La llegada del Ministro de Educación, Nicolás Trotta, a Chubut tuvo un único objetivo, defender la presencialidad en las escuelas en medio de un conflicto estatal que el gobierno nacional conoce en detalle. Sucede que la falta de un protocolo eficaz y consensuado con los trabajadores y la comunidad, de escuelas en condiciones y de un plan de vacunación efectivo para el personal se suman a los ya conocidos reclamos docentes (como la deuda salarial de casi tres meses) y la paritaria cero avalada por la Ctera en 2020.

A la salida, el Ministro Trotta fue abucheado por más de un centenar de docentes de la oposición y autoconvocados. Esta gira nacional del ministro es parte del plan de Fernández para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2021 en las provincias, con un presupuesto educativo nacional de ajuste (congelado en todo 2020 y con un 11% de aumento para 2021) y evidenciando la desinversión en la salud y la educación como políticas del gobierno y el FMI.

Los gobiernos, nacional y provincial, deben garantizar los recursos necesarios para las condiciones sanitarias mínimas, edilicias, con materiales de higiene, de transporte y de conectividad. El ministro declaró a posteriori que los problemas de conectividad y de continuidad pedagógica solo son a causa del desfinanciamiento del gobierno macrista, insistió en los cuidados individuales para poder superar “el desafío a la presencialidad cuidada” y que el gobierno nacional acompañará en las instancias de “diálogo y escucha” entre Chubut y los sindicatos docentes.

El “Protocolo Jurisdiccional de Retorno a Clases Presenciales” aprobado en diciembre 2020 ha sido discutido en mesa chica por la burocracia sindical, sin que sea puesto a consideración de las bases, lo que muestra la clara intención de no convocar a asambleas y colaborar así como garantía de regreso. El formato bimodal que plantea el protocolo no garantiza continuidad pedagógica para los estudiantes, la modalidad rotativa anula directamente el seguimiento para quienes no disponen de los recursos necesarios de conectividad o son pacientes de riesgo.

Lo único garantizado es aumentar la brecha en el acceso al derecho a la educación a costa de un desfinanciamiento explícito, priorizando el pago a la deuda (como los 3.000 millones de pesos cedidos del presupuesto educativo a Economía) o el ajuste ejecutado a través de la Resolución 168/20, dejando sin empleo a cientos de docentes en el marco de una pandemia y sin habilitarse actos públicos virtuales para la cobertura de la totalidad de cargos y horas cátedras. También el ajuste se sintió en infraestructura, sólo se arregló el 30% de las más de 300 escuelas que no cumplen con las condiciones de habitabilidad y seguridad.

Con esta predicativa, la responsabilidad está puesta en el cuidado individual de los trabajadores de la educación y no en un plan sistematizado. Ni siquiera esta garantizada la vacunación para el personal de las escuelas antes del comienzo de las clases.

La deuda salarial con los docentes (y estatales en general) se ha profundizado: la permanencia del pago escalonado, aún sin cronograma de pago del medio aguinaldo de julio (en cuotas), o el de diciembre completo es un elemento más en el avance del ajuste del sector. La inflación en 2020 licuó nuestro salario un 40%, por lo que debemos exigir una recomposición 2021 que supere ese número.

Arcioni cuenta con la connivencia de la burocracia sindical, aún nucleada en la Mesa de Unidad Sindical, y especialmente con el acompañamiento del Gobierno Nacional, que constantemente fue demostrando que Chubut debe someterse a la explotación minera (aunque gracias a las movilizaciones populares en la provincia no lo ha logrado). La deuda provincial, estando Chubut ubicada en el 4to lugar de las provincias más endeudadas del país con 700 millones, ha sido pagada en cada vencimiento y su reestructuración habilitado por la Legislatura, votada de común acuerdo por la oposición y el oficialismo.

La connivencia de la Celeste en Atech da continuidad a las vías legales, burocráticas-administrativa, como un medio de lucha en contra de un gobierno ajustador, pero sin hacer un llamado a la lucha y organizarla. La llegada de Trotta pone en evidencia la contradicción entre la presión de las bases en un conflicto salarial instalado desde hace tres años y, por otro lado, la supeditación política de la Celeste al Gobierno Nacional, con la expectativa puesta en que se ejecute la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) para resolver la deuda salarial.

Perata recorrió edificios escolares pero sin mencionar que las partidas de limpieza con aumento de presupuesto por Covid aún no han sido informadas oficialmente. Aún con este panorama, la dirigencia Celeste convoca arbitrariamente a la retención de servicios en Comarca (que tiene régimen especial), sin convocar a asambleas generales para discutir un plan de lucha. Es decir, dan inicio así a una lucha tibia tirando a fría, con medidas aisladas y sin discusión de trabajadores.

La orientación

Sin salario al día, sin recomposición salarial 2020, sin una convocatoria a la paritaria 2021, a falta de un protocolo real a implementar en escuelas en malas condiciones por falta del mantenimiento (más de 300 en toda la provincia), no hay forma de dar un inicio presencial en 2021. Impulsemos comités de higiene y seguridad en todas las escuelas que releven y exijan las condiciones necesarias.

¡No al pago de la deuda usurera e ilegítima! Debemos romper con la tregua establecida por las burocracias sindicales, que garantizan los recortes a nuestras condiciones laborales y de vida. ¡Basta de la entrega sostenida a lo largo de años por parte de la Celeste! Vamos por un protocolo votado por los trabajadores.

Está claro que necesitamos la convocatoria al Tercer Plenario Provincial de Delegados, votado en 2019 y negado por la conducción actualmente prorrogada, para poder votar un plan de lucha que supere a la contención de la burocracia y con mandato de base.

Participá del Congreso Nacional de Tribuna Docente anotándote en el formulario y discutamos juntos un plan de lucha a nivel nacional.