Este lunes 11 venció el plazo para que la provincia de Córdoba realice el pago de un cupón de intereses de 25 millones de dólares, al mismo tiempo es rechazada por los acreedores la propuesta de reestructuración de tres bonos emitidos por la provincia por 1.685 millones de dólares. Con este resultado, la provincia entra en default técnico y se suma a las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Chaco y Entre Ríos, en igual situación.

El hecho ha desatado nuevamente las alarmas del Ejecutivo nacional, desde donde temen un efecto dominó en el conjunto de las provincias que afrontan compromisos de deuda impagables, más aún en tiempos de pandemia. El caso más drástico es el de la provincia de Entre Ríos, donde tras incumplir el pago de un vencimiento el 8 agosto los bonistas procedieron a interponer una demanda ante los tribunales de Nueva York.

Ahora, el ministro Martín Guzmán citó a los ministros de finanzas de las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Chaco, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Jujuy, para discutir la situación de las jurisdicciones más críticas.

Una crisis que escala

Las negociaciones del gobernador Juan Schiaretti no fracasaron por poco generosas –el 1° de enero se presentó una quinta propuesta aumentando las tasas de interés, modificando las amortizaciones y otorgando nuevas contraprestaciones- sino por las condiciones leoninas que los acreedores pretenden imponer. De parte de estos señalan que el no pago habría sido precipitado por el gobernador como “estrategia” para negociar a la baja.

De ser así sería una medida más que riesgosa. Resulta que parte de los acreedores de la deuda cordobesa son los mismos bonistas que llevaron a los tribunales neoyorkinos a la provincia de Entre Ríos. Córdoba tiene por delante un vencimiento importante en junio de este año, cuando vence el bono PDCAR21 por unos 720 millones de dólares.

Pero resulta que si hay una provincia que pone de manifiesto las dimensiones de esta crisis esa es la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof fracasó en su undécima propuesta de reestructuración, arrastrando un default técnico crónico, cuyo nuevo plazo para negociar vence el próximo 29 de enero. Se trata de una negociación por 23 bonos que totalizan unos 7.150 millones de dólares.

Buenos Aires y Córdoba concentran más del 70% del conjunto de las deudas provinciales que se están negociando. En misma situación se encuentran La Rioja y Chaco, por alrededor de 250 millones de dólares cada una, y la mencionada Entre Ríos. En puertas a la cesación de pagos aparecen Salta, Tierra del Fuego y Jujuy.

El pan y la torta

La política de reestructurar y emitir deuda “atractiva” para el mercado financiero funciona como boomerang. Resulta que la mayoría de estos bonos se encuentran dolarizados y sometidos a legislación y jurisdicción internacional. De allí que la persistente devaluación haga estragos en las golpeadas economía provinciales, cuyos endebles recursos incluso se han visto reducidos por efecto de la pandemia.

La capacidad de rescate del gobierno nacional también se encuentra subordinada la crisis económica. El gobierno no cuenta con los dólares necesarios para asistir a las provincias y en el medio se ha embarcado en una disputa con el agro para que estos liquiden las exportaciones e ingresen las divisas, en medio de un crecimiento de los precios internacionales de los granos.

La crisis de deuda de las provincias condiciona las negociaciones con el FMI, así como los bonistas esperan que estas últimas sean el punto de partida de futuras y nuevas concesiones de las provincias.

El modelo de acuerdo por el cual se han definido los acreedores privados es el alcanzado por Mendoza, Chubut, Neuquén y Río Negro, donde además de anclarse en moneda extranjera, de seleccionar los tribunales para litigar (llegado el caso), de asumir tasas de entre un 11 y 14% y de ampliar la suma total adeudada, han exigido como garantía distintos activos provinciales e incluso regalías petroleras. En otras como Salta se negocian garantías sobre regalías mineras.

La mayoría de las provincias, al igual que el gobierno nacional, han comenzado colocando a sus respectivos presupuestos como la garantía número ante los especuladores financieros. Allí se inscriben la reformas y ataques contra las cajas jubilatorias, las paritarias estatales y docentes de hambre en las provincias, el vaciamiento sanitario, la desinversión pública y la ausencia de oda política de obras, habitacional o de inversión que represente al menos un derecho popular insatisfecho.

El gobierno nacional y los gobernados son socios de los bonistas en el saqueo de los recursos nacionales y la fuga de capitales. Es necesario romper con el FMI y con estos gobiernos entreguistas, desconocer el conjunto de las deudas usureras y proceder a la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control obrero.