Educación
14/8/2024
NEUQUÉN
¿Por qué había directivos, docentes, auxiliares y estudiantes el día que explotó la escuela de Aguada San Roque?
La responsabilidad del gobierno nequino.
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Justicia.
En el marco del primer día de paro de Aten de 72 horas, se inició el lunes 12 el juicio por la explosión de la escuela de Aguada San Roque que causó la muerte de tres trabajadores, una docente y dos operarios de la empresa que desarrollaban sus tareas.
Llegan a juicio algunos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y responsables de la empresa contratista de las obras.
Pero han sido liberados de toda imputación los responsables directos de que hubiera personal de la escuela ese día trabajando: la hoy fallecida y ministra de Educación en aquel momento, Cristina Storioni, y varios funcionarios del Consejo de Educación.
La ministra en primer lugar fue responsable porque, como vamos a demostrar en este artículo, forzó la presencia del personal en la escuela, y no sólo en esa, sino en muchas más.
El regreso a una presencialidad forzada
Durante el largo período de la pandemia en que no había presencialidad en el dictado de clases, el gobierno abandonó abiertamente toda tarea de mantenimiento u obras de infraestructura en las escuelas.
Y no porque le interesaba cuidar la salud de los obreros de la construcción o el personal de mantenimiento, aprovechó para “ahorrar” fondos del presupuesto educativo para derivarlos a otros objetivos como las subvenciones a sectores empresarios bajo el pretexto de la pandemia.
Además, apenas unas semanas después del inicio del aislamiento obligatorio, el gobierno autorizó las tareas en las obras públicas; así que el abandono de toda tarea de obra o mantenimiento no fue otra cosa que recortar fondos a la educación pública.
En el caso particular de la Escuela N º 144 de Aguada San Roque, las obras se presupuestaron con fondos en el año 2019 ($6.460.000), año 2020 ($16.609.133) y quedaron presupuestados para el año 2021 ($6.958.700). De modo que al 29 de junio, cuando se produjo la explosión, las obras debían estar terminadas. Sin embargo la escuela estaba aún en obra ese día.
La presencia del equipo directivo, docentes, auxiliares y estudiantes en la escuela se debió al apriete que desde el Ministerio de Educación se hizo sobre las y los docentes para el regreso a la presencialidad. La ministra de aquel momento, tal como lo informa el Boletín de Prensa del gobierno, emitió la Resolución 470/21 por la cual, a partir del 28 de junio del 2021 se “dispuso el regreso a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”.
Y advirtió la ministra que “la norma será de cumplimiento obligatorio a partir de la comunicación a los niveles y modalidades del CPE”. Y aclaró que “es posible que no todos estén de acuerdo…pero se debe acatar”.
Al día siguiente del regreso a la presencialidad, se produjo la explosión y el triple crimen laboral de Aguada San Roque.
No había vacunas que protegieran a trabajadoras/es de la educación, estudiantes y obreros de la empresa de la prepotencia y corrupción de funcionarios y empresarios.
Una política criminal
La urgencia del gobierno provincial y de la ministra de Educación tiene aún un origen más siniestro que la trama de corrupción en la obra pública.
En enero del año 2021, la ministra convocó a una reunión por zoom a la organización “padres organizados” (un eufemismo del punterismo patronal que desarrolla una tarea de estigmatización hacia la docencia, la mayoría de sus integrantes son empresarios, funcionarios, alguna directora de un colegio privado, etc.). En realidad, y como expresión de su funcionalidad al gobierno, en esa reunión virtual había el doble de funcionarios del área educativa en comparación con los padres.
En esa reunión la ministra les aseguró a quienes presionaban por la apertura de las escuelas (con el único objetivo de tener una guardería gratuita, porque la educación no les importa en nada) que el objetivo de la agenda de la cartera educación de ese año sería “la presencialidad”.
Seis meses más tarde, con la explosión de Aguada San Roque, la santa alianza entre gobierno y organizaciones antieducación pública mostraría su cara más nefasta.
Y, efectivamente, la ministra tuvo ese objetivo, pero sin importarle las condiciones en que se tuviera que dar: fue prioridad dar respuesta a los reclamos de los liberfachos del 2021.
Junio fue el mes en que el Consejo Provincial de Educación emite tres Resoluciones para imponer el objetivo prometido por la ministra a los “padres organizados”.
El 11 de junio se firma la Resolución 440/21, con la que se aprobó un “Plan de Presencialidad Administrada para el establecimiento de clases presenciales”.
En esta resolución se indica que “los establecimientos educativos en que se mantenga suspensión de las clases presenciales deberán permanecer abiertos con el personal directivo, docente y no docente necesario” (artículo 4º). Entre las tareas que el personal debía garantizar están “los trabajos de mantenimientos y/o obras de infraestructura escolar”.
Y en su anexo único se detallan las escuelas en que “a partir del 14 de junio se restablece el dictado de clases y demás actividades presenciales”.
Por supuesto, en el listado figura la Escuela Nº 144 de Aguada San Roque. La de la explosión. El 22 de junio de ese año, el CPE emitió la Resolución 461/21 por la cual se reafirma lo establecido en la Resolución Nº 440/21 e incorpora al regreso a la presencialidad a nueve localidades donde la pandemia hacía estragos aún (Capital, Plottier, Centenario, Cutral Co, Zapala, Chos Malal, etc.)
Finalmente, el 25 de junio el CPE emite la tercera Resolución donde se “dispone el regreso a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”.
En tan solo dos semanas, la imposición del regreso a la presencialidad abarcó al 80% de las escuelas de la provincia Sin que hubiera, según los datos estadísticos de Salud, un reflujo de la pandemia para tal aceleración de los tiempos del regreso a la presencialidad. Solo había la exigencia de los punteros disfrazados de padres preocupados por la educación. La docencia y ATEN se oponían al criterio de la ministra. ¡Y con fundamentos!
El comunicado del Ministerio de Salud del 1 de junio de 2021 informó que las UTI (Unidades de Terapia Intensiva) estaban ocupadas al 100% y que ese día fallecieron 25 personas por Covid.
El 23 de junio, el informe oficial decía que hubo 10 personas fallecidas por Covid y que las UTI seguían ocupadas al 100%.
El mismo día de la explosión había 8 personas contagiadas en Aguada San Roque, un paraje con una población que en el año 2021 no superaba las 200 personas.
Es decir, no había lugar en las UTI y seguían muriendo personas por Covid, pero para la ministra y el oficialismo en el CPE había condiciones del regreso a la presencialidad en las escuelas.
Ni la ministra, ni los funcionarios del gobierno en el CPE que impusieron ese regreso fatal han sido imputados en la causa que se ventila en estos días.
Pero queda claro que los estudiantes o trabajadoras/es estuvieron en la escuela ese día por imposición y obligación impuesta de las autoridades de educación y del gobierno provincial.
Era conducente
Ocurrida la tragedia y tras el fallecimiento de la docente, el 12 de julio se realizó una gran movilización de la docencia y un acto frente a Casa de Gobierno donde se reclamó justicia por los fallecidos y la renuncia de la ministra.
En ese acto, el secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, ante el pedido generalizado de renuncia de Storioni, dijo aquella frase que mereció el repudio general: “es inconducente pedir su renuncia” (ver artículo en Prensa Obrera del 13/7/2021).
La ministra nunca estuvo imputada. Luego, los jueces eximieron de la causa a los funcionarios de educación involucrados hasta la médula en la imposición del regreso a la presencialidad y que firmaron esas resoluciones que obligaron a los estudiantes, equipos directivos, auxiliares y a los docentes a estar en las escuelas. Para la docente Mónica Jara, que había tomado una suplencia en esa escuela, fue su primer y último día de clases.
Si, Guagliardo, era muy conducente pedir la renuncia de la ministra Storioni. El largo camino recorrido de asociación y consenso entre su agrupación (el TEP-Celeste) y la ministra primó por sobre el pedido de justicia.
Una parte del desmembramiento que hoy sufre esa conducción provincial, bien puede decirse que se aceleró desde entonces.
La pretendemos completar cuando el año que viene, con el frente único de lucha de la oposición en Aten, recuperemos el sindicato para terminar con direcciones sindicales sin independencia política de la patronal.
Exigimos justicia.
