Educación

25/10/2022

Larreta y Acuña insisten con demandar a los padres de les estudiantes que defienden la educación

366 denuncias a padres y madres no resuelven la crisis educativa.

Corresponsal

La actual ministra de Educación y quien se posiciona como precandidata a jefa de Gobierno, Soledad Acuña, exige 50 millones de pesos de multa a los padres y madres cuyos hijos e hijas participaron de tomas de colegios. Fueron 366 los padres y madres que el gobierno denunció. El macrismo continúa con una campaña de estigmatización, persecución y hostigamiento sobre lxs estudiantes primero y luego sobre las familias que apoyaron las tomas, que colocaron sobre la mesa todos los reclamos de las comunidades educativas. La ministra hace un show mediático en función de su posicionamiento político-electoral cuando debiera dar solución a los reclamos.

“Se hacen expedientes por escuelas. En algunos casos se sumaron los daños por vandalismo y en otro, en las que tienen obras, las moras. Hay reclamos por 1,4 o 1,5 millones de pesos, pero eso lo decide la Justicia”, dijo la ministra hoy en una entrevista radial con Radio Mitre.

Las tomas fue la única manera de colocar en agenda las problemáticas de la educación y conseguimos conquistas parciales. Tenemos el ejemplo del colegio Rodolfo Walsh, que pudieron posponer la aplicación de las pasantías, como también lo lograron el Lenguitas y avanzaron con algunos reclamos edilicios particulares. Esta victoria parcial se consiguió gracias a la organización independiente de les estudiantes con métodos de lucha muy concretos: asamblea, toma y movilización. La oleada de tomas en toda capital presionó al gobierno de la ciudad para dar respuesta ante los reclamos de la comunidad educativa.

La maniobra por parte del gobierno de Larreta para desarticular la lucha también se expresa en la extensión del ciclo lectivo hasta mediados de diciembre, mientras continúa sin dar respuesta a los reclamos de lxs estudiantes con respecto a la anulación de las “pasantías obligatorias”, que no son otra cosa que trabajo esclavo, sin paga y que acrecienta la brecha social entre las escuelas ricas y pobres; ni sobre los planes de obra para las escuelas derrumbadas, el recorte de las viandas que encima llegan en mal estado, o en relación a la implementación de la ESI laica y científica en el plan de estudios. Las tomas se reanudaron por el incumplimiento del gobierno a asistir a las mesas de diálogo, como en el Normal 5, que se cae a pedazos y la comunidad educativa convive con ratas. Por contrapartida a la toma, la respuesta del gobierno porteño no sorprendió a nadie: por la mañana dos efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en las afueras de la institución para intentar amedrentar, una vez más, a los estudiantes y sus reclamos.

Sobre la medida, Amanda Martín, docente y secretaria gremial de Ademys, dijo: “Estas denuncias jurídicamente no tienen ningún sustento. Es un nuevo intento de amedrentar al movimiento estudiantil, que reclama por condiciones de cursada y contra las pasantías laborales truchas. La ministra persigue a lxs pibes que toman los colegios y realizan movilizaciones. Esta persecución a las familias es hacerlos pagar una especie de ‘costo’ por los días de clases perdidos, pero los días en las escuelas se pierden por las faltas de condiciones, de la cual el gobierno es responsable”.

 

La intransigencia del gobierno de la Ciudad responde a una decisión consciente de seguir ajustando la educación pública y empujando las reformas privatistas y mercantilizadoras, mientras abunda en beneficios y concesiones a la educación privada. Esta ofensiva la van a quebrar los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa con la organización y la lucha.