Luego de que el gobierno porteño reconociese el gran número de niños y jóvenes que están sin posibilidad de sostener su escolaridad, por carecer de dispositivos tecnológicos y conectividad, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, anunció que se entregarían, a través del programa Juana Manso, 6.500 dispositivos y se colaboraría en garantizar las conexiones.

Estos hechos ponen de manifiesto el retraso de ambos gobiernos en dar una solución urgente a miles de estudiantes, tras años de interrupción del Programa Conectar Igualdad (a nivel nacional) y del Plan Sarmiento (a escala local).

Esta propuesta del ministro Trotta es una respuesta al rechazo masivo de la comunidad educativa porteña al intento de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, de reabrir las escuelas para que los estudiantes utilicen allí los dispositivos y el acceso a internet. Una medida irresponsable y aventurera, en una ciudad que tiene más de 1.200 casos diarios de Covid-19 y una peligrosa saturación del sistema sanitario, que provocó una masiva organización por abajo de la docencia, impulsando pronunciamientos y asambleas por escuelas y distritos con participación de supervisores, directivos y docentes de base, y que contó con un fuerte apoyo de las comunidades educativas.

Fue esta reacción de la docencia la que impuso un freno al intento de reapertura de escuelas, logrando evitar que del resultado de su actividad se dispararan los contagios. Significó una derrota del gobierno porteño en su autoridad para imponer una decisión política que sirviera de ejemplo para toda la clase capitalista y los gobiernos provinciales y nacional. Pero también puso de manifiesto las necesidades materiales para sostener la continuidad de la escolaridad en la “no presencialidad” y las responsabilidades del gobierno nacional en las reaperturas prematuras.

El alcance de las medidas anunciadas

En un reciente artículo (1), Adriana Puiggrós, recientemente “renunciada” de su cargo como viceministra de Educación, estima un promedio general del 50% de los estudiantes de todos los niveles educativos que habrían abandonado su proceso de escolarización desde la suspensión de clases. Y que al menos la mitad de esos estudiantes probablemente no regresarán al sistema educativo, al menos en el corto plazo.

Un balance lapidario para una intelectual-funcionaria que es co-responsable de la situación de la educación desde diferentes cargos desde hace años. Las razones de este preocupante problema de desescolarización son múltiples. Pero cabe plantearse como hipótesis que la falta de dispositivos y acceso a internet es un factor importante, teniendo en cuenta que la “virtualización” no puede sostenerse sin ellos.

A fines de junio, el ministro Trotta anunció el proyecto de entregar hasta fin de año 350.000 computadoras (y dar créditos a docentes a tasa subsidiada para la compra de equipos) (Télam, 24/6). “Dentro del programa Juana Manso, planeamos entregar 350.000 computadoras para alumnos de tercer y cuarto año del secundario y del primer año del ciclo orientado”, dijo Trotta y agregó: “sabemos que con esto no resolvemos el problema de la conectividad ni la desigualdad digital”. Explicó que el financiamiento para la compra y entrega de computadoras “lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, pero increíblemente nos encontramos con el obstáculo que no hay stock en el país” (ídem). Recién para el mes de julio se avanzó en negociaciones con la Cámara de la Electrónica para determinar el precio de cada equipo, luego de más de tres meses de suspendidas las clases.

Ya en febrero, el gobierno nacional había informado que se encontraron más de 100.000 dispositivos abandonados por el gobierno macrista, quien había suspendido el Programa Conectar Igualdad. “Se encontró con que había más de 101 mil computadoras, tres mil tablets y dos mil proyectores pertenecientes a distintos programas educativos que nunca habían sido entregados por el gobierno anterior” (Página 12, 1/2).

Hasta el momento, no está claro el cronograma de entrega de estos dispositivos. Se informó el envío de cerca de 40.000 computadoras (netbooks y tablets) a provincias del norte y el gran Buenos Aires, y se anunció el envío a las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán y cuatro distritos del AMBA (Página/12, 31/8).

A esto debe agregarse el anuncio de entrega de 6500 dispositivos para los estudiantes de CABA.

Por su parte, el gobierno porteño abrió la inscripción para la entrega de dispositivos a los hijos de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y la ministra Acuña declaró ante medios periodísticos que se habrían entregado 13.000 equipos, algo difícil de corroborar ya que no existe un registro público de las escuelas cuyos alumnos los habrían recibido. Cabe aclarar que las entregas deben pasar por un filtro de carga de formularios y requisitos que luego son evaluados por el Gobierno de la Ciudad.

Sobre las posibilidades de conectividad gratuita, tanto el gobierno nacional como el porteño no han dado una solución concreta en lo que va de la suspensión de clases.

¿Qué fue del Programa Conectar Igualdad y el Plan Sarmiento?

En estos anuncios oficiales queda de manifiesto un común denominador: ambos gobiernos están lejos de una política universal de entrega de dispositivos y de garantizar realmente la conectividad para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. Incluso, cada gobierno está por detrás de sus propias gestiones anteriores (Cristina Fernández como presidenta y Mauricio Macri como jefe de gobierno).

Tanto el Programa Conectar Igualdad como el Plan Sarmiento de entrega de dispositivos (lanzados respectivamente en 2010 y 2011) formaron parte de una campaña a nivel internacional impulsada por Nicholas Negroponte de entrega por parte de los estados de una computadora a cada niño (“One Laptop Per Child”, OLPC), que contó con el apoyo de Google y otras corporaciones informáticas. Ya Microsoft comprendía que, sin un acceso masivo a las computadoras en las escuelas, las industrias de las nuevas tecnologías tenían una dificultad objetiva para seguir desarrollándose. Necesitaban un mercado masivo de consumidores cautivos que superara la barrera de la falta de recursos propios para acceder a los dispositivos. Los grandes facilitadores serían los propios estados.

En 2005, se anunció el proyecto de “Una computadora por niño” (OLPC, de acuerdo a sus iniciales en inglés) en una cumbre en Túnez bajo el auspicio de Negroponte del MIT de Massachusetts. Se trataba de una campaña mundial y un fuerte lobby hacia los estados para vender masivamente dispositivos baratos (100 dólares cada uno, aunque ello no pudo sostenerse y estuvo atravesado por fuertes crisis con uno de los principales proveedores, la multinacional Intel que terminó retirándose del proyecto y vendiendo por fuera del OLPC de manera directa a los gobiernos). Las netbooks debían tener software libre (Ubuntu/GNU/Linux), aunque la “traducción” argentina fue un doble booteo (Ubuntu y Windows) en el Conectar Igualdad, y directamente Windows y todo el paquete Microsoft en el caso porteño del Plan Sarmiento. Un claro sometimiento tecnológico a las grandes corporaciones.

Los primeros países en impulsar estos programas basados en el 1 a 1 fueron Bolivia y Uruguay en 2006; en 2008, Perú, Venezuela y Colombia; en 2009, El Salvador, Nicaragua, Brasil y Chile; en 2010, Argentina, Paraguay y Ecuador; en 2012, Costa Rica; y en 2013, México (2).

En la Argentina, los primeros antecedentes se dieron a través de la Red Rionegrina de Educación Digital (Río Negro, 2005) y Todos los chicos en Red (San Luis, 2007), donde el primero privilegió el sistema de aula móvil digital -un módulo de recursos itinerante al interior de la escuela, que puede trasladarse al aula de clase cuando el docente lo requiere- y el segundo se propuso entregar computadoras de uso individual para todos los alumnos y los docentes del nivel primario. Otras provincias desarrollaron sus propios programas de integración de computadoras bajo el modelo 1 a 1, fundamentalmente destinados al nivel primario: el Programa Joaquín V. González (La Rioja, 2010), el Proyecto Conexión Total (Córdoba, 2010), el Plan Sarmiento (CABA, 2011) y la Política Pública de Educación Digital (Buenos Aires, 2011). Posteriormente, se incorporó a este conjunto de iniciativas jurisdiccionales la provincia de Misiones con el Programa de Alfabetización Digital “Gurí Digital”, un proyecto de modalidad mixta (aula digital móvil y computadoras portátiles de uso individual) orientado a escuelas de educación primaria. También se implementaron iniciativas de dotación de equipamiento TIC municipales tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias del país (3).

El Programa Conectar Igualdad lanzado en 2010 por la presidenta Cristina Fernández, contó con un plan de entrega de 3 millones de netbooks para estudiantes de nivel secundario de todo el país y de educación especial (y sus docentes). Teniendo en cuenta que el nivel medio del sistema educativo argentino de escuelas públicas abarca a un universo de alrededor de 2,5 millones de estudiantes, y que hasta 2015 fueron entregadas más de 5,3 millones de computadoras, puede decirse que el Programa Conectar Igualdad tendía a llegar a la totalidad de estudiantes en la entrega de dispositivos (y un porcentaje importante de sus docentes).

Por su parte, el gobierno macrista lanzó en 2011 el Plan Sarmiento, destinado a los estudiantes y docentes de las escuelas primarias públicas. Hasta su interrupción en 2016, se entregaron alrededor de 160.000 computadoras. Teniendo en cuenta un universo de 145.000 alumnos de nivel primario común (a lo que hay que agregar a los docentes), por diferentes motivos, nunca se llegó a cubrir el 100% de los destinatarios, pero fue también un plan de entrega masiva de dispositivos.

(Ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad de Buenos Aires garantizaron la entrega masiva de dispositivos para alumnos y docentes del nivel inicial. Y muy parcialmente lo hicieron para el nivel superior no universitario.)

Desmantelamiento del Conectar Igualdad y Plan Sarmiento: un ajuste que continúa

Cabe remarcar que la entrega de dispositivos colaboró en atenuar la “brecha digital” en su aspecto material: el acceso al dispositivo, al hardware. Existe una segunda “brecha” que tiene que ver con el acceso a internet, hoy considerada una necesidad básica para acceder a bienes culturales, recreativos y sociales. Y, más profundamente, hay otra “brecha” que apunta a los usos que cada niño, joven, adulto o familia les dan a los dispositivos; un uso más selectivo y formativo, o un uso más indiferenciado y pasivo frente a las tecnologías. Todo lo cual se suma a las “brechas” sociales preexistentes a lo largo y ancho del país.

En los años en que se sostuvieron el Programa Conectar Igualdad y el Plan Sarmiento, si bien se acompañó de otros recursos como aulas virtuales, proyectores, pizarras digitales, plataformas y propuestas virtuales, capacitaciones online, etc., hubo un desajuste entre el impacto de la entrega física de los dispositivos (en los estudiantes y sus familias y la dotación a escuelas) y el impacto al interior de las escuelas y las aulas y, más concretamente, en la planificación y las prácticas de enseñanza. Ambos programas no fueron acompañados de una política sistemática de capacitación para integrar las enseñanzas de manera equilibrada y virtuosa con las “nuevas tecnologías”. Pero queda claro que, en este contexto de suspensión de clases presenciales, el acceso de cada estudiante y docente a un dispositivo con acceso a internet es un requisito básico para desarrollar y sostener el vínculo pedagógico a la distancia y que debe ser garantizado por el Estado.

El desmantelamiento de ambos programas coincidió con el triunfo de Cambiemos a nivel nacional y la continuidad de gobiernos macristas en la ciudad (Larreta). Pero también con un cambio de enfoque respecto a las políticas de acceso a las tecnologías: sobre la base de un balance crítico de los programas de entrega masiva de dispositivos y su impacto educativo, se llegó a la “conclusión” de que la “brecha digital” estaba saldada o no era tan importante, y se pasó a un enfoque centrado en las instancias de aprendizaje mediadas por las nuevas tecnologías dentro de las aulas. Se recomendó discontinuar la entrega de dispositivos y reemplazarlo por aulas digitales móviles.

En la Ciudad de Buenos Aires desde 2017 se implementaron los módulos digitales, que consisten en “carritos” con tablets para uso en las aulas, en una relación de un módulo por grado. Para verlo en un ejemplo concreto, para una escuela primaria común de jornada simple de dos secciones por grado por cada turno, el “nuevo modelo” consiste en la entrega de un módulo para las dos secciones del turno mañana y turno tarde de un promedio de 25 tablets. Hacia la misma cantidad de alumnos, si se hubiera continuado la entrega de dispositivos para las mismas secciones de primer grado del ejemplo, deberían entregarse 100 dispositivos. Un ajuste de 75 cada 100.

Este enfoque no ha sido cuestionado de manera taxativa por parte del actual gobierno nacional, motivo por el cual las entregas de dispositivos que se están realizando son a cuentagotas y en el marco de la actual crisis del sistema educativo por las dificultades de la continuidad del aprendizaje con la suspensión de clases presenciales.

Es necesaria la restitución de las entregas masivas y universales

La entrega de una primera tanda de 3 millones de netbooks a estudiantes y docentes de nivel secundario en todo el país desde 2010 a través del Programa Conectar Igualdad, y que llegó a superar los 5,3 millones de dispositivos hacia 2015, supuso una inversión de 4.000 millones de pesos. Con el valor del dólar oficial a fines de 2010 (4 pesos = 1 dólar), el gasto estimado asciende a más de mil millones de dólares. Es esto lo que el gobierno debe invertir de forma urgente para relanzar una entrega masiva que tienda a la universalidad para garantizar en lo inmediato el acceso a una computadora, y avanzar en la conectividad gratuita para millones de estudiantes y sus docentes.

El anuncio de las 6500 computadoras de Nación a la Ciudad de Buenos Aires, y aún el anuncio del Plan Juana Manso de 350.000 dispositivos, está muy lejos de las necesidades reales de la comunidad educativa en el marco de la crisis actual. Recientemente, se ha anunciado la inversión de 38.000 millones de pesos para intensificar el aparato represivo en el conurbano bonaerense (Clarín, 5/9). A un dólar oficial de alrededor de $75, implica un gasto en represión de más 500 millones de dólares que deberían ser invertidos en soluciones para las infancias y juventudes. Queda claro que no es una cuestión “fiscal” sino de orientación política.

Esta orientación se verá reflejada en la Ley de Presupuesto 2021 que el Ejecutivo presentará ante el Congreso, en la que todo indica que buscarán reforzar una línea de ajustes presupuestarios para reducir el déficit fiscal y “reordenar” la economía en función del acuerdo con el FMI, lo que incluye salarios y jubilaciones a la baja y pérdida de puestos y derechos laborales.

Lo mismo vale para el gobierno de la Ciudad. El ajuste que viene desarrollando es de una dimensión enorme: salarios, despidos, comedores escolares, recursos pedagógicos, fondos para las cooperadoras, infraestructura, higiene y bioseguridad en los establecimientos escolares, etc.

Se hace precisa una fuerte campaña por la entrega inmediata de dispositivos y conectividad gratuita para estudiantes y docentes de todos los niveles, y el resto de los reclamos de la docencia, estudiantes y comunidades educativas.

La independencia política con respecto a ambos gobiernos por parte de las organizaciones sindicales y de las comunidades educativas es de vital importancia, ante un ministro de Educación nacional acusado de ser propietario de una empresa offshore radicada en Miami y una ministra porteña que no duda en exponer la salud y la vida de la comunidad educativa para profundizar sus políticas de ataques al sistema educativo.

Notas

(1) Adriana Puiggrós, “Balance del estado de la educación, en época de pandemia en América Latina: el caso de Argentina”, en Inés Dussel, Patricia Ferrante y Darío Pulfer (comp), Pensar la educación en tiempos de pandemia, UniPe Editorial Universitaria, 2020.

(2) Laura Golovanevsky, Alejandra García Vargas y María Rosa Chachagua, “Políticas de diseminación tecnológica y experiencias de acceso: desigualdad social y heterogeneidad educativa a la luz del Programa Conectar Igualdad. Una lectura desde el Noroeste Argentino”, en Políticas sociales y cuestión social en la Argentina del siglo XXI, Rebeca Cena comp., Estudios Sociológicos Editora, 2018.

(3) Resultados de la Encuesta Nacional sobre Integración de TIC en la Educación Básica Argentina, Unicef, 2015.

https://prensaobrera.com/educacion/presionan-apertura-de-escuelas-mientras-agudizan-el-ajuste-en-educacion/