Mientras miles de prestadores en Discapacidad y el colectivo en su conjunto se levantan en todo el país contra el ajuste del gobierno nacional (en defensa del salario, la continuidad de las prestaciones y en rechazo a la descentralización de las prestaciones educativas, los alimentos y el transporte), las políticas que pregonan la “Inclusión escolar” sacuden a las escuelas de todos los niveles.

A nivel nacional, esta supuesta “Inclusión” se lleva adelante con un crecimiento exponencial de la precarización en los acompañamientos y un sinfín de persecuciones y denuncias a todo docente o institución que reclame la ampliación de la planta orgánica funcional de las escuelas, con equipos de trabajo técnico y docentes de educación especial para pensar y sostener las trayectorias, formación específica para abordar las complejidades del desarrollo humano y/o disposición de materiales didáctico-pedagógicos.

Por eso, no hay un Estado ausente en un caso y un Estado pensando en la inclusión y por lo tanto, presente, en el otro. Es el mismo Estado, son los mismos gobiernos: los que aplican el ajuste sobre las prestaciones básicas de las personas con discapacidad en una ventanilla y los que han tomado demagógicamente un reclamo muy sentido y sensible que levantan históricamente las personas con discapacidades, sus familias y docentes, como es la exigencia del derecho a la educación inclusiva, en la otra ventanilla. Por eso, al mismo tiempo que se aplica el ajuste en salud, se aplica también en educación.

Las urgentes secuelas que la crisis socio económica impone al desarrollo humano en todas sus dimensiones: psíquica, mental, comunicacional, motriz, nutricional y/o afectiva, estalla en las escuelas y los gobiernos pretenden por toda respuesta y solución, el uso de un mismo espacio físico, hacinando estudiantes, sin resolver los problemas de fondo, pero tampoco, colocando al servicio de las necesidades los recursos pertinentes.

Pretenden convencer de que la inclusión escolar se reduce al usufructo común de un espacio físico, y que la tarea docente puede ser pensada como una intervención grupal (de 25 pibes o más) e individual, al mismo tiempo, dando respuestas unísonas y solitarias a las necesidades de estudiantes con barreras en la comunicación y el lenguaje, en el desarrollo motriz, en los recursos cognitivos para hacer frente a las propuestas, y a las problemáticas más profundas de la realidad socioeconómica que atraviesa la comunidad educativa.

Apoyándose en declaraciones e iniciativas que provienen de organismos financieros internacionales, la OEA y gobiernos imperialistas, que contienen discursos “progres”, las llamadas “políticas de Inclusión” se desenvuelven al servicio del recorte educativo y de los derechos elementales de las personas con discapacidades, especialmente. Los principales responsables de este desfalco en nuestro país tienen el sello del peronismo y específicamente el kirchnerismo, y las centrales sindicales que ofician de unidad básica (léase Ley Nacional de Educación y Resoluciones del CF). Pero su “paradigma de Inclusión Plena” en ningún caso ha planteado una real superación de la escuela especial que permita brindar a cada estudiante lo que necesita atendiendo a ritmos, modos de aprendizaje e intereses, si no que se lleva adelante a través de un profundo vaciamiento y ataque a la docencia.

Postulan para esto que la responsabilidad de la “exclusión” se explica en las “prácticas pedagógicas estigmatizantes” y atacan la existencia o solicitudes de diagnósticos, cuando es posible a partir de estos, en realidad, detectar las barreras específicas al aprendizaje y la interacción social para luego acceder a tratamientos y/o a modificaciones en el ambiente que habiliten la participación (que siempre debe ser con recursos extras) de acompañantes, espacios específicos, micros, y demás, por no hablar del acceso, para estudiantes y familias, a la magra pensión por discapacidad que, según sus propias leyes, impone como condición la presentación de un certificado único de discapacidad, que sale solamente si hay diagnóstico.

Todo esto es lo que explica también que en CABA, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña se haya adjudicado el derecho a expropiar a la comunidad sorda de su edificio histórico, el Palacio Ceci y que hayan expulsado de un día para otro a jóvenes y adultos desde los 22 años, de las escuelas de formación integral, sin oferta alguna y sin ningún prurito, basándose en Resoluciones del CF del K Alberto Sileoni. Y es lo que explica, además, que la burocracia sindical de UTE ponga cara de susto, en estos puntos, ante el cuco de Larreta, pero se queden todos sentaditos en sus sillones y cantando la marcha peronista, sin llamar a un solo plenario o asamblea de la modalidad para enfrentar este ataque a la Educación Especial, que hoy ya afecta a todos los niveles educativos.

Sumemos en cada escuela el apoyo a lxs prestadores, las personas con discapacidades y sus familias plegando también la denuncia de esta falsa inclusión y exigiendo todos los recursos necesarios.

Creación del cargo de Maestrx de Apoyo a la Inclusión

Pase a planta bajo estatuto de lxs APND [acompañantes personales no docentes]

Creación de escuelas especiales

Creación de equipos técnicos en las escuelas de los niveles

Creación de cargos de ACDM [asistentes celadores de discapacitados motores]

Retorno de estudiantes mayores de 22 años a sus escuelas

#ElPalacioCeciNoSeToca

#No al Ajuste en Discapacidad

https://prensaobrera.com/educacion/des-conectar-igualdad-informe-especial-sobre-el-ajuste-de-massa-en-educacion