y los docentes en la presencialidad la Ctera se ha limitado al acuerdo paritario con Nación del pasado 4/6/2020, que a su vez remite al Acta Paritaria de fecha 22 de febrero de 2011, punto 4, en cuanto dispone: “aceptar las recomendaciones básicas de prevención elaboradas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo…” . En primer lugar son medidas básicas, elementales, de ninguna manera contemplan, ni podían contemplar hace 9 años atrás, una situación de pandemia.

Y deja las particularidades de la pandemia a un mecanismo consensuado “en los espacios institucionales nacional y jurisdiccional establecidos para tal fin”. Algunos consensos deben haber existido porque el secretario general de Aten y secretario de Administrativo de Ctera, Marcelo Guagliardo, afirmó que “la Ctera confeccionó un reglamento a nivel nacional, que deberá ser adaptado en cada jurisdicción”.

Sonia Alesso ha dicho a los medios que volver a clases es “peligroso en medio de la actual coyuntura sanitaria” y que ese regreso se “debe consensuar con los docentes”. Todas posiciones de compromiso. No se conocen en la base de las y los trabajadores de la educación el famoso “reglamento” del cual habla Guagliardo.

Lo que sí es seguro es que Ctera no rechaza este “Protocolo….” de las patronales del CFE.

Tomemos la iniciativa

Aunque el regreso al aula no sea inmediato, la presentación de protocolos de trabajo presencial, defendiendo y ampliando las conquistas laborales de las y los trabajadores de la educación, como han realizado el Sutna, la Junta Interna del Inti y otros lugares, es una tarea central, sumando la conformación de los electos comités de bioseguridad e higiene.

Es central porque se trata de impedir nuevos ajustes sobre las conquistas laborales y la disputa sobre el dominio de los lugares de trabajo, en momento que la regimentación de las autoridades educativas es parte de la política más general de regimentación social.

Dejar en manos de las patronales estatales y privadas la imposición de las condiciones de trabajo es parte del dejar pasar el ajuste que abonan las burocracias sindicales, como parte de la tarea de contención y bloqueo de las luchas obreras.