No hubo un solo gesto de parte de los gobiernos nacional y provincial por generar las condiciones mínimas para la “normalización” de las clases presenciales cuidando la salud. Tanto el ministro Trotta, como el gobernador Gustavo Sáenz, junto a la burocracia sindical, están dispuestos a ir a fondo con el ajuste en educación.

El presupuesto 2021 de Sáenz solo contempla un 14 % de aumento salarial, con una inflación mentirosa por ellos calculada en 29%, y cuando el Banco Central prevé que llegará a un 50 %. También congeló los nombramientos, cuando hay un faltante de 2300 cargos docentes y no docentes esenciales para el funcionamiento de las escuelas. Rechazando este presupuesto de ajuste, es que los docentes autoconvocados, nos movilizamos a la legislatura el pasado 15 de diciembre.

Por el lado de los funcionarios, aseveran que se iniciarán las clases sin ningún condicionamiento y se completarán los 180 días. Es claro que se refieren a la lucha de los trabajadores como el único “condicionamiento”, que fue durante los últimos años de gobiernos de distintos colores políticos, la que impuso mejoras salariales y mayor presupuesto para educación. Mientras, las burocracias sindicales cacarean con rechazar las imposiciones de los gobiernos sin realizar en las últimas décadas una sola asamblea para organizar a la docencia y discutir con el gobierno con mandato de bases.

Mucho menos lo puede hacer ADP, que no respondió al pedido de asamblea extraordinaria de afiliados para que rindan cuentas ante las imputaciones de la justicia por estafa y administración fraudulenta a la comisión directiva. Párrafo aparte merece el cuerpo de delegados autoconvocados que “persiguieron” al ministro Trotta para hacer entrega de una carpeta donde denuncian las pésimas condiciones de las escuelas y la falta de atención por parte del ministro de educación de Salta, Matías Cánepa.

Es un cuerpo de delegados autoconvocados que se negó a convocar a asamblea virtual que unifique a la docencia durante la pandemia a pesar de los graves problemas que se padecieron. Es lamentable que delegados autoconvocados consideren que Trotta desconoce los problemas reales de la escuela pública y más grave aún es que pasen por alto la paritaria nacional cero que firmó el ministro con CTERA (Alesso-Baradel), consistente en la prórroga de las 4 cuotas de montos en negro de $1.200 por cargo y un salario mínimo vital y móvil en 27 mil pesos, por debajo de la línea de indigencia.

Desde Tribuna Docente llamamos a la docencia a no depositar ningún tipo de expectativa en el gobierno nacional (ni provincial), ya que sus promesas de inversión para arreglo de escuelas, mejoras salariales, designación de maestros recuperadores, distribución de dispositivos, acceso universal a internet para garantizar el derecho a la educación y la salud son letra muerta, totalmente insuficientes y tardías. El único objetivo de su gira por el noroeste de Argentina es disciplinar a todos los gobernadores para llevar a fondo el presupuesto impuesto por el FMI.

La frase más recurrente del ministro Trotta fue “la desigualdad social en Argentina y sobre todo en Salta ha repercutido en la educación”, pero no tiene ninguna propuesta seria que ataque la desocupación, el trabajo no registrado, el hambre y la vergonzosa estadística de que 7 de cada 10 niños están debajo de la línea de la pobreza, no tienen las condiciones mínimas para estudiar (declaraciones del ministro en El Tribuno, 12/1).

¿Desconoce que su gobierno dejó pasar miles de despidos, suspensiones y eliminación de IFE? El 18 de enero, en la segunda ola de contagios en curso, se inician las clases presenciales en las escuelas de régimen de verano. La mayoría funciona con sistema de albergue y en zonas rurales, por lo que corresponde que se pongan en pie Comités de Salubridad, Seguridad e Higiene electos, compuesto por padres y docentes que garanticen la seguridad a la comunidad educativa.

Como todos los años, en el mes de febrero, Tribuna Docente convoca a su congreso, en este caso al XIII Congreso Nacional. Invitamos al activismo y la docencia en general para debatir acciones que enfrenten este ajuste en plena emergencia sanitaria, en defensa de la escuela pública y la lucha por la independencia política de los trabajadores de la educación.