03/02/2021
CABA

La precariedad del plan de presencialidad masiva que se niegan a explicar Acuña y Quirós

La judicialización de la vuelta a clases en CABA.

El juez Roberto Gallardo citó a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, el día 10 de febrero para que expliquen algunos de los aspectos del protocolo de escolaridad presencial masiva que el gobierno pretende aplicar el próximo 17 de febrero.

El amparo fue presentado por trabajadores auxiliares que están preocupados dado la exposición que tienen en su tarea cotidiana de limpieza en las escuelas.

El objeto procesal es acotado en la medida que solicita información respecto a los testeos para trabajadores de la educación, su seguimiento y qué medidas se tomarán al respecto. Mientras, las familias, las cooperadoras escolares, sindicatos, están reclamando sobre la falta de condiciones epidemiológicas y sobre condiciones materiales de los establecimientos, por ejemplo, la seguridad e higiene de los mismos, sin obtener respuesta alguna.

Sin embargo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta rápidamente salió a responder que recusarán al juez en cuestión, demostrando que en realidad el plan del gobierno es tan precario que no pueden dar las explicaciones de la iniciativa aperturista, de la que se aferran como bandera para diferenciarse del kirchnerismo en año electoral. Al ser recusado Gallardo cede lugar y la causa pasaría a la jueza Paola Cabezas Cescato a cargo del juzgado CAyT N º 11.  Como antecedente esta jueza rechazó los amparos de familias que quedaron sin vacantes en las escuelas públicas, en marzo del 2020.  Esta jueza intentó bajar medidas cautelares, aseguran los abogados de las familias, argumentando en sus fallos que “la tarea de garantizar el nivel inicial por parte del gobierno de la ciudad no era tan importante”. Ella tendrá a su cargo definir si se lleva adelante la citación o no y los términos.

Los que se jactan de republicanos y meses atrás salieron a apoyar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de CABA, que permite que el gobierno no garantice el acceso a la educación pública, en un claro giño a la política de Larreta que deja a miles sin vacantes escolares, ahora se quejan de la falta de parcialidad.

Recordemos que la escolaridad presencial masiva fue incorporada en el decreto de Alberto Fernández en la extensión de la Dispo, quien le otorga la facultad a cada provincia que defina cómo y cuándo abre, entre ellas CABA.

Deberían preguntarle también al Estado nacional cómo piensa garantizar la bioseguridad en las escuelas, mientras han fracasado en la administración de la pandemia, colocando a la Argentina entre los primeros países de muertos por millón de habitantes, sin destinar tampoco presupuesto educativo dado su orientación fondomonetarista.

El “protocolo” de costo cero

Al igual que a nivel nacional y en las provincias, como resultado de una política aperturista sin restricciones cuando en los centros urbanos aún no ceden los casos de covid (CABA registró en las últimas 24 horas 1.238 nuevos casos y 15 fallecidos), los protocolos que vende el gobierno son de costo fiscal cero y descarga el peso de la responsabilidad sobre las escuelas.

En las últimas reuniones con los sindicatos se han incorporado cuestiones menores, a pedido de los sindicatos amigos del gobierno. La guía de cuidados en la escuela, recomendaciones sobre la ropa de trabajo en el nivel inicial, orientaciones para educación física, todo a cargo de los equipos directivos, docentes y auxiliares.

No hubo información sobre los recursos para infraestructura escolar, se mantiene la convocatoria a todo el grupo escolar de hasta 30 personas, sin información sobre los espacios y aulas disponibles, sin red de transporte, sin los cargos docentes y no docentes que se necesitan, sin los dispositivos digitales que se le reclamaron durante todo el año pasado que, ahora, viene con un ajuste en la partida destina al programa “Sarmiento” de tecnología educativa y sin atender el reclamo a las licencias y dispensas para cuidado, de personal de más 60 años considerada de riesgo que no está incluido en el protocolo, entre las demandas más urgentes.

Todos estos reclamos deben ser colocados para que rindan cuentan los gobiernos, promoviendo la deliberación y la acción de la docencia y de toda la comunidad educativa, porque ambos bloques políticos no difieren en lo esencial, en medio de una crisis capitalista inédita descargan la crisis sobre la educación, la salud y los trabajadores.

Por eso, la lucha en defensa de la educación y de la salud está en nuestras manos.

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